El juez nacional Iván Saquicela dictó, la noche de este miércoles 13 de marzo, orden de prisión preventiva en contra del exvicepresidente de la República, Jorge Glas; y el exministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja Yannuzzelli, por el delito de peculado, cometido presuntamente en el caso Singue.

Para los ocho restantes procesados, dispuso la prohibición de salida del pais y la presentación ante el juez todos los lunes.

Para los 10 imputados ordenó la prohibición de enajenar bienes y la retención de fondos salvo los sueldos, pensiones jubilares y remuneraciones.

En audiencia de formulación de cargos, la fiscal general (e) Ruth Palacios acusó de peculado a 10 exfuncionarios del gobierno anterior en base a 53 elementos de convicción. Entre ellos, Glas, Pareja y Wilson Pástor. Además, José Burgos, Milton Jiménez, María Lorena Espinoza, Aníbal Cazar, Alfredo Herrera, René de Mora y Julio Cárdenas. A Gustavo Donoso se abstuvo de acusar.

En la diligencia judicial que se cumplió en la Corte Nacional de Justicia, la Fiscal afirmó que los acusados provocaron un perjuicio al Estado por $ 28’479.889 en la negociación del crudo del campo Singue.

Por ello, para Glas y Pareja, pidió prisión, mientras que para los ocho restantes, la prohibición de salida del país y presentación periódica. Para todos la retención de cuentas y prohibición de enajenar bienes por $28’479.889.

Harrison Salcedo, abogado de Glas, indicó que no es necesaria la medida solicitada para su defendido, debido a que ya se encuentra detenido por otro caso y pidió se revea la solicitud fiscal.

El juez nacional Iván Saquicela, previa consulta con la Fiscal, estableció que la retención de cuentas no incluirán los sueldos, remuneraciones o pensiones jubilares. Esto porque no se puede poner en riesgo la manutención familiar.

La investigación de este caso se inició a finales de 2017, luego de que la Contraloría emitió un informe con indicios de responsabilidad penal, sobre la negociación del crudo del campo Singue.

La Contraloría analizó la adjudicación del campo petrolero al consorcio Dygoil Consultora y Servicios Petroleros Cia. Ltda. y la firma Gente Oil Development LLC (DCG) en el que se habrían cometido irregularidades.

En el informe se explica que la tarifa de $33,50 por barril (a favor del consorcio) fue establecida sin sustento técnico, ni legal. (I)