Presentación periódica cada cuatro días ante la justicia, prohibición de salida del país y de acercarse a cualquier institución pública, son las medidas impuestas a tres procesados por el ataque al edificio de la Contraloría General del Estado (CGE) la noche del lunes 7 de octubre de 2019.

Robo y daño a bien ajeno son los delitos por los que la Fiscalía General del Estado acusa a estos tres ciudadanos, cuyos nombres no fueron revelados.

La Fiscalía informó que la jueza de la causa autorizó el inicio de una instrucción fiscal de 30 días. En este tiempo investigará para recopilar evidencias, determinar responsabilidades y establecer vinculaciones de otras personas que habrían participado en el hecho.

Ventanales rotos, puertas forzadas, planchas de metal destruidas en la fachada del edificio, entre otros, son los daños provocados por un grupo de manifestantes que ingresó a la fuerza, la noche del lunes 7 de octubre de 2019, por el costado occidental del edificio de la CGE.

#ATENCIÓN | Respecto a los hechos ocurridos en la Contraloría: #FiscalíaEC abrió una instrucción fiscal de 30 días contra un ciudadano por daño a bien ajeno. Jueza dispuso presentaciones cada 4 días, prohibición de salida del país y de acercarse a cualquier institución pública. pic.twitter.com/jaGUbWk5d5

— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) 9 de octubre de 2019

El contralor, Pablo Celi, enfatizó que en el ataque no intervinieron miembros del movimiento indígena o de organizaciones sociales, sino “profesionales” para destruir documentos y conspirar contra la democracia. “Es un ataque de una banda organizada con la clara intención de sustraerse y destruir documentos que sustentan responsabilidades civiles y penales y de investigaciones en marcha”, precisó.

El organismo se encarga de auditar el uso de los recursos públicos y de levantar informes con responsabilidad penal, único documento válido para iniciar investigaciones penales por peculado en la Justicia.

La ministra de Gobierno, María Paula Romo, manifestó en su cuenta personal de Twitter (@mariapaularomo) que “por primera vez en nuestra historia que una ‘marcha’ va a la Contraloría General del Estado”.

¿Qué hay en la Contraloría?

En el organismo de control se encuentran documentos sobre auditorías, exámenes especiales e informes de presuntas irregularidades en el sector público.

Desde enero hasta junio de este año 2019 la Contraloría aprobó 732 informes generales y penales. Durante 2018 aprobó 2.551 informes generales y se enviaron 268 informes con indicios de responsabilidad penal a la Fiscalía.

Las glosas sumaron $ 814 millones y se establecieron sanciones administrativas (multas) por $ 20 millones.

Los informes establecen responsabilidades civiles, administrativas y penales que señalan a exministros y funcionarios del gobierno del expresidente Rafael Correa. Incluso él aparece en la lista de involucrados.

Entre la documentación que reposa en la Contraloría y que vinculan al exmandatario están la de los casos: de la deuda pública contraída entre 2012 y 2017; el proceso de emisión, colocación y pago de certificados de tesorería Cetes; el uso de los aviones presidenciales.

Además, los recursos utilizados para homenajes por el 30-S; el Fondo Partidario de Alianza PAIS (caso Sobornos); Campo Singue y Reconstrucción de Manabí. También hay informes sobre otros hechos de corrupción que involucran a otros exaltos funcionarios.

Entre ellos los casos: Petrochina; Posorja; Yachay; Refinería de Esmeraldas; Poliducto Pascuales Cuenca; Planta de almacenamiento de gas Monteverde; Refinería del Pacífico.

El traspaso de los Fondos complementarios al IESS; Manduriacu; los proyectos mineros Cascabel y Llurimagua; compra de medicinas y ejecución de obras en el IESS.

Un examen al Fondo del Gasto Electoral; el Metro de Quito; los contratos con Sinohydro; la Plataforma Gubernamental Financiera, entre otros.

Un funcionario de la Contraloría, que pidió no revelar su nombre, dijo que los atacantes no lograron sustraerse ninguna información. (I)