Tres funciones del Estado alistan acciones contra el femicidio
En medio de la sorpresa, el susto y el temor de las personas que viajaban en un bus de transporte público que circulaba por la avenida La Esperanza, del cantón El Carmen, provincia de Manabí, cayó María Ch., asesinada por su exconviviente.
Eran cerca de las 08:00 del jueves pasado cuando la mujer de 34 años de edad discutía con su expareja en la calle y de pronto el hombre sacó un arma blanca y la agredió. Pese a las heridas, María intentó huir y se subió al bus, pero el agresor la siguió y en el interior de la unidad continuó propinándole puñaladas hasta que cayó muerta.
Este caso se suma a la lista de femicidios que se producen en el Ecuador y que, según la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, en lo que va del año suman 80. En 2016 se reportaron 118 de estos casos. De los 80 femicidios de 2017, 42 se han registrado en la Costa; 33 en la Sierra, y 5 en la Amazonía, siendo Guayas, con 19, la provincia que más ha reportado este tipo de delitos, seguida de Pichincha, con 15, y Manabí, con 9. Pese a que los datos no coinciden con los de otras instancias, como es el caso de la organización Vivas nos queremos y la Dinased, que tienen registrados 68 crímenes de femicidio desde el 1 de enero hasta la fecha, las autoridades de las funciones Ejecutiva, Legislativa y Judicial están preocupadas por el incremento de la cifra y preparan acciones.
Poderes del Estado actúan
A nivel Ejecutivo, la ministra de Justicia, Rosana Alvarado, reveló que se alista la estrategia nacional para reducir el índice de femicidios, que incluiría la reactivación de la campaña ‘Reacciona Ecuador’, un trabajo que previene la violencia contra la mujer coordinando labores con los equipos de profesionales de las casas y centros de acogida, identificando e interviniendo en casos emblemáticos y declarando a esta lucha como política de Estado.
No quiso hablar de plazos ni de fechas, pero aseguró que será pronto y reveló que existe la voluntad política desde la Presidencia de la República para eliminar la violencia. A su vez en el Legislativo el denominado Grupo Parlamentario por los Derechos de la Mujeres expresó su “profundo rechazo” y preocupación ante el aumento de casos de femicidio ocurridos en el país. Este colectivo animará tres retos fundamentales, según uno de sus integrantes, Pabel Muñoz. Uno de ellos tiene que ver con la revisión del Código Orgánico Integral Penal (COIP) para, por un lado, analizar las medidas para fortalecer los mecanismos de prevención y los de sanción y, por otro, incorporar la discusión del concepto de femicidio, que, explicó, es cuando “pudiera haber detrás alguna acción de responsabilidad del Estado”. Muñoz expresó que otra de las temáticas que impulsarán es la relacionada a una ley que combata y erradique todas las formas de violencia contra las mujeres.
A su vez Néstor Arbito, vocal del Consejo de la Judicatura (CJ), indicó que el primer avance que se ha dado en el país se dio con la vigencia del nuevo Código Orgánico Integral Penal, donde se incluyó la figura del femicidio como delito y con ello se visualizó el problema.
“Estamos frente al espejo, es un tema 100% cultural, es un tema de sociedad, de superar el dimensionamiento machista”, manifestó. (I)
