La Policía Nacional desarticuló una red conformada por miembros de la institución, médicos particulares y propietarios de funerarias.

La organización vendía formularios de defunción ya firmados y certificados, en los que constaba que la muerte de una persona se debía a causas naturales, por lo que no era necesario hacerle la autopsia de ley y el familiar del fallecido se ahorraba ese trámite.

En el operativo se realizaron 13 allanamientos en el cantón Durán y el sur de Guayaquil. El resultado fue la captura de 12 personas: seis servidores policiales, tres doctores y tres dueños de funerarias. De los galenos, dos están acreditados por el Ministerio de Salud Pública (MSP) para poder entregar los certificados de defunción.

La general Tanya Varela, comandante de la Zona 8 de Policía, señaló que la investigación se inició hace cerca de cuatro meses, en coordinación con la Fiscalía, por el presunto delito de asociación ilícita.

Mediante las labores de inteligencia desarrolladas por la Unase y la Dinased, se estableció el modus operandi de la banda. Según la general Varela, “cuando una persona fallecía en un hospital, se llamaba a través del ECU911 a comunicar la novedad, con el fin de que los servidores policiales que laboran en las ambulancias de Medicina Legal, conocidos como Bravo 2, se trasladaran a realizar el levantamiento del cadáver”.

Del hospital al velorio

Una vez los funcionarios conocían la novedad, con los datos que les proporcionaba el ECU911 se ponían en contacto con la familia del difunto y con las funerarias, y les indicaban que para evitar el protocolo de autopsia y que al cuerpo se le practicara el procedimiento de ley, ellos podían entregarles el certificado ya firmado, previo la cancelación de una suma de dinero, que oscilaba entre 300 y 700 dólares.

La ambulancia de Medicina Legal recoge los cadáveres en el sitio del levantamiento y lo traslada al anfiteatro. Foto Ministerio del Interior

La mayoría de personas aceptaba y el personal de Bravo 2 se trasladaba al hospital, donde efectuaba el levantamiento de cadáver y presentaba el certificado médico de defunción que ya le habían otorgado los médicos particulares por intermedio de las funerarias.

Según la jefe de la Zona 8 de Policía, con este documento retiraban el cuerpo y lo llevaban hasta el domicilio que les indicaban los deudos, para proceder a la velación.

Entre las evidencias encontradas habían 288 certificados de defunción, los cuales estaban tanto en las funerarias como en los domicilios que fueron allanados por la Policía. La general Varela especificó que la autopsia es un requisito obligatorio en todas las muertes, a excepción de aquellos casos en que la persona ha fallecido bajo un tratamiento médico.

El coronel Henry Herrera, jefe de la Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (Dinased) en Guayas, señaló que las sospechas iniciaron al detectar un comportamiento inusual en el personal policial implicado, ya que siempre buscaban estar en el servicio de Bravo 2 (levantamiento de cadáveres), así les tocara duplicar sus turnos. Eso despertó las alarmas.

Por el momento se han establecido tres casos en los que se evitó la realización de la autopsia. Las investigaciones determinarán si existieron más y hace cuánto operaba esta red. (I)