Reformas legales, compras públicas y economía social y solidaria
En este año se realizaron las últimas reformas a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública que podrían agruparse en un conjunto de acciones que fortalezcan a la economía social y solidaria y sus actores.
El Instituto Nacional de Contratación Pública -ahora Sercop- aprobó la Resolución Nº 047-2011, que trata sobre el Procedimiento de Contratación para realizar ferias inclusivas, en donde ya se adelanta a definir algunos lineamientos que pueden contribuir al desarrollo de las iniciativas de pequeños y medianos productores/artesanos para ofertar bienes y servicios con la finalidad de ser contratados por las instituciones estatales.
Con la citada reforma legal se incorporan elementos como la definición de metodologías y la simplificación del acceso al sistema para micro, pequeñas y medianas empresas y sujetos de la economía social y solidaria, a pesar de que ya existían parámetros en ese sentido con la regulación normativa del ex-Incop.
Bajo esa perspectiva, es indispensable profundizar otras reformas legales y la radicalización de políticas públicas que fomenten nuestras industrias nacionales en una más sostenida vinculación con las compras públicas estatales para la proyección del cambio de esquema productivo del país. Por citar un caso, el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones -vigente hace más de 2 años- ya establece el beneficio en impuesto a la renta para las pymes, en la posibilidad de deducir en un 100% agregado los gastos de capacitación técnica, mejora de la productividad, asistencia tecnológica, difusión comercial, entre otros, por el lapso de 5 años; empero, hasta la actualidad no contamos con la reglamentación especial o normativa legal obligatoria que permita viabilizar y concretar este incentivo. En detrimento de aquello, las grandes empresas cuentan con una serie de deducciones, exoneraciones, reducciones, tarifas impositivas preferenciales, entre otras cosas, que ubican en desigualdad de condiciones para competir a las pequeñas y medianas empresas.
Necesitamos desarrollar nuevas industrias y consolidar la inversión en ciencia y tecnología para su mejor expansión. Si consideramos que el 88% de compras estatales pertenece a productos importados y generados en el exterior, las dinámicas de producción a ser transformadas deben estar orientadas a promover todas las condiciones posibles para que el país produzca y consuma todo aquello que el Estado necesita comprar para satisfacer obras, bienes y servicios en la población.
En este 2013 se han cumplido 91 años de la tragedia de obreros y artesanos ocurrida el 15 de noviembre de 1922, en la que fallecieron cientos de personas buscando reivindicaciones para su sector. Con acumulados históricos como este y para hacer realidad otro modelo económico-productivo, es indispensable buscar mejores alternativas y políticas para los micro, pequeños y medianos productores del país, que se traduzcan en reformas legales tendientes a crear otros procesos de desarrollo, en los que las compras públicas se conviertan en un instrumento donde los actores jueguen un rol protagónico con otro marco legal regulatorio que incentive su quehacer productivo.
