El 19 de febrero de 2018, Wellington fue víctima del robo de su motocicleta. Recuerda que conducía en la parroquia Magro, en el cantón Daule (Guayas), cuando fue interceptado por dos sujetos a bordo de otra moto.

Uno de ellos lo apuntó con un arma y le sustrajeron, además del vehículo, $ 100 en efectivo y el teléfono celular.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), el año pasado se reportaron 6.106 denuncias de robo de motocicletas.

Mientras que solo en enero de 2019 la cifra llega a 625 casos; esto significa un aumento del 34,1% con respecto al mismo periodo del 2018 (466 casos).

Tras el asalto, Wellington denunció el hecho, pero pese a que logró ubicar la vivienda de uno de los supuestos ladrones gracias al dispositivo de rastreo del teléfono, la Policía se negó a actuar en flagrancia.

Catorce meses después, su caso sigue impune. No logró recuperar su transporte ni ninguna de sus pertenencias.

Según el Código Orgánico Integral Penal (COIP), la persona que se apropie de un objeto ajeno sin ejercer violencia, amenazas o intimidación está sujeta a una pena de seis meses a dos años de prisión.

En cambio, si existe uno o varios de estos agravantes, la sanción va desde tres hasta siete años de cárcel.

El teniente coronel Fausto Martínez, jefe de la Subdirección de Delitos Contra la Propiedad-Brigada Antidelincuencial (Sidpro-Bac), confirma que la disminución del número de robos de estos vehículos es un reto.

Uno de los motivos es la falta de trazabilidad de las motocicletas, pues al ser de libre venta no existe una cifra exacta de cuántas están en circulación.

“Esto dificulta articular planes para combatir este ilícito”, asegura el oficial.

Finalidad del robo
Martínez añade que los delincuentes buscan estos medios de transporte con varios fines; uno de los principales sería para desguazarlos y revender sus piezas y accesorios en el mercado ilegal.

Otra razón es su utilización para el cometimiento de otros delitos vinculados, como robo a personas, a locales comerciales y, además, los que atentan contra la vida, como el homicidio bajo la modalidad de sicariato.

“Los delincuentes las prefieren por su movilidad, por su reducido tamaño que les permite escapar por lugares en los que una patrulla no puede ingresar. Además, las modifican para que sean más veloces y difíciles de seguir”.

En un intento por reducir el número de estos crímenes, las autoridades han optado por reforzar el control en las vías, así como limitar el número de pasajeros a bordo.

Por ejemplo, en noviembre de 2017, el municipio de Guayaquil aprobó una ordenanza que prohíbe dos hombres a bordo de motos entre las 19:00 y 04:00. Quien la incumpla es multado con el valor correspondiente a un Salario Básico Unificado (SBU).

En Quevedo, provincia de Los Ríos, el uso está restringido a una sola persona de 18:00 a 06:00, desde 2015.

La sanción es la retención del vehículo por 48 horas y una multa del 50% del SBU.

En Manta (Manabí) existe una ordenanza desde 2011, la cual establece que las motos son un vehículo unipersonal.

En caso de encontrarse circulando con dos pasajeros, esta será retenida por 48 horas; si reincide, la sanción aumenta a 96 horas.

Martínez manifiesta que en principio estas acciones ayudaron a reducir los índices; sin embargo, los ladrones han modificado su forma de operar para evitar ser detenidos.

“El robo de motos es un delito que se caracteriza por mutar muy rápido. Si antes la hora de mayor incidencia era de 17:00 a 18:00, ahora es de 16:00 a 17:00, señaló Martínez”. (I)