En el país, 676 jóvenes infractores, entre ellos 52 mujeres, cumplen sentencias en 11 centros de rehabilitación. Según cifras del Ministerio de Justicia, de ese total, 38% están implicados en delitos sexuales (violaciones), 19% en homicidios, 28% en robos y asaltos y el restante 15% en otros delitos e infracciones.

Según coinciden en decir especialistas consultados, el futuro de estos chicos tras las rejas es muy preocupante, debido a la falta de políticas integrales de rehabilitación.

Aseguraron que el Estado no invierte como debería en este tipo de población carcelaria, por ello es común ver que los centros de rehabilitación para jóvenes no tienen especialistas que los ayuden. Sostienen que es erróneo creer que la rehabilitación se limita a instalar talleres en las cárceles para enseñar algún oficio. Las críticas también apuntan a la falta de infraestructura adecuada.

La preocupación en torno a este tema se incrementó en los últimos días tras anunciarse desde el Gobierno que el Ministerio de Justicia desaparecerá o se fusionará con la Secretaría de la Política, por lo que se desconoce hasta el momento a dónde pasarán las competencias de la rehabilitación social.

Sin embargo, Paúl Granda, ministro de Justicia encargado y secretario de la Política, en entrevista con EL TELÉGRAFO publicada el jueves pasado, indicó que en cuanto a las competencias de rehabilitación se analizan dos escenarios: que pasen a la Secretaría de la Política o crear un ente especializado en administrar centros carcelarios.

Al ser consultado si serán suprimidas dependencias como las casas de acogida o centros de adolescentes infractores, afirmó: “No habrá reducción en servicios de casas de acogida y centros de rehabilitación. El objetivo es darle más fuerza y atención y mejorar la capacidad de atención de los derechos humanos”.

Sin estudios ni estadísticas reales

Álex Castro, psicólogo y catedrático de la Universidad Central del Ecuador, manifestó que sigue siendo un tema pendiente hablar de una verdadera rehabilitación de los adolescentes infractores.

“No hay políticas de rehabilitación y no hay coordinación entre los ministerios. Tenemos un desfase en la parte normativa y en lo concerniente a la obligación de rehabilitar y rescatar a los jóvenes que han cometido algún delito y por ello purgan una condena”, remarcó.

Sostuvo que lo más preocupante es que no hay estudios en el país sobre el tema de los adolescentes infractores. Por eso no se cuenta con estadísticas reales sobre los problemas que los llevan a infringir las leyes.

Dijo que lamentablemente la misma sociedad no le da al joven un espacio y la oportunidad para rehabilitarse.

“El chico infractor es producto del contexto familiar y social. En lo social no nos hemos recuperado del tema migratorio, mientras que en lo familiar no tiene un referente, no hay reglas en el hogar, sufren de baja autoestima y el problema se agrava porque provienen de hogares donde hay violencia”.

Anaín Pazmiño, trabajadora social de la Fundación Remar, concuerda con Castro.

Resaltó que el Estado invierte poco en el tema de caminar hacia una verdadera rehabilitación de quienes, por distintas circunstancias, han cometido delitos y son sentenciados por la justicia y censurados por la sociedad.

Cree que ha faltado apoyo del Estado para tratar, de manera especial, el tema de los adolescentes infractores.
Sostuvo que, a su vez, a la sociedad poco le interesa la rehabilitación de menores presos. Por eso, en muchos centros carcelarios hay más trabajo y presencia de fundaciones y organismos privados que del mismo Estado.

“La exclusión es la principal causa por la que los chicos transgreden la ley. La sociedad es cruel con ellos cuando salen de la cárcel, nunca les dan trabajo”, manifestó.

Falta infraestructura adecuada

Jairo Borja, educador del proyecto “Acción Guambras”, y Fredy Ruiz, técnico de proyectos de la organización “Chicos de la Calle”, aseguraron que los jóvenes infractores no cuentan en el país con una verdadera infraestructura física para rehabilitarse.

Y fueron más allá al decir que no se hace un trabajo de rehabilitación integral y sostenido, el cual debería abarcar la participación de las familias y del Estado mismo.
Incluso, tras cumplir las penas y abandonar los reclusorios, consideran que debería haber un seguimiento de cada caso, para ver si el menor se ha recuperado o no y, de ser posible, seguirlo ayudando para que no vuelva a cometer iguales o peores delitos.

Lamentaron que eso no se aplique en Ecuador, como ocurre en otros países.

“Los muchachos no tienen opciones de vida, de desarrollo. La mayoría son de barrios pobres donde la única opción es el fútbol. Esa falta de oportunidades los lleva a cometer delitos”, puntualizó Borja.

Añadió que si en algún momento se pretende armar un verdadero proyecto de rehabilitación para los menores infractores, “no se lo debe hacer desde un escritorio”.

Un adolescente no puede ser trasladado a un centro de adultos así cumpla la mayoría de edad.

Ruiz, por su parte, lamentó que el Estado no invierta ni el 10% del presupuesto asignado a lo social en el restablecimiento de chicos infractores.

Los especialistas consultados manifestaron que debido a la falta de una política integral de rehabilitación, los menores al salir de los centros vuelven a la misma rutina y ambiente: hogares disfuncionales, padres alcohólicos y malas amistades. Eso les hace propensos a seguir violentando la ley.

Se hace lo posible por rehabilitar

Liliana Guzmán, viceministra de Justicia, manifestó que en el Ecuador hay 624 adolescentes varones detenidos y 52 mujeres (total 676).

Explicó que a nivel nacional existen nueve centros de adolescentes infractores para varones y dos para mujeres.

Destacó que el ciento por ciento de los detenidos están vinculados con el sistema educativo, incluso uno de ellos está en la universidad.

“Hay un modelo para la implementación de la justicia restaurativa, distinta a la que se le brinda a un adulto”, dijo.

Aseguró que en todos los centros de rehabilitación se cumplen los ejes trazados, entre ellos una formación educativa, atención en salud y actividades laborales.

“En los centros tenemos talleres de panadería, costura, mecánica. En el femenino de Quito hacen crianza de pollos, cuyes, aves, de las abejas sacan la miel”, indicó.

Contrario a lo que señalaron expertos, representantes de fundaciones y legisladores, Guzmán dijo que hacen lo posible por llevar a cabo un verdadero proceso de rehabilitación. “Hay que trabajar en distintas maneras: psicológica, educativa, buscar cómo hacer la reinserción y la reincorporación de menores no solo con la sociedad, sino en el ámbito laboral”, admitió.

Berenice Cordero, ministra de Inclusión Económica y Social, coincidió con Guzmán en que vienen trabajando con los chicos infractores, especialmente en el campo educativo.

Sin embargo, Nicolás Reyes, secretario Técnico del Consejo para la Igualdad Intergeneracional, señaló que a más de trabajar con jóvenes infractores se debería hacerlo con sus familiares y la sociedad, pues eso no ocurre en la actualidad. (I)