El Senado polaco adopta una controvertida reforma de la justicia
Los senadores polacos aprobaron la madrugada del miércoles 25 de julio un controvertido proyecto de ley sobre la elección del nuevo presidente de la Corte Suprema, a pesar de las protestas de manifestantes que intentaban hacer abortar in extremis la reforma, criticada por la Unión Europea.
La modificación fue adoptada con los votos a favor de 60 senadores, frente a 30 votos en contra y una abstención. Tras conocerse el resultado, los senadores de la oposición gritaron "Tribunales libres" y "Polonia libre".
El texto había sido adoptado el viernes por la cámara baja del Parlamento polaco mediante un procedimiento exprés, y ahora debe ser promulgado por el jefe de Estado, el conservador Andrzej Duda.
"¡Vergüenza!", "¡El Senado es nuestro!", "¡Senador, no firme!", gritaron los alrededor de 1.000 manifestantes reunidos desde la semana pasada ante el Parlamento. Sus voces se escuchaban incluso dentro del Senado, controlado por los conservadores del partido Derecho y Justicia (PiS).
Un centenar de manifestantes permanecieron en el lugar hasta el momento de la votación, que se produjo a la 1H40 locales.
"El único objetivo de esta ley es cambiar a los miembros" de la Corte Suprema, dijo el senador liberal Aleksander Pociej, de Plataforma Cívica (oposición), justo antes de la votación.
Para los autores de este proyecto de ley, su objetivo sobre todo es acelerar la elección de un nuevo presidente de la Corte Suprema en sustitución de Malgorzata Gersdorf, quien se niega a jubilarse, como le fuerzan a hacer los conservadores apoyándose en una reforma de la justicia que critican tanto la oposición como Bruselas.
La Comisión Europea lanzó un procedimiento de infracción contra Polonia sobre la independencia de la justicia ante las disposiciones del proyecto de ley sobre la Corte Suprema. El procedimiento podría llevar a sanciones financieras.
El gobierno polaco también es objeto de otro procedimiento iniciado por el Ejecutivo europeo referente al conjunto de las reformas judiciales que, según Bruselas, amenazan de manera "sistemática" el Estado de derecho, dándole al gobierno el control de la justicia. (I)