A un año, dos meses y 10 días de haber sido denunciada de hacer ofertas a una procesada para que cambie su declaración, la exasambleísta de la Revolución Ciudadana, Sofía Espín, es liberada de culpa.

El 25 de septiembre de 2018, hizo pública la denuncia la exagente Diana Falcón, procesada y testigo protegida por el secuestro al político Fernando Balda.

Dijo que la entonces legisladora Espín y Yadira Cadena, del equipo de abogados del expresidente Rafael Correa, la visitaron el día anterior en la Casa de Confianza, donde estaba recluida.

Ahí le pidieron que se retracte de su afirmación, de que el expresidente estuvo al tanto de la acción que se cumplía en Colombia para traer al país a Balda.

A cambio recibiría asistencia técnica de un abogado, asilo político en Bélgica y ayuda de derechos humanos y la ONU. Por esto, la Fiscalía inició una investigación.

Simultáneamente en la Asamblea se conformó una comisión multipartidista para que analice la situación de la legisladora. El 13 de noviembre de 2019, con el voto favorable de 94 legisladores, el Pleno de la Asamblea destituyó a Sofía Espín, acogiendo la recomendación de la comisión.

El 27 de diciembre, por pedido de la Fiscalía, se abrió una instrucción fiscal por el delito de tráfico de ofertas contra Espín y Cadena. A las dos se les impuso medidas cautelares.

No obstante, el 23 de enero de 2019, el juez de la causa, Iván Saquicela, dispuso la prisión preventiva de Espín, por incumplir la medida de presentarse periódicamente en la Corte.

Para ese entonces la exlegisladora ya no estaba en el país y la ministra de Gobierno, María Paula Romo, reveló que Espín gestionaba el asilo político en Bolivia.

La causa penal continuó contra ambas procesadas y el 20 de marzo se cambió el supuesto delito a fraude procesal en el grado de tentativa.

Fiscalía se abstiene de acusar

El caso no tuvo mayores avances sino hasta este jueves, en que la fiscal general del Estado, Diana Salazar, emitió dictamen abstentivo a favor de Sofía Espín y de Yadira Cadena.

Esta resolución de la Fiscalía deja sin efecto el proceso penal por tentativa de fraude procesal, que se seguía en contra de las dos.

En el escrito de Salazar dirigido al juez Iván Saquicela, señala que a diferencia de otros casos, en este no hubo un enfoque técnico jurídico adecuado. “Por lo que persistir en la acusación no sería ético y contravendría los principios de objetividad y mínima intervención penal”.

Según la Fiscal, la decisión se tomó luego de un “profundo análisis jurídico”.

Tras recibir el dictamen abstentivo, al mediodía de este jueves 5 de diciembre de 2019, el juez dispuso que sea notificado en físico y digital a todos los sujetos procesales que intervienen en la causa. “Quienes deberán pronunciarse al respecto en el plazo de 24 horas”.

Según el jurista Marcelo Altamirano, el dictamen no puede ser modificado.

No podrá recuperar su curul

El presidente de la Asamblea, César Litardo (PAIS), dijo que no se restituirá a Espín en el cargo de asambleísta. Esto porque la decisión de la Fiscalía es diferente a la de la legislatura. “La Asamblea toma decisiones políticas y es independiente de las que adopte la Justicia”, manifestó. (I)