Tráfico de influencias, concusión y enriquecimiento privado no justificado serían los delitos que habría cometido la red de corrupción enquistada en el Municipio Metropolitano de Quito.

El anuncio lo hizo el fiscal provincial de Pichincha, Fabián Salazar, al subrayar que hay elementos suficientes para presumir la concurrencia de estos delitos, por parte de la “estructura delictiva” que habría provocado un perjuicio de $ 80 millones.

Sin embargo, hasta el momento, solamente por presunta asociación ilícita la Fiscalía formuló cargos y la jueza María Montalvo dispuso, el pasado viernes, el inicio de la instrucción fiscal y el uso de dispositivos electrónicos a los 8 investigados: Eddy S., Sergio G., Fausto M., Rubén L., Xavier V., Segundo S., Mónica G. y Andrea F.

Además, la prohibición de salida del país, presentación cada 15 días ante la autoridad competente, prohibición de enajenar bienes inmuebles, así como la retención de valores  que tengan en el sistema financiero nacional.

Según el Código Orgánico Integral Penal (COIP), si es   comprobada la responsabilidad penal de los procesados  la condena podría ser: asociación ilícita de 3 a 5 años de privación de la libertad, concusión de 3 a 5 años  y enriquecimiento privado no justificado de 7 a 10 años.

De acuerdo a las primeras indagaciones fiscales que iniciaron en enero, la red de corrupción exigía supuestas coimas a transportistas a cambio de agilizar trámites y beneficios dentro del proceso de adjudicación de permisos de operación de buses y taxis.

Transportistas urbanos habrían pagado $ 500 para asegurar estar entre los beneficiarios de los $ 3.000  trimestrales que el Municipio entrega de compensación para evitar el incremento de tarifas. A su vez taxistas habrían pagado entre $ 5.000 y $ 8.000 por la regulación de sus unidades.

El alcalde de la ciudad, Mauricio Rodas, ratificó el apoyo a la Fiscalía y órganos de justicia para que se esclarezca el caso, porque “somos los primeros interesados en que se llegue a la verdad”.

Agregó que los funcionarios municipales investigados en este caso renunciaron. (I)