Los juzgados temporales creados por el Consejo de la Judicatura (CJ) para ayudar a despachar los juicios represados, en la Corte Nacional de Justicia (CNJ), ha tramitado hasta la fecha más del 80% de las causas entregadas a los 9 jueces que conforman las 4 salas habilitadas.

Esta entidad, que funciona en el edificio de la Cámara de la Construcción, al norte de Quito, inició las operaciones en julio de 2012, con juzgados para tramitar juicios en materia de lo laboral, administrativos, penales y civiles.

DATOS

Hasta septiembre de 2013

Sala de lo Contencioso Administrativo  
Total resoluciones del año 132
Total juicios pendientes 163.

Sala de lo Penal
Total resoluciones del año 372
Total juicios pendientes 189

Sala de lo Civil y Mercantil
Total resoluciones del año 2.013
Total juicios pendientes 1

Sala Laboral
Total resoluciones del año 912
Total juicios pendientes 418

Durante la inauguración de las salas temporales de la Corte Nacional de Justicia, el entonces presidente del Consejo de la Judicatura, Paulo Rodríguez, destacó el trabajo de los jueces nacionales que en cinco meses de 2012 despacharon la  mayoría de las causas  pendientes desde los años 90.

Desde su posesión, la Corte Nacional de Justicia “despachó 1.600 causas que estaban en casación por más de 15 años y en trámite por más de 20 años”, indicó.El funcionamiento de la unidad estaba previsto en seis meses pero la dificultad para  conformar los juzgados retardó un par de meses el inicio del trabajo, lo que motivó que el CJ extendiera el período hasta el próximo diciembre  y les entregaron 1.463 juicios, en el transcurso de este año han recibido otros 347.

El administrador de las salas temporales, Ricardo Jácome, señaló que hasta finales de septiembre han contabilizado un total de 1.471 juicios resueltos y están pendientes por resolver otros 393, los cuales tratarán de evacuar hasta diciembre próximo que terminará el plazo dispuesto por la Judicatura para el funcionamiento de esta unidad temporal.

“El trabajo ha sido bien estructurado, tenemos un equipo pequeño que ha logrado mantener una producción equilibrada todos los meses”, aseguró el funcionario, al detallar que mensualmente tienen un promedio de unos 100 expedientes despachados.

Jueces fueron seleccionados de concurso de méritos

Las salas son integradas por los abogados que participaron en el Concurso de Méritos y Oposición, Impugnación Ciudadana y Control Social para designar a  juezas y jueces de la Corte Nacional de Justicia, quienes están distribuidos de la siguiente manera: en la Sala de lo Contencioso Administrativo 2 magistrados, en la Sala de lo Civil y Mercantil 2 jueces más, en la Sala de lo Laboral 2 y en la Sala de lo Penal  3.

Eso garantiza una correcta administración de justicia y calidad en los fallos, manifestó el funcionario. “Es una muestra de que estamos en el camino correcto para alcanzar una justicia oportuna que contribuirá con la paz social y la seguridad jurídica”, sostuvo.

Jácome explicó que el área penal es la más complicada porque se realizan audiencias orales públicas contradictorias, que implican un trámite un poco más especializado por la naturaleza de los delitos que se juzgan.

También aclaró que los juicios represados que les enviaron de la Corte Nacional de Justicia son los que estaban en proceso de casación por lo que se resuelven situaciones de fondo, específicamente con respecto a ese recurso.

En la Corte Nacional de Justicia había unas 10.000 causas represadas, que  son despachadas...Por eso el funcionario considera que este trabajo debería hacerse a largo plazo, ya que el incremento de juzgados implicaría un mayor manejo de causas cuyos recurrentes podrían presentar inconformidad con la consecuente elevación del proceso a los tribunales y de allí a la Corte Nacional, donde están represados alrededor de 10.000 juicios.

Sin embargo, el ritmo laboral imprimido por las salas provisionales les ha permitido salir de la mayoría de los procesos recibidos lo cual, según Jácome, gracias en parte a que el Consejo de la Judicatura ha logrado optimizar el trabajo de los jueces para que solo se dediquen a conocer las causas y resolverlas.

“Uno de los objetivos importantes en la creación de las salas temporales era lograr el mayor despacho posible de los procesos rezagados de las épocas pasadas cuando fue Corte Suprema y Corte Nacional de Transición”, indicó Luis Quiroz, juez temporal de la Sala de lo Penal.

Opinó que la reacción a su trabajo ha sido positiva a pesar de que en algunos de los juicios recibidos ya se había  prescrito o cumplido la pena impuesta y los participantes no continuaron el trámite.

“La administración de justicia es equitativa, no hay prisa, no significa que se haya priorizado la velocidad sobre el debido proceso, indicó Quiroz al referirse a la labor de las salas en los 14 meses que llevan en funcionamiento.

El Consejo de la Judicatura empleó esta modalidad para poder salir de las decenas de causas que congestionaban la Corte Nacional de Justicia lo cual es un tema que preocupa a la entidad, especialmente en lo que se refiera a evitar causas represadas o que haya demoras en el proceso.

Los jueces temporales tienen como prioridad despachar los procesos de mayor antigüedad. “Había  causas que no tenían  años, sino décadas esperando ser resueltas”, afirmó el vocal Paulo Rodríguez.

COIP ayudará a agilizar los juicios en delitos comunes

El presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh, opinó que la aprobación del nuevo Código Orgánico Integral Penal   ayudará a agilizar   la Función Judicial.

“El ámbito procesal afecta a las personas cuando los juicios son lentos o llenos de incidentes, por eso hemos propuesto en materia penal, para luchar   mejor   contra la impunidad, lo que se denomina un juicio directo, es decir, que no todos los delitos terminen juzgados por un tribunal penal, ya que en el diseño procesal actual todos los delitos, desde el robo de un celular hasta los crímenes organizados, acaban en el tribunal”, explicó.

El nuevo Código Orgánico Integral Penal  incorpora un juicio directo para aquellos delitos contra la propiedad, delitos menores o los castigados hasta con cinco años de prisión puedan ser sancionados y sentenciados por el propio juez sin necesidad de llegar hasta el tribunal que es una instancia   más larga y costosa, la cual debe ser “especializada para aquellos delitos mayores, como asesinatos, violación... que son   más complejos y merecen una sanción más fuerte, de esta manera se luchará más efectivamente contra la impunidad “, manifestó Jalkh.