“Trataremos de judicializar 137 casos que hemos indagado”

Para hoy la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional tiene previsto recibir el informe del Fiscal General y de los titulares de los ministerios de Justicia y Cultura, así como del Director del Registro Civil sobre la aplicación de la Ley para la reparación de las víctimas y judicialización de violaciones a los derechos humanos.

La comparecencia fue solicitada por la presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, para que los funcionarios expliquen cómo han iniciado el proceso de reparación integral a las víctimas dispuesto en la normativa.

La ley promulgada en diciembre de 2013 se emitió para garantizar que los 456 casos de víctimas documentadas por la Comisión de la Verdad, instaurada por el Ejecutivo en 2010 para investigar las violaciones a los derechos humanos entre 1984 y 2008, sean reparadas por los organismos del Estado correspondientes, lo cual incluye reivindicaciones materiales e inmateriales.

Galo Chiriboga se refirió a esta ley al señalar que la Fiscalía está impulsando la investigación de los 456 casos de violaciones de derechos humanos para llevarlos a instancias judiciales. “Logramos una sentencia en contra de policías que ejecutaron extrajudicialmente a varias personas durante un operativo al interior de una farmacia del norte de Guayaquil en 2003”.

Además, indicó que en otros casos, como el de José LuisLema, se logró una sentencia condenatoria; así también llegó a la etapa de juicio el primer caso por delitos de lesa humanidad, instaurado en contra de 9 exoficiales del Ejército y un exoficial de Policía que, supuestamente, cometieron torturas, violencia sexual y desaparición forzada en contra de Susana Cajas, Luis Vaca yJavier Jarrín en 1984.

¿Por qué, a pesar de que ya se han judicializado los primeros casos de la Comisión de la Verdad,  existe la percepción de que se avanza muy lento?

Debemos entender que hay un punto de partida que es el año en que asumo la Fiscalía; anterior a nuestra administración no se hizo mucho, por lo cual no puedo responder; pero sí puedo decir que desde que asumimos la  responsabilidad, hemos dado la prioridad e importancia a estos casos. Voy a cumplir 3 años en la entidad y conseguimos sentencias que en años anteriores no se obtuvieron, además los casos tienen sus complejidades y el fiscal no por caminar más rápido va a poner en riesgo la seguridad jurídica de estas causas.

¿Los procesos garantizan la protección de las víctimas?

Estamos al lado de las víctimas, nuestra responsabilidad es  protegerlas y esto no significa que se pierda imparcialidad de modo alguno; los acusados tienen el derecho al debido proceso, pero la Fiscalía tiene que responder ante las víctimas de estas violaciones. Llevamos adelante las investigaciones con sustento jurídico para que al final los jueces puedan establecer que sobre la teoría que hemos llevado ante los magistrados se cumple, por tanto hay posibilidades de emitir sanciones.

La Ley de Víctimas posibilita que puedan presentar acusación particular. ¿Excluye esto a la Fiscalía?

Toda víctima tiene ese derecho, eso no contradice la capacidad exclusiva de la Fiscalía para investigar los delitos de acción pública en el país.

De hecho hay acusadores particulares en los casos que me he referido, los acusadores han tomado contacto con la Fiscalía, miran las pruebas. Aclaro que no limitamos el derecho que tienen las víctimas de que en un momento determinado si no confían en el trabajo que realizan los fiscales, puedan impulsar sus casos, lo que pasa es que las pruebas, los indicios solo los puede tener por razones legales la Fiscalía.

¿Qué es lo más difícil al investigar este tipo de casos?

En su mayoría, obtener información de los organismos de seguridad del Estado; pero por fortuna la posición del Presidente de la República frente a estos hechos ha sido de amplia cooperación, es más, el presidente Correa creó la Comisión de la Verdad, por lo tanto es un hecho político y jurídico que la Fiscalía lo reconoce.

Lo importante es que hoy tenemos casos de graves violaciones a los derechos humanos que jamás  fueron investigados y permanecieron en archivos, mientras que ahora algunos de ellos ya tienen sentencias.

¿Cuántos otros casos de la Comisión de la Verdad se van a judicializar?

Tenemos 137 que están en investigación, vamos a tratar de avanzar con celeridad, depende de muchos factores que retardan, no por voluntad de la Fiscalía, sino por la naturaleza misma de los hechos que se investigan. Aspiramos a que este año podamos llevar algunos casos más a las cortes, no podríamos determinar cuántos, pero sí haremos el esfuerzo.

¿Existe la idea de efectuar megaaudiencias para avanzar más rápido con los casos de violación a los derechos humanos?

Se ha hecho una discusión técnica, tenemos que demostrar que existe una conectividad entre las diferentes causas. Las megaaudiencias son una solución, pero tienen prerrequisitos jurídicos que deben ser claramente observados y comprobados por la Fiscalía, en el evento que el presupuesto jurídico dé la viabilidad para una megaaudiencia  lo podremos hacer, pero no olvidemos que en Ecuador existen leyes, procedimientos muy rígidos, normas constitucionales precisas que la Fiscalía tiene la obligación de respetar.

¿Qué más ha hecho la Fiscalía para viabilizar la reparación integral de las víctimas?

Además de impulsar los casos de la Comisión  de la Verdad, la Fiscalía consideró, como una forma de reparar a las víctimas, organizar otro tipo de actos como lo sucedido con las familias de las víctimas del caso ‘González y otros’, se realizó una obra de teatro que informaba a los jóvenes sobre la importancia del respeto a los derechos humanos, acto al que acudieron aproximadamente 500 jóvenes de los colegios en los que los hijos de las víctimas están estudiando.

Posteriormente, a esta actividad colocamos una placa en el edificio de la Fiscalía de la provincia del Guayas con los nombres de estas personas que fueron ejecutadas.

También, se elaboró un mural gigante que está en la pared principal del edificio de la Fiscalía  en Quito, en donde rescatamos,  para la memoria histórica de los ecuatorianos, los problemas de violaciones de derechos humanos que afrontó la nación en un período determinado.

La esencia de todo es que los casos sean juzgados y no queden en la impunidad, además de que los derechos de quien sufrió estas violaciones sean reparados.