Tasa de seguridad en la capital financia gastos en siete áreas judiciales

Mediante un acuerdo vigente para  dos años, el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito   destinará  644.438,80 dólares para pagar la remuneración de los servidores judiciales, que trabajan en los siete centros de equidad creados por la entidad  municipal.

Los centros,  en los que trabajan 13  jueces,  se encuentran ubicados en los sectores  Calderón, La Delicia, Tres Manuelas, Eloy Alfaro, Quitumbe, Los Chillos, Tumbaco y La Mariscal. El dinero asignado proviene  de la tasa de seguridad que los quiteños aportan mensualmente.

El convenio fue suscrito por representantes de la Policía Judicial,  Dinapen, comisarías de la Mujer  y las juntas de Protección y Defensoría, con la finalidad de ampliar los espacios de justicia para que las personas afectadas puedan tener más accesibilidad a denunciar cualquier tipo de acto del que haya sido víctima.

En los centros de equidad funcionan juzgados de la Niñez y Adolescencia, entre otros  juzgados de contravenciones.

Para brindar atención en estas áreas  se han establecido turnos   de trabajo  hasta las 02:00. El personal aproximado que labora en estas dependencias es de 267, entre  quienes están empleados  municipales, abogados patrocinadores, psicólogos clínicos, etc. Así se busca  unificar el trabajo, social, médico y legista en una sola dependencia.

La  Municipalidad es la responsable de proporcionar el espacio físico para estas dependencias, así como todos los insumos logísticos que se requieran como computadoras y escritorios. Además de cancelar los servicios básicos de agua, luz, teléfono e Internet, en total todos los bienes de oficina.

Después de los dos años de vigencia del convenio,  el Consejo de la Judicatura (CJ)  asumirá los costos correspondientes para que los centros de equidad sigan  funcionando. Del presupuesto del Municipio,  15.198,77 dólares se utiliza para equipos de computación y 140.560 para adecuaciones y movilizaciones.

En 2011, se ha dado 31.808 atenciones y capacitaciones en contra de la violencia intrafamiliar. Mientras que otras 11.264  en  los juzgados que allí funcionan, solamente en las judicaturas  de contravención se registran 28.442 atenciones.

Para Nelson Santamaría, coordinador de los centros de equidad, el trabajo se complica cuando se registra el cese de funciones  de algunos jueces, más los problemas de  movilidad que se debe realizar para reconocimiento de lugares.
Sin embargo, “paso a paso se ha   descentralizado los espacios de justicia para que se encuentren al alcance de las personas”, dijo.

Lourdes Rodríguez , secretaria de Seguridad, consideró  que los espacios de justicia deben reformarse y algunas prácticas aplicadas en los mismos  también, pues muchas   veces la revictimización de las personas afectadas influye en la poca continuidad y seguimiento del caso.

Por lo cual, argumentó, los centros de equidad promueven todos los servicios en un solo sector.

Las  propuestas que salen de los comités de seguridad, ciudadanos y colectivos que trabajan en reformas judiciales, son bien recibidas y tomadas en consideración, así como socializadas para promover un solo eje.

Rodríguez  explicó que   reformar   el sistema de justicia es lo primordial, pues el 80% de las personas sufre  robos de celulares, billeteras, etc.

Este tema fue tratado   dentro del trabajo que se realizó hace varias semanas en las mesas de trabajo referentes a temas de seguridad, impuestos  y reformas judiciales.

Raúl Franco, representante de la organización  Marcha Blanca, expuso algunos puntos en los que  resaltó la necesidad de enfocarse en estrategias de seguridad.

Explicó que “las respuesta que la ciudadanía quiere  no están enfocadas en cuántas motos o cuánto armamento  recibe la Policía con el dinero de la tasa de seguridad, sino en qué porcentaje   ha disminuido la inseguridad con el aporte que realizan a través del impuesto”.

Representantes de los sectores comerciales y empresariales participaron en este foro  para acordar los cambios necesarios, frente al uso de la tasa de seguridad.

Los miembros de la veeduría ciudadana también enviaron una serie de sugerencias referentes a los mismos temas  y lo relacionado  al equipamiento de los centros de Policía Comunitaria.