Ayer, el Ministerio del Interior inició una nueva estrategia con el objetivo  de reducir la inseguridad en el país. Esta vez se trata de una campaña publicitaria, mediante la cual permite localizar y capturar a los delincuentes más buscados por la Policía. Esto  gracias a mecanismos de recompensa -que oscilan entre los 5 y 20 mil dólares- para quienes denuncien a los antisociales.

La Dirección Nacional de la Policía Judicial (DNPJ) es la encargada de recibir  información, a través de líneas telefónicas creadas especialmente para el efecto, como es el 1800-DELITO  (335486) y su sitio web: www.dnpj.gob.ec  para que las personas que quieran denunciar se comuniquen con la Policía.

Al referirse a este tema, el saliente comandante del Distrito Metropolitano de Guayaquil, Ramiro Mantilla, relató que los habitantes de los diferentes barrios marginales de la ciudad habían solicitado en reuniones pasadas que se brinde la debida seguridad a las personas que denuncian un delito.

Respecto a esto, el oficial comunicó  que la línea telefónica 1800-DELITO  es el medio en donde se receptarán llamadas de ciudadanos que quieran denunciar al autor de un hecho delictivo. 

“Por medio de esta línea se podrá especificar si conoce que en su barrio hay un delincuente, en qué casa se esconde, o el lugar que frecuenta, el nombre o alias y características físicas del antisocial. De esta manera, la Policía realizará operativos de búsqueda que ayuden a disminuir la delincuencia”, añadió.

En ese sentido, el gobernador del Guayas, Roberto Cuero, indicó que la medida es positiva, puesto que  la Policía   actuará “con toda la fortaleza que les permite la ley”  para identificar al supuesto delincuente y proceder a su detención. No obstante, indicó que en sí, esa tarea es competencia del grupo de la Inteligencia de la Policía.

Por tal motivo, los recursos destinados para los pagos de recompensas estarán a cargo de la Policía,   la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain) y el Ministerio del Interior,  entidades que fijaron los valores para el pago de las recompensas, dependiendo de la trascendencia de la información.

Por su parte, Leonardo Berrezueta, viceministro del Interior, manifestó que lo que persigue   es   incentivar a la ciudadanía para que pueda entregar datos veraces, puesto que las autoridades conocen que los ciudadanos tienen  mucha  información que servirá para  dar con el paradero de los delincuentes.

“E fundamental tratar con el mejor aliado que puede tener el Gobierno en cuestión de seguridad como es la ciudadanía”, enfatizó.

Cuero indicó que el Gobierno garantiza la debida reserva de la información proporcionada por los  denunciantes  y su protección.

Para ese fin, indicó que se tiene contemplada la posibilidad de que sean incluidos en el programa de víctimas y testigos de la Fiscalía o reciban custodia directa de la Policía. “Tenemos un plan operativo completamente diseñado para este fin, lo primordial es garantizar la protección a los denunciantes”.

Según explicó, los primeros datos deben ser filtrados por analistas de Inteligencia y solo cuando a cambio de la información los interesados pidan el pago de una recompensa, la solicitud pasará a manos de la Senain, organismo que tiene los recursos necesarios para pagar.

Aunque el caso que se investigue esté en manos de la Fiscalía,  el tema del pago de las recompensas es manejado por la Policía directamente.

Por su parte, el ministro de Interior, José Serrano, manifestó  que hasta el momento el listado  contempla unas 30 personas y ocho bandas, involucradas en delitos contra la vida y de carácter sexual.