El Consejo de la Judicatura (CJ) aplica la tecnología para impartir justicia. Ahora apunta a la firma electrónica y próximamente, al expediente web.

Incluso ya hay una cuenta digital para los usuarios que deseen adquirir la firma electrónica, sobre todo los abogados que emiten sus escritos en casos judiciales.

La presidenta del CJ, María del Carmen Maldonado, dice que cuenta con el Colegio de Abogados para implementar el sistema, que tendrá gran acogida, porque la necesidad tecnológica no solo es del Estado, sino de todos.

La firma electrónica es el equivalente de la manuscrita. Con esta queda registrada la responsabilidad de un individuo como autor y remitente de un documento digital.

Este mecanismo tendrá igual validez que una firma manuscrita y se le reconocerán los mismos efectos jurídicos. Será admitida como prueba en juicio.

Con este beneficio se ahorra tiempo y dinero, según la Judicatura, que está autorizada a emitir esta herramienta tecnológica.

Para la obtención del certificado de firma electrónica debe tener el aplicativo del sistema de justicia. Tiene una  vigencia de dos años; además, es personal e intransferible,

La obtención de este beneficio electrónico tiene un valor de $ 47 más IVA.

Garantiza autenticidad, integridad, no repudio y confidencialidad, según el CJ.

Sin embargo, el Colegio de Abogados de Guayas, presidido por Jimmy Salazar –esposo de Pamela Martínez, sentenciada en el caso Sobornos–, considera que el uso de este sistema para la presentación de escritos no cuenta con el marco legal oportuno y necesario que permita su desarrollo en el país.

Además, el alto costo sería un factor limitante para los abogados, así como la falta de capacitación en el manejo e implementación.

Los abogados que ya tienen registrada su firma no tendrán que volver a pagar.

El abogado Ricardo Vanegas planteó una acción de protección en contra del CJ, por la fijación de valores de la firma electrónica para los abogados. (I)