SRI evitó evasión de $ 500 millones por exportación ilegal de oro

Los fuertes controles a las exportaciones de oro que se establecieron en Perú y Colombia, así como en otros países de la región, generaron que a partir de 2013 el metal pase como contrabando a Ecuador y de ahí salga ilegalmente hacia Estados Unidos.

Esto se evidenció cuando el director general del Servicio de Rentas Internas (SRI), Leonardo Orlando, se refirió a los “graves problemas de fuga de divisas a través del esquema de comercialización ilegal de oro, desde su explotación, comercialización local y hasta su exportación”.

Además calificó este problema como internacional, porque tiene relación con el oro adquirido de manera ilegal de países de Sudamérica, entre ellos Ecuador como uno de los proveedores.

Gabriel Gallegos, subdirector del SRI, profundizó en el tema, al manifestar que desde 2013 empezaron las exportaciones ilegales de oro, metal que venía principalmente del sur de Perú y de Colombia. El producto era enviado ilegalmente a través de Ecuador y Bolivia a Estados Unidos, donde hay las mejores refinadoras de este metal, al igual que en Canadá y China. “En 2013 fueron alrededor de $ 480 millones los que se exportaron; y en 2014 esta cifra pasó a $ 1.200 millones”.

Al efectuar una comparación entre los envíos de oro  y los reportes que las empresas legales emiten a la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom), el 50% estaba sin  procedencia lícita, “me refiero a que no provenían de minas que cuentan con todos los permisos en Ecuador”, sostuvo Gallegos.

El oro principalmente ingresa por los puntos ilegales que hay en la frontera con Perú. Para tener un millón de dólares en oro, es más o menos una barra del tamaño de un teléfono celular. “Es posible que una persona ingrese con una barra de oro en el bolsillo caminando por la frontera, ingresa con esa mercadería, y la consolidan acá, forman una sola barra y la mandan a través de Aduanas. Es lo que pasaba en esos años”.

A través del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae), Arcom y el SRI junto con el Ministerio Coordinador de Seguridad y la Policía Nacional efectuaron operativos, porque el 50% ilegal no solo que proviene del contrabando, sino que se identificó que al disponer de recursos algunas personas también empezaron a explotar ilegalmente en el país, es decir a sacar oro de minas, de las cuales no eran propietarios, no tenían las licencias, ni los permisos correspondientes, explicó el funcionario.

Cuando el SRI trató el tema en el ámbito tributario, evidenció que las empresas justificaban las compras de oro con comprobantes de venta de contribuyentes del Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE). “Muchas veces lo que hacían era pagar $ 10 a la persona para que le venda una factura y después hacían facturas por millones de dólares”, sostuvo Gallegos.

En 2015, y principalmente en 2016, el SRI efectuó controles de auditoría a aquellos contribuyentes, porque la mitad era ilegal, pero la otra sí era legal, no podían detener las exportaciones, dijo.

Controles en la frontera

Ante la situación de contrabando de oro, las entidades del Gobierno establecieron un mecanismo de aforo en la aduana; así como la necesidad de contar con un permiso para comprar y vender el metal destinado a la exportación que se denomina licencia de comercialización, “la persona que no tiene este documento puede comprar oro, pero no lo puede exportar”, explicó Gallegos.

También determinaron que las empresas que abrieron en 2012 fueron objeto de control por el SRI y se establecieron montos de glosas. “Son más o menos $ 100 millones en impuestos que se pretendieron evadir. Tenemos cerca de 10 casos que están en ejecución, eso significa que $ 500 millones ya han sido controlados por el SRI.

Lo que se buscaba era que estas personas paguen el impuesto que les corresponde por su actividad de explotación. Pero, al estar frente a un posible ilícito esto conllevaba que las medidas administrativas no eran suficientes para combatir el problema, dijo el funcionario.

En este sentido, en 2016 se impulsó una reforma legal en la cual se estableció que el empresario al momento de realizar la exportación debe pagar un porcentaje del monto de la transacción como una autorretención.

Gallegos explicó que la norma fija que el SRI establezca una retención de hasta el 10%. La entidad determinó el 2% para los contribuyentes formales que están al día con sus obligaciones, el 3% para los no tan formales y lo mismo para aquellos contribuyentes que tienen muchas obligaciones pendientes porque no son formales. En 2016, las exportaciones de las principales partidas arancelarias de oro fueron $ 340 millones y en el semestre de 2017 fueron $ 114 millones. (I)

En Tribunal Penal empezó juicio contra seis acusados por lavado de activos

En Ecuador y Estados Unidos se detuvieron en diferentes fechas a presuntos lavadores de activos a través de la exportación ilegal de oro entre Sudamérica y Estados Unidos.

En Guayaquil se inició un proceso por este delito en contra de seis personas que, supuestamente, realizaron las exportaciones ilegales a través de sus compañías que no estaban autorizadas para enviar ese producto al exterior.

El juicio en contra de los ecuatorianos se inició ayer en un tribunal penal. En la audiencia se dictará la sentencia en contra de los acusados.

Según el proceso, los seis acusados fueron detenidos en la operación policial Atardecer, que se efectuó el año anterior en las empresas Spartan del Ecuador S.A. y Clearprocess Cía.Ltda., que efectuaban exportaciones de oro ilegales.

En marzo de este año, agentes del FBI capturaron en Miami, Florida, Estados Unidos, al estadounidense Juan Pablo Granda, nacido en Ecuador, quien dirigía las operaciones de NTR Metals.

Según la denuncia del fiscal Francisco Maderal, el detenido Granda coordinó el lavado de más de $ 1.000 millones en oro ilegal. Ellos compraban el metal desde 2013 hasta 2016. En 2014, después de un operativo del Gobierno peruano contra la minería ilegal de oro, los narcotraficantes dueños de las minas empezaron a pasar de contrabando el metal a Bolivia, Ecuador, Colombia y otros países. El juicio contra los acusados será en 2018. (I)