Pronóstico Negativo

Autor: Patricio Albán

Aunque la grave crisis económica resulta evidente, la gran mayoría de los efectos de esta pandemia son imprevisibles y aún no podemos dimensionarlos.
Ecuador, como todos los países en proceso de desarrollo, buscará mitigar el impacto a base de renegociaciones, deudas, préstamos, pero también se apoyará, en gran medida, por aquellos grandes inversionistas.

En este propósito, vemos a los Estados intensificando su llamado para nuevas inversiones; procuran ponerse atractivos, reducen su carga fiscal, levantan restricciones, etc. Este concurso de multiplicidad de oportunidades y escasez de inversionistas nos anuncia un concurso sagaz, en el que los países compiten por esas inversiones al más puro estilo de un reality show como “shark tank”.

Ecuador no puede ser la excepción. La situación de nuestra economía y la gran cantidad de necesidades obliga una búsqueda intensa de inversionistas privados casa adentro; es decir, golpear la puerta de los inversionistas privados que ya han confiado en el país y apertura para que dichos inversionistas puedan promocionar estas oportunidades casa afuera.

De esta manera, resulta indispensable que casa adentro, al menos se garantice seguridad jurídica. En este sentido, hoy más que nunca se requiere que cada entidad pública actúe apegada a la ley, que no haya abusos de poder y que se permita al sistema judicial actúe con absoluta independencia.

En estos días se ha puesto en la palestra pública el denominado “Caso Singue”. Para quienes conocen la industria petrolera, este caso es simplemente un “absurdo caso político” donde se evidencia un abuso de poder que contraviene a la seguridad jurídica de un inversionista privado. Sin embargo, la Fiscalía General del Estado, entre contradicciones, coyunturas y percepciones, obviando conceptos técnicos de la industria petrolera, pretende posicionar este caso como un caso de peculado con el solo argumento de que el país pudo haber ganado un poco más.

El Caso Singue es un caso de inversión extranjera, donde existe un inversionista privado sorprendido al ver como el mismo Estado, a través del Ministerio rector del área, legitima su inversión y certifica que solamente existen beneficios para el Ecuador; pero al mismo tiempo, el propio Estado arremete con acusaciones de la Contraloría y Fiscalía General del Estado, sumamente cuestionadas, en medio del montaje de un circo político.

Lo triste es que este espectáculo aberrante genera dos impactos inmediatos en la comunidad internacional: i) Este inversionista extranjero tuvo que redirigir sus inversiones hacia otros países afectando el clima de inversión en el país; y, ii) El país ha sumado a su larga cuenta de disputas otro arbitraje internacional en su contra, generando nuevamente una grave tónica de inseguridad jurídica en el sector petrolero.

¿Quién podría reclamar a este inversionista privado por su decisión de dejar de invertir en Ecuador cuando resulta obvio que su proyecto de inversión quedó interrumpido porque una autoridad de control dijo que se pudo haber ganado un poco más y que eso es un delito de peculado?

¿Quién explica a la comunidad de inversionistas que para el Ecuador no fue suficiente obtener del campo Singue los beneficios económicos estimados para 20 años en tan solo 4 años?

¿Quién explicará al Tribunal Arbitral Internacional que para el Ecuador no bastó que el inversionista privado haya generado más de 400 millones de ingresos para el Estado de un campo que estuvo abandonado por más de 15 años? ¿Cómo explicamos que, a criterio de las autoridades de turno, todo lo realizado por ciertos funcionarios del anterior gobierno está prejuiciado, y que esto basta para destruir y cuestionar gravemente una muy significativa inversión privada?

Nunca se debe perder de vista que los primeros embajadores de un país para la atracción de inversiones son sus propios inversionistas extranjeros. La comunidad internacional sí se toma la molestia de investigar los temas. Para los inversionistas no es suficiente calificar a un tema como “caso político” para justificar un maltrato a la inversión privada. Todo lo contrario, cuando un inversionista percibe que una inversión privada legítima es maltratada, sabe que su inversión puede ser la próxima víctima del sistema. ¿Cuál será en el Ecuador la siguiente inversión privada cuestionada?

Cualquiera que sea el próximo presidente va a tener que volcarse a una campaña, sin precedentes, de atracción a los inversionistas privados. En esta campaña se tendrá que explicar y justificar estos maltratos a la inversión privada. Para la industria petrolera, esta campaña será aún más desafiante, ya que el caso Singue se sumará a la larga lista de casos como el de Oxy, Chrevron, Petrobras, Perenco, Burlington y varios otros, que afectaron por años el clima de inversiones en el país y obligaron al Ecuador al pago de millonarias indemnizaciones a las empresas. ¿Cuántos millones de dólares pagaremos los ecuatorianos después de unos años por todas las demandas originadas de esta aberración jurídica y capricho político? ¿Quién será responsable de eso? ¿Habrá juicios de repetición?

Apelamos a que el Ecuador pueda revertir esta situación y que pese a los graves errores ya cometidos en el caso Singue, el Estado presente con un sistema judicial independiente, capaz de evitar la inherencia política garantizando los derechos básicos de sus inversionistas. Este será, sin duda, un primer gran paso para atraer a nuevos inversionistas. (O)