Alrededor de 1.200 procesos ha iniciado la Fiscalía durante los 5 meses que tiene en funciones la Unidad de Flagrancias en Guayaquil, situada actualmente en las dependencias de la UVC del Centro de esta ciudad.

William Aguilar, coordinador de esa dependencia, explica que el nuevo modelo de gestión que impulsa el Consejo de la Judicatura ha optimizado el tiempo para resolver los casos, ya que el fiscal de flagrancia, cuyo rol antes estaba limitado solo a intervenir en las audiencias de casos cuando alguien es sorprendido en un cometimiento de delito y no han pasado 24 horas del hecho, ahora -por ejemplo- se debe seguir el proceso judicial hasta llegar a la sentencia.

“Con este nuevo modelo, el trabajo del fiscal, luego de evaluar las pruebas de la materialidad, decide si la persona acusada cometió una contravención o un delito. El mismo fiscal que conoce el caso será quien lleve el proceso hasta su culminación, esto es la audiencia de juzgamiento ante los tribunales de garantías penales”, explicó.

La mencionada Unidad, que solo actúa con detenidos en procesos que no tardan más de 2 meses, está integrada por el Consejo de la Judicatura, la Fiscalía, Policía, Defensoría Pública, Ministerio de Justicia y Ministerio del Interior, cuyos representantes trabajan las 24 horas del día, de manera ininterrumpida.

Fernando Yávar, exvocal del Consejo de la Judicatura, explica que la  iniciativa surgió para frenar la impunidad en los delitos flagrantes, ya que antes de cada 10 casos iniciados, solo dos terminaban en sentencia, y los procesos duraban hasta un año, pese a tener al autor del delito y contar con los testigos y las evidencias respectivas.  

En la Unidad se han dado, además, sentencias en procedimientos abreviados en menos de 8 horas, que es    cuando el imputado reconoce que cometió el acto ilícito, siempre y cuando este sea sancionado con prisión (de 1 a 5 años) y acuerda la pena con el fiscal y la parte acusadora.

En Quito la Unidad de Flagrancia empezó a operar el 29 de octubre de 2012. Está ubicada en las avenidas Patria y 9 de Octubre.

Un total de 170 servidores judiciales y administrativos, fiscales, guías penitenciarios y defensores públicos atienden a las víctimas de delitos y contravenciones.

Entre los servicios que ofrece, constan atención integral en caso de delitos violentos, examen médico legal, asesoría y cuidado de personas víctimas de violencia intrafamiliar, asesoría sobre procesos judiciales y otros.

Para los presuntos infractores existen zonas de custodia y aseguramiento transitorio, departamento médico y patrocinio de un defensor público.