La Fiscalía de Galápagos vinculó a dos guardaparques y un pescador al proceso investigativo por el delito contra flora y fauna silvestres, que se sigue por la desaparición de 123 crías de tortugas gigantes del centro de crianza Alfonso Tupiza, ubicado en la isla Isabela.

Según el fiscal del caso, Christian Farez Falconí, halló inconsistencias en las actas de entrega-recepción a cargo de los funcionarios del Parque Nacional Galápagos (PNG), Daniel Ignacio T. T. y Fernando Gabriel F. G.

Las anomalías eran en cuanto a fechas de suscripción, número de tortugas reportadas de las especies Chelonoidis vicina y Chelonoidis guntheri, así como en sus tamaños y pesos.

En la audiencia de vinculación, la Fiscalía presentó, como principal elemento de convicción, la pericia biológica de reconocimiento e identificación de especies, que establece de manera técnica las inconsistencias.

“Se presume que las tortugas de este centro de crianza fueron suplantadas por tortugas silvestres de manera sistemática (periódica). Los ahora procesados manejaban los inventarios diarios, mismos que informaban que los individuos de los corrales estaban completos, cuando la contabilidad reflejaba que no era así”, indicó el fiscal. Por ellos también se sospecha de una posible alteración de las actas de entrega.

En cuanto a la participación de Édison Daniel M. M., propietario de varias embarcaciones pesqueras, la Fiscalía presume que habría colaborado en la transportación vía marítima de las especies sustraídas. Su nombre fue señalado en las versiones recabadas durante el proceso.

El juez de Garantías Penales de Santa Cruz, Ramón Abad Gallardo, dictó las medidas cautelares de presentación periódica ante el juzgador y la prohibición de salida del país para los tres implicados. Además, dispuso de treinta días para el cierre de instrucción fiscal.

También tienen prisión preventiva los pescadores Paúl Adolfo T. M. y Gustavo Leonardo F. G., relacionados con una aparente red de traficantes de especies. (I)