La Comisión de la Verdad (CV), creada por el Ejecutivo en el 2007 para documentar las presuntas violaciones a los derechos humanos, entregó 118 casos investigados. En marzo del 2012, cuando la Fiscalía creó la Dirección de la CV, se aumentaron a 140 casos indagados.

¿Qué esperan de la judicialización de casos de violaciones de derechos humanos?
Esperamos encontrar responsables individuales de los cientos de casos de detenciones ilegales, torturas, violaciones, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales. Estos casos necesitan tener un nombre y un apellido de quiénes los perpetraron. Las víctimas a las que no se les comprobó nada aún tienen en sus antecedentes penales registros de hechos en los que nunca participaron. Pasaron los años, pero el daño continúa.

Víctimas y acusados han dado  versiones,  se hicieron   peritajes y reconocimientos de lugares¿Cuáles son los delitos bajo los que se acusará a los presuntos responsables de los dos casos que serán judicializados?
El caso Arce será el tercero en judicializarse. El primero fue el de Damián Peña, en Cuenca. La segunda causa será por detención arbitraria y tormentos corporales contra José Lema y otros acusados falsamente de robo y asesinato en 1998. Esta audiencia se realizará hoy a las 09:00, en el Juzgado Primero de lo Penal de Pichincha.

El caso de Michael Arce se trata de un joven afroecuatoriano que fue maltratado por su color de piel en la Escuela Militar Eloy Alfaro. Este será tratado como delito de odio y será la primera vez en Ecuador que se juzgue este tipo de delito. A Michael le hacían sumergirse en la piscina de agua fría durante la madrugada, lo tenían bajo el sol durante horas, le hacían comer apartado de los demás y lo obligaban a pelear, en solo 30 segundos, contra cinco personas a la vez; le decían explícitamente: “un negro nunca nos va a dar órdenes a nosotros”. Esto pasó en 2010-2011.

¿Quiénes serán los procesados en estos casos?
La indagación se lleva contra policías y militares, agentes de investigación e instructores señalados por las víctimas como los responsables de las torturas. Aún no se descarta que se involucre a más personas. En el caso Lema se trata de dos policías pasivos; mientras que en el caso Arce se relaciona a un militar activo.

¿Cómo se analiza cuál caso es más viable en la investigación?
El análisis jurídico de cada caso determina cuáles son las investigaciones más fuertes desde el punto de vista de las evidencias; también se toma en cuenta el número de víctimas, si continúan en el país y si están dispuestas a seguir con el proceso, pues muchas personas prefieren no hacerlo.

¿Con cuántas personas trabajan en la Dirección de la CV?
Tenemos cinco equipos, cada uno con tres personas: fiscal, secretario y asistente. Ellos cuentan con asesores nacionales y extranjeros; tenemos la colaboración de dos “prometeos”, que son expertos de alto nivel que desarrollan investigaciones; cada quipo maneja un promedio de 25 a 30 casos. Hay que dejar en claro que no solo son casos de la Comisión de la Verdad, sino también casos de violaciones de derechos humanos que nos llegan a través de denuncias receptadas en la Defensoría del Pueblo y de la misma Fiscalía.

¿Fiscales y jueces están capacitados para tratar estos casos?

Es la primera vez que los fiscales conocen casos de lesa humanidad, y es un gran paso llevarlos a instrucción fiscal; hay alguna dificultad, porque ciertamente no existe experiencia en el tratamiento de esas causas. Ahora tenemos crímenes internacionales en donde debemos aplicar el derecho internacional en el ámbito doméstico; espero que no sea un problema, los jueces están conscientes de la responsabilidad, de las diferentes reglas, sentencias y protocolos para este tipo de caso.

¿Cómo se investigaron estas denuncias?
La Corte Interamericana de Derechos Humanos establece que se debe evitar que el propio ente investigado se investigue, y eso hemos hecho, pues es ilógico que los policías indaguen los hechos de los que ellos mismos fueron sus actores, es por eso que muchas veces salían sobreseídos. 

Ahora tenemos investigadores civiles, con apoyo y asistencia penal internacional, gente desvinculada de la entidad, que no tiene presiones.

Hoy se realizará audiencia en el caso Lema, ocurrido en 1998 y que afectó a tres personas ¿Aún existen documentos clasificados tanto por la Policía como por los militares?
Muchos documentos desaparecieron, han sucedido “incendios” en las bodegas donde los guardaban. La CV descubrió una bodega con los documentos de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Policía y otra información fue incautada a la Policía Judicial (PJ). No ha sido fácil, la respuesta de policías y militares cuando solicitamos información era: “ya no tenemos”. Otros la habían guardado por 15 años y luego de eso la incineraron. Hemos comprobado que no en todos los casos esto es cierto. Hemos encontrado carpetas con sellos de reservado secretísimo.

No se puede hablar de información legalmente clasificada, es información no proporcionada, la ley rige que clasificada solo puede estar por 15 años, y eso se podría renovar si es que hubiera razones que los justifiquen, pero este no es el caso.

¿Quién es?

Nombre: Fidel Jaramillo Paz y Miño
Profesión: Abogado con maestría en Derecho, de la Universidad de Columbia, Nueva York Edad: 31 años
Experiencia laboral: Trabaja en la CV, en el Instituto de Altos Estudios Nacionales y es docente en la Universidad Andina Simón Bolívar.