Han pasado cuatro años y cuatro meses desde que entró en vigencia el Código Orgánico Integral Penal (COIP). Uno de sus nudos de discusión fue la tipificación del delito de homicidio culposo por mala práctica profesional.

Esto generó un amplio debate, especialmente entre los profesionales de la salud, cuyos gremios, hasta ahora, se quejan que con ello se criminaliza su labor.

Sin embargo, previo a su aprobación, se realizaron acercamientos entre los actores de la salud del país. Entonces se estableció que para que esto se configure como un delito, se debían cumplir ciertas condiciones antes de iniciar un proceso legal por mala práctica profesional.

Según cifras de la Fiscalía General, las denuncias por homicidio culposo por mala práctica profesional suman 577 entre agosto de 2014 y mayo de 2018. Guayas es la provincia donde se registra el mayor número con 155, seguida de Manabí con 71 y Pichincha con 61.

La Fiscalía aclaró que en estos datos no se puede especificar la profesión del sospechoso del homicidio culposo establecido en el artículo 146.

En cuanto a las cifras de la Función Judicial, entre agosto de 2014 y septiembre de 2018 el número de causas admitidas a trámite sobre la base de los elementos de convicción obtenidos durante la investigación fiscal, suman 68, de las cuales 48 (78,59%) han sido resueltas (sentencia).

Falta de peritos o “profesionales pares” frena las investigaciones

La tipificación de la mala práctica profesional, entre ellas la médica, ha permitido que los pacientes o sus familiares víctimas de ellas, estén de alguna manera amparados.

Sin embargo hay denuncias que no han seguido el trámite correspondiente o se han dilatado en las diferentes etapas de investigación debido, entre otros factores, a la falta de personal calificado que permita realizar un peritaje técnico, real y determinante de las lesiones o causas de muerte del paciente.

Para Ernesto Carrasco, presidente de la Federación Médica Ecuatoriana (FME), muchas de las demandas presentadas ante la Fiscalía han sido infundadas. Dijo que “se ha criminalizado el trabajo”,  porque cuando el médico es acusado queda en manos del fiscal o los peritos, “la mayoría de ellos mal preparados, así como de jueces que no tienen el conocimiento ni experticia en temas de salud”.

La agente fiscal de Pichincha Verónica Murgueito, comentó que al momento de analizar una denuncia de mala práctica profesional, en el campo médico, recurren a expertos, aunque reveló que no hay en todas las áreas.

Aclaró que la ley estipula que en estos temas se recurra a profesionales de la salud y que no sean los fiscales quienes nominan peritos. “Pedimos apoyo al Ministerio de Salud, que son los que manejan la base de datos”, indicó.

Que ellos indiquen qué especialistas hay, para que con su experiencia los asesoren en la auditoría médica que se practica. Entonces los fiscales cuentan, para las investigaciones, con la participación de un experto y de un especialista que les envía las autoridades de Salud. Sin embargo, la carencia de ellos retrasa las investigaciones o los resultados no son adecuados y reales.

El asambleísta Ángel Sinmaleza, de la Comisión del Derecho a la Salud, manifestó que desde el Legislativo han presentado una observación a este tema en la elaboración del nuevo Código de la Salud. “El organismo de justicia debe capacitar y proveer de médicos o “profesionales pares”, para que, por ejemplo, si un oncólogo cometió una mala práctica, sea un par oncólogo quien emita un informe para la respectiva sanción. Esto no existe”, señaló.

Ese es uno de los cambios que se plantean en el nuevo Código y que la FME apoya. “Lo que se pide es que el fiscal informe cuando haya una denuncia de mala práctica, de homicidio culposo, para que el Ministerio de Salud forme una comisión de pares, investigue el caso y se determine si hay o no indicios o responsabilidad penal. Esto va a mejorar los procedimientos judiciales”, expresó.

Hasta tanto, víctimas de malas prácticas exigen justicia. Tal es el caso de Paola Cantuña, quien desde hace dos años impulsa un proceso legal contra los galenos y la clínica donde le realizaron una cirugía estética que le dejó graves secuelas.

“Tengo que esconder tras un maquillaje, una faja y un vestido holgado la deformidad que llevo dentro”, contó. Su causa está por archivarse debido al tiempo transcurrido, mientras que la denuncia que presentó en la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de Salud prescribió. “Solo espero que las autoridades hagan cumplir la ley”, dijo esta chica que se sometió a la cirugía tras ganar el reality de televisión “Soy yo”.

Otro caso que lleva dos años sin resolver y sin justicia es el de Melanie Montenegro, modelo de 22 años que murió en Guayaquil en una cirugía estética. Su madre Margoth Torres pide un perito que aporte a la indagación. (I)