Por pedido del fiscal Gustavo Benítez, el Juez 8º de Garantías Penales de Pichincha, la mañana de ayer, aceptó la vinculación de Fernando Pérez Altamirano y Diego Fernando Jarrín Guzmán, al proceso por el delito de desviación de fondos del Ministerio del Ambiente (MAE) y dictó contra ellos orden de prisión preventiva.

Las dos personas habrían facilitado sus claves de acceso al sistema Esigef, con el cual se desviaron 7‘360.000 dólares hasta cuentas particulares, desde el 1 hasta el 30 de mayo de 2012, según el informe que emitió la Contraloría General.  

Hasta el momento, 52 personas, entre trabajadores del MAE y ajenos a la cartera de Estado, están vinculadas en el proceso. De ellas, 20 están detenidas, a 5 les otorgaron medidas sustitutivas y 27 están prófugas.

Uno de los principales involucrados es Cristóbal Rigoberto López Viteri, quien está detenido y se presume que se encargaba de recolectar el dinero que se depositaba en varias cuentas. El proceso se encuentra en la etapa de instrucción fiscal.