Durante 22 años y 10 meses trabajé en la Corte Provincial de Justicia de Pichincha. Cuando fui cesada en mis funciones, en 2012, me desempeñaba como Oficial Mayor.

Mi separación del sistema público judicial se dio porque en la evaluación que nos realizaron me faltó un punto para obtener la calificación que me avalaba.

Pedí reconsideración, pero mi pedido nunca fue revisado. La evaluación como tal fue una excusa para sacarnos de nuestros trabajos. En los años anteriores las calificaciones de mis evaluaciones fueron excelentes. Cómo es posible que de un año al otro mi nota bajara de tal manera que ni siquiera llegué al mínimo. Cuando fui funcionaria judicial, los procesos que tuve a cargo siempre fueron despachados en el tiempo establecido. Algunos se resolvieron, incluso,  en menos del lapso fijado.

Cuando ya no pude ejercer mis funciones me vi obligada a devolver 12 procesos con autos para sentencia.   

A pesar de laborar por tantos años, la notificación de mi salida no me llegó a mí, sino al presidente de la sala. Esa resolución es nula. Frente a eso presenté una demanda ante el Contencioso Administrativo. Son siete años que no despachan mi pedido a pesar de que está en la fase de autos para sentencia.

El pedido que hacemos desde hace tanto tiempo es la agilidad de estos procesos. Si los actuales jueces no despachan nuestras causas se deben tomar las mismas medidas que aplicaron y por las que muchos compañeros se quedaron sin trabajo.

Mis derechos fueron vulnerados y lo que busco es que se repongan. Entre las reparaciones están las medidas que implican el pago de las remuneraciones y otros beneficios de ley por el tiempo que duró la sanción.

Este artículo es el 109, numeral 7 del Código de la Función Judicial, que se aplica por intervenir en las causas que debe actuar, como juez, fiscal o defensor público, con dolo, manifiesta negligencia o error inexcusable.

Cuando me cesaron en mis funciones acabaron con mi carrera. Durante estos años no he podido ejercer la profesión que estudié y a la que me dediqué por tanto tiempo.

He salido adelante y me he mantenido gracias a la ayuda de mi familia. Mi esposo y mis hijos, que ya son grandes, han sido mi soporte afectivo y económico. Yo no voy a descansar hasta que se haga justicia. Tienen que devolverme mi trabajo.

No es nuevo que en los años en los que a mis compañeros y a mí nos dejaron sin trabajo existía una injerencia del gobierno en la justicia nacional. 

La irrupción en el despacho o llamadas por teléfono con disposiciones directas, o el inicio de expedientes disciplinarios contra los jueces con argumentos como el error inexcusable, la manifiesta negligencia, la falta de motivación, entre otros,  son algunas de las presiones que usaba el antiguo CJ.

La próxima semana en Quito será la Asamblea para tratar nuestros casos. No es posible que del centenar de procesos iniciados apenas 20, según lo conversado con los compañeros, se hayan resuelto. Esto se ha hecho a través de las acciones constitucionales, mas no por el Contencioso Administrativo. (I)