El Tribunal Séptimo de Garantías Penales de Pichincha avocó conocimiento de la causa que se sigue en contra de 13 policías que estuvieron de turno en la central de radiopatrulla el 30 de septiembre de 2010, a quienes acusaron de haber mal utilizado las radios profiriendo insultos e incentivando a la violencia en contra del presidente de la República, Rafael Correa.

La providencia señala que se enviará a los casilleros judiciales de los procesados la notificación sin perjuicio de que intervenga un defensor público que designará la Defensoría Pública de manera que procedan en conjunto o individualmente en la defensa de los acusados.

Esta acción se emite para prevenir que alguno de los imputados quiera alegar la falta de defensa y opte por faltar a la audiencia de juicio una vez que se notifique la fecha.

Así mismo se ratificó la competencia del Juzgado Sexto para seguir el proceso y se determinó que los imputados se presenten los días lunes, cada dos semanas, en esa judicatura. Ellos fueron beneficiados con esa medida cautelar hasta que se inicie la etapa del juicio cuya fecha está por fijarse.

Esta providencia se emitió luego de que fue rechazado el pedido de nulidad el pasado 12 de noviembre del 2013, interpuesto por la defensa de los acusados y en la que el Juez rechazó el recurso y ratificó la validez de lo actuado.

Este caso fue judicializado en octubre de 2010 cuando el fiscal Gustavo Benítez formuló cargos contra los uniformados, entre ellos la coronel Myriam S. que dirigía la Cmac de la Policía el día de la revuelta.

El fiscal consideró que el 30 de septiembre de 2010 la central de radiopatrulla se utilizó para alentar al desorden encaminado a cometer delitos mayores, ya que a través de las radios los policías hablaban de extorsión, plagio y otros azuzaban a que maten al Presidente. “Se puede observar que se incitó al desorden público; incluso el departamento de la CMAC habilitó las bandas y permitió que todo lo que sucedía se conociera en otras provincias”, señaló el Fiscal en esa audiencia.

Igualmente el teniente Kléver B, que trabajaba en la cabina Centro Occidente, irrespetó el manual de la policía ya que ninguna de esas actuaciones fueron solicitadas y reveladas. El sargento Juan O, quien trabaja en informática, no dio solución a las cabinas plagiadas y no concurrió a evitar que se agreguen a otras provincias, además nunca informó de desmanes informáticos a otras unidades.

En esta dinámica, el sargento Ángel R., de la Zona de la Florida, no prestó ayuda al contingente. Él se encontraba manipulando la Cabina Centro Occidente y debía haberse encontrado en su lugar de trabajo, además se observa que salió de la revuelta policial a las 10:00.

Con relación al cabo Fredy V, debió reportar en las cabinas y en los partes que había personas que estaban manipulando los equipos, sin embargo, permitió que se utilizaran de manera inadecuada sin tomar las precauciones.

Así mismo, con el supuesto aval de los radio-operadores ingresó incluso una persona encapuchada para presuntamente utilizar la radio frecuencia con el objeto de difundir amenazas y promover el caos.

Los funcionarios tenían la obligación de referir a las personas ajenas al servicio e impedir el uso de los equipos. Ninguno de los uniformados realizó parte informativo así como tampoco comunicaron el hecho a sus superiores.

Hasta el local de la CMAC, ubicado al interior del Regimiento Quito, donde se realizaron los mayores sucesos que pusieron en riesgo la vida del Primer Mandatario, ingresaron personas ajenas al servicio.

Todas esas actuaciones fueron consideradas altamente sospechosas por la Fiscalía y en base a esos elementos se resolvió iniciar la instrucción fiscal en contra de los procesados.

La fecha del juicio se conocerá tan pronto los imputados sean notificados conforme a la ley.