Una vez que la Policía recibió la notificación de las medidas cautelares emitidas por la Corte Nacional de Justicia en contra de los 10 implicados en el caso de torturas, desaparición forzada y violencia sexual, cometidas en contra de Susana Cajas y Luis Vaca, en 1985, conformó un grupo de agentes para vigilar que el arresto domiciliario ordenado a 7 de ellos  sea cumplido.

Asimismo la Interpol dirigió, el 15 de octubre, un oficio a la jueza Lucy Blacio para solicitarle el envío de las boletas de captura levantadas contra Luis P., ex ministro  de Defensa del Gobierno de León Febres-Cordero (en este periodo  sucedieron los supuestos delitos de lesa humanidad); Édgar V., principal sospechoso de la implementación de una estructura de torturas y que llegó a ser comandante de la Policía; y Fernando R., médico de la unidad militar de Conocoto, a quien la Fiscalía sindicó como responsable de revisar el estado de salud de los detenidos que fueron torturados.  

El jefe de la Interpol Ecuador,  coronel Carlos Chiriboga, señaló  que la jueza Blacio  se comprometió a enviar en menos de  48 horas las boletas de captura certificadas así como la providencia con un resumen del caso.

Estos requerimientos son necesarios previos a la emisión de las tarjetas rojas, ya que según explicó el oficial, esa información se adjunta a las fichas que se envían a los 190  países donde opera la Interpol.

Con esta medida, una vez que los sospechosos intenten ingresar a otros países donde opera Interpol, inmediatamente se activará la alerta y serían detenidos.

Sin embargo, en el caso de Estados Unidos, usualmente las autoridades  no proceden con la captura y solo se limitan a informar sobre el ingreso del buscado y su ubicación.

Fiscalía solicitará la deportación de los implicados que estarían escondidos en Estados UnidosEsto es lo que preocupa a la Fiscalía y por ese motivo estudian la manera de asegurar que los tres ex oficiales prófugos se encuentren en el país para la audiencia preparatoria de juicio, que será convocada a más tardar para la primera semana de enero.

El director de la Comisión de la Verdad de la Fiscalía, Fidel Jaramillo, dijo que confirmaron que Édgar V. y Luis P., ingresaron a Estados Unidos, por eso analizan otras alternativas a más de la colaboración de la Interpol, que podría ser la solicitud de deportación de los implicados, debido a que están inmersos en un caso por delitos de lesa humanidad, tipificados en el derecho internacional, o instrumentos legales como el Estatuto de Roma y las legislaciones de la Corte Internacional Penal.

Sobre el paradero de Fernando R., la Policía todavía no tiene pistas concretas, no obstante la defensa del sindicado presentó un recurso de apelación a la prisión preventiva, lo cual fue aceptado por la sala de lo Penal de la Corte Nacional de justicia.

El pedido pasó a la sala de sorteos para que un tribunal decidiera la pertinencia de la prisión preventiva ordenada luego de la audiencia de formulación de cargos del pasado 1 de octubre.

Los otros 7 altos exoficiales del Ejército siguen con arresto domiciliario por 90 días y la Policía designó a un grupo de agentes que  ya están ubicados en los exteriores de las viviendas de los sindicados  para asegurar  que la orden judicial sea cumplida.

También presentaron recursos de nulidad y revocatoria los implicados Jorge A., exministro de Defensa de Febres-Cordero, y el ex general Carlos J., pero sus peticiones fueron negadas por improcedentes.