Una constante y en ocasiones elevada demanda de los certificados de antecedentes penales en los juzgados y tribunales del Guayas estaría provocando un congestionamiento en el despacho diario de las causas, aseguran los servidores judiciales.

A pesar de que una de las principales premisas del Consejo de la Judicatura (CJ) es acelerar el trámite de las causas, el engorroso trabajo de revisar, confirmar en los libros y firmar (una vez el juez y tres más el secretario) a cada instante, hace que el flujo de los juicios se vea retrasado, aseguran los funcionarios.

Franklin Ortiz, juez 7º de Garantías Penales del Guayas, indicó que con la tecnología que se tiene actualmente a través de sistemas informáticos, como es  la aplicación denominada “portal penal”, sumado al seguimiento de causas que se puede concentrar en el Sistema de Actuaciones de los Tribunales de Justicia en el Ecuador (SATJE), la expedición de los antecedentes penales en todas las judicaturas podría ser más ágil y así no entorpecer el trabajo de cada secretario.

Vanesa Ortega, abogada en el libre ejercicio, recuerda que hasta en 2011 funcionó en la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura en Guayas (Pedro Moncayo y Nueve de Octubre)  una oficina que se dedicaba exclusivamente a expedir este certificado. Esa iniciativa fue vista con buenos ojos, tanto  por los funcionarios como por los usuarios del sistema judicial; sin embargo, de un momento a otro los delegados del CJ decidieron ya no continuar con esa medida y dispusieron que los secretarios de cada judicatura den las certificaciones, procedimiento que se realiza hasta el momento.

Al referirse a este tema, Bolívar Vergara, director provincial del Consejo de la Judicatura en Guayas, confirmó que la consecución del documento ha sido aprovechada por ciertos abogados para obtener un dinero extra por concepto de honorarios, y en muchas ocasiones el trámite no lo realizan ellos sino que se encarga a  tramitadores o los llamados tinterillos (persona que ejerce la abogacía sin poseer el título).

El trámite no es fácil ni rápido, puesto que la persona debe ir juzgado por juzgado, presentar un escrito y regresar en un determinado plazo para retirar el certificado.

Por esa gestión, Ortiz manifestó que conoce, por testimonio de usuarios y colegas, que los tramitadores pueden  llegar a cobrar entre 60 y 120 dólares, dinero que se suma al sinnúmero de gastos en que incurren  los familiares de los acusados, muchas veces de escasos recursos.

Vergara indicó que el costo de este trámite se ha elevado en los últimos meses y confesó haber escuchado de casos alarmantes en los que se estaría cobrando hasta 300 dólares por los certificados.

Ortega refirió que si no se diseña o se centraliza en un solo lugar el despacho exclusivo de estos certificados, evidentemente se le está acarreando a cada judicatura ese trabajo; y con la carga procesal que existe, el tiempo  en el despacho de los juicios puede verse afectado.

El representante de la Judicatura en la provincia informó que hace un mes envió al Pleno del CJ un proyecto para ser considerado en procura de una solución para el trámite y consecución del documento.

El proyecto contempla la posibilidad de crear una ventanilla única que se encargue de emitir estos certificados o en su defecto establecer en la página web de la Función Judicial una herramienta infomática, como la tiene el Ministerio del Interior en el caso del récord policial, para obtener un formato de antecedentes judiciales.

El problema radica, explicó Ortiz, en que no solo las personas procesadas solicitan el documento para ser presentadas ante los jueces miembros de un tribunal y que sirva como atenuante, en cuanto a la aplicación de la pena, sino que el documento consta como uno de los requisitos para los concursos de aspirantes en la Comisión de Tránsito del Ecuador, Policía y Marina.

Vergara indicó que las direcciones provinciales no son certificadores de juicios, esa labor le corresponde a los secretarios de los diferentes juzgados y tribunales, por esa razón  se les oficia a todos y cada uno de estos funcionarios para que remitan al organismo un informe, que se lo consolida y se lo envía a la institución solicitante. “En los períodos de convocatoria a los cursos de formación, este trabajo quita mucho tiempo y si no hay un debido seguimiento, algunas cosas podrían quedar en el aire”, manifestó.

Agregó que algunos profesionales del Derecho tienen la falsa apreciación de que mostrando al tribunal que su defendido no tiene antecedentes judiciales, éste tendrá un determinado mérito o elemento adicional para juzgar a alguien, cuando la prueba no solo debería comprender Guayas para ser válido como atenuante, en este caso, sino la no existencia de posibles causas a escala nacional, e inclusive, a nivel internacional, que se lo podría obtener con un reporte de la Interpol.

Lina Ramírez, secretaria del 10º Tribunal de Garantías Penales del Guayas, señaló que debería especificar la necesidad de los certificados, según el tipo de delitos, puesto que, según explicó, los delitos de acción privada (calumnia e injurias) solo se tramitan en el primer nivel (juzgados), mientras que los  de acción pública (homicidios, robos) hasta en los tribunales, esto significa que si no existe una causa penal en el juzgado, no estará  en el tribunal.

Con esa diferencia, aseguró, el trabajo, tanto para el usuario como para los judiciales, se vería más holgado y no tendría el abogado que recorrer cada uno de los tribunales y juzgados de la provincia para obtener ese certificado.

DATOS

Un promedio de entre 30 y 50 solicitudes diarias de certificados de antecedentes penales recibe cada judicatura en Guayas.

Durante los períodos de convocatoria a aspirantes a  los cursos de formación en la  Comisión de Tránsito del Ecuador, Policía y Marina, ese número se duplica, llegando las judicaturas a recibir cada 2 o 3 minutos una nueva solicitud, por lo que muchos jueces y secretarios optan por llevar los documentos hasta su casa para firmarlos y así avanzar con su trabajo diario, es decir, cumplir con las diferentes audiencias fijadas, atender al público y  firmar providencias.

El artículo 11 (inciso 2) de la Constitución señala que nadie puede ser discriminado en razón de su pasado judicial, regla que no solo está dirigida a las personas que están en busca de trabajo, sino también debe aplicarse a las personas que son juzgadas.