Uno de los primeros casos de corrupción que apareció durante esta emergencia sanitaria se produjo en el hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) Los Ceibos, en Guayaquil.

Fue por la compra de fundas para cadáveres con un exagerado sobreprecio. En estos días se confirmó que uno de los implicados en el hecho es Daniel Salcedo, quien al intentar huir a Perú se accidentó y hoy está hospitalizado y con orden de prisión.

El proceso inició el 4 de mayo de 2020 con la formulación de cargos en contra de tres funcionarias de esa casa de salud y el cónyuge de la propietaria de la empresa Silverti S.A.

Esta es una de las 10 compañías que se adjudicó contratos con ese hospital desde 1 de marzo de 2020 hasta el pasado 9 de junio, según información del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop).

La Contraloría General del Estado (CGE), en un informe con indicios de responsabilidad penal, precisó que en el IESS de Los Ceibos hubo irregularidades en la fase precontractual para adquirir fundas para cadáveres. La compra se realizó con un sobreprecio del 1.311%.

“Los funcionarios responsables no justificaron por qué no se buscó a otros proveedores del Estado, para garantizar calidad y mejores costos. No se consideró que en el portal de compras públicas constan adquisiciones realizadas por otras entidades con precios muy inferiores a los propuestos por el proveedor”, precisa la Contraloría.

Tras la detención de Salcedo, la fiscal general Diana Salazar reveló que existen otras órdenes de detención contra proveedores.

“Nos estamos fijando solo en los servidores públicos, pero no nos olvidemos de la responsabilidad que tienen los proveedores que, aprovechándose de la emergencia, inflan los precios”, señaló.

Funciones de los procesados
De acuerdo con información de la Función Judicial, Susana M., gerenta general y representante legal del nosocomio, supuestamente suscribió la resolución de adjudicación de compras para las fundas de cadáveres por un costo de $ 148 por unidad, cuando en el mercado el precio oscilaba entre $ 12 y $ 14.

Cristhina G.Z. era responsable de las compras públicas en ese establecimiento y dirigía los procesos contractuales. Mientras que Elizabeth V.P. daba el visto bueno para la adquisición de insumos.

El 14 de mayo, las tres mujeres interpusieron un recurso de hábeas corpus para recuperar su libertad. Uno de los principales motivos fue que estaban contagiadas de covid-19.

El 2 de junio de 2020, la Sala Especializada de lo Penal, de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, declaró improcedente la acción, por lo que siguen en prisión.

Durante esa audiencia, Johana V.  indicó que en el hospital había 30.000 casos de covid-19, con 70 muertos diarios. Por eso aclaró que se necesitaba comprar las fundas de manera urgente para entregar los fallecidos a sus familiares.

“Durante la emergencia no teníamos valores referenciales y los proveedores especulaban con los precios”, dijo.

En cuanto a la empresa Silverti S.A, consiguió contratos por $ 872.000 con el hospital  Los Ceibos, otro por $ 224.815 con el hospital General de Riobamba y por $ 167.920 con la Empresa de Agua Potable y Saneamiento, de Quito.

Mal manejo de cuerpos y robos
La Fiscalía además lleva a cabo investigaciones por presunto mal manejo de cadáveres en el hospital Los Ceibos. Supuestamente había cobros indebidos para entregar cuerpos, lo que generó desorden y pérdida de identidades.

Además se investigan los protocolos que aplicaron con pacientes. Augusto Itúrburu, periodista de Diario El Telégrafo, estuvo internado en esa casa de salud y le quitaron sus pertenencias para supuestamente incinerarlas.

Quince días después falleció y el dinero de las tarjetas que le quitaron fue retirado. (I)