Rendición de cuentas por las pensiones, sin respaldo
La obligatoriedad de que el padre o madre que recibe y administra las pensiones alimenticias, de su o sus hijos, rinda cuentas, se ha convertido en uno de los temas más polémicos de las reformas al Código de la Niñez y Adolescencia que se tramita en la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional.
Según datos del Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA), implementado en 2015 por el Consejo de la Judicatura (CJ), el 31,5% de las pensiones son menores a $ 100, y de los aproximadamente 550 padres de familia que pasan la manutención, el 85% lo hace por pensiones de $ 200 para abajo.
El SUPA ha dividido en 6 grupos los tipos las pensiones alimenticias. En el 5 se encuentran quienes pagan de $ 1.001 a $ 7.000, que son un 0,46%, y en el 6 los que cancelan de $ 7.001 en adelante, que suman apenas el 0,01%.
Marcela Aguiñaga, presidenta de la Comisión de Justicia, se pronunció en desacuerdo con la posibilidad de establecer la rendición de cuentas porque sería una actitud ofensiva para las madres o padres, especialmente para quienes reciben $ 100. Este aspecto se puede considerar para los grupos de las tablas 5 o 6, que pasan de $ 1.000.
Coincide con ella el defensor público general, Ernesto Pazmiño, ya que en una sociedad patriarcal o machista, como la nuestra, lo que eso va a generar es una espiral de violencia y cometimiento de mayores problemas. “Cuentas podría pedirse a esas personas que reciben una pensión superior a los $ 1.000, $ 2.000 y valores más altos, pero con una pensión de $ 100 o $ 200 no creo que debamos pedir rendición de cuentas y son la mayoría”.
Los términos de tenencia deben cambiar
Salim Zaidan Albuja, fundador de la organización ‘Por amor a nuestros hijos’, señala que, más que las pensiones alimenticias o cubrir las necesidades materiales, a los padres les importa los cuidados y afectos de los niños, por lo que se trata de efectivizar la corresponsabilidad parental contenida en los artículos 69 y 83 del Código, que hablan de la crianza, manutención y educación de los niños.
Propuso cambiar el uso del lenguaje, esto es, los términos de tenencia, visitas y pensión alimenticia, por custodia y convivencia familiar con los dos progenitores y presupuesto de manutención filial, respectivamente.
Gayne Villagómez, representante de las organizaciones de Mujeres y Cepam, considera que hay que darle valor real al trabajo de cuidados, con la clara cuantificación y que la rendición de cuentas no sea constante o mensual, ya que eso implicaría una intromisión en derechos humanos, es decir en el derecho a la intimidad familiar.
Pazmiño considera que el debate sobre este tema debe ir más allá.
“Yo sugeriría a la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional que el debate sea más amplio, con personas expertas. Aquí tienen que hablar mucho los sicólogos, los terapeutas familiares, los siquiatras, porque no solo es un tema de abogados, de norma jurídica, sino de convivencia familiar. Lo que se pretende es una sociedad más armónica, y sobre todo que prime la paz familiar”.
El contenido de la propuesta
El 18 de mayo, el expresidente de la República, Rafael Correa, remitió a la Asamblea Nacional el proyecto de reformas al Código de la Niñez y Adolescencia para evitar abusos en la tabla establecida para pensiones alimenticias.
En las reformas a la normativa propone facilidades que deberían tener los padres cuando viven la ruptura conyugal en malos términos con su expareja; incluye la corresponsabilidad parental para que la madre y el padre se responsabilicen del cuidado de los hijos, además de regular los regímenes de tenencia y garantizar la igualdad de derechos y deberes de los progenitores.
También plantea iniciativas para regular la convivencia familiar y modifica las disposiciones relacionadas con la patria potestad, según los argumentos del documento. (I)
Datos
A siete días de terminar su mandato, el presidente Rafael Correa envió a la Asamblea Nacional un proyecto de reformas al Código de la Niñez y Adolescencia.
La propuesta de reformas que se encuentra en trámite legislativo plantea cambios a 67 artículos. También modifica el artículo 137 del Código Orgánico General de Procesos (Cogep), y 11 artículos del Código Civil.
El punto polémico del proyecto se presenta cuando en el cuerpo legal se propone agregar un artículo, que sería el 146, el cual permite pedir rendición de cuentas sobre los gastos efectuados para el niño.
La Comisión de Justicia de la legislatura, presidida por Marcela Aguiñaga, está a cargo del trámite de estas reformas y hasta el momento ha recibido observaciones de alrededor de 10 sectores vinculados al tema.
