Conforme el fiscal de la Nación, Galo Chiriboga, exponía los fundamentos para sindicar a los miembros de la Policía que causaron la muerte de 8 personas, en un local de Fybeca del sector de la Alborada al norte de  Guayaquil, en la Sala  de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia, a Dolores Briones, esposa de uno de los abatidos y que acudió a la audiencia de formulación de cargos, se le humedecían los ojos, por lo que continuamente trataba de secarlos con un pañuelo blanco.

“Vamos a demostrar que en este hecho sucedido el 19 de noviembre de 2003 los policías acusados cometieron un delito de grave violación a los derechos humanos en la modalidad de ejecución extrajudicial tipificado en el artículo 450 del Código Penal Vigente”, dijo  Chiriboga durante su exposición ante el juez Jorge Blum.

Esas palabras con las que inició la  sustentación de cargos el fiscal conmovieron a Dolores, que nuevamente secó las lágrimas que le resbalaban por las mejillas, mientras colocaba  su mano derecha sobre una biblia de pasta roja abierta en el capítulo de los Salmos. Ella perdió a su esposo por las balas policiales disparadas durante el operativo que supuestamente se implementó para repeler a 6 asaltantes que ingresaron al local donde trabajaba como mensajero.

A su lado izquierdo, en la misma mesa donde estaba el fiscal relatando los hechos del caso  al magistrado,  estaba Dolores Vélez, cuyo esposo murió igualmente por impactos de bala en el interior de la farmacia a la que ingresó a comprar pañales para su hijo de tres meses.

En cambio, Dolores Guerra, esposa de Johnny Gómez, desaparecido en el mismo lugar tras la intervención policial, se ubicó en las sillas asignadas para el público.

El fiscal aseguró que cuenta con las evidencias suficientes para implicar a los 31 uniformados, entre los cuales están incluidos los integrantes de la segunda sala de la Corte Distrital de Policía, que en una primera instancia sobreseyeron a los 20 policías que intervinieron en la fatal intervención.

Chiriboga señaló que esa unidad  judicial no tomó en cuenta el informe que elaboró la Inspectoría de Policía sobre los hechos y que concluyó que se habían violentado los protocolos de intervención, además de que el oficial a cargo del operativo, Eduardo G., no se comunicó con la central de radiopatrulla, sino solo hasta que ya se habían producido las muertes. Además de que se comprobó que habían movido los cuerpos alterando la escena del crimen.

Está pendiente la investigación por las tres desapariciones que generó el operativo policial.A pesar de ese informe, la sala distrital no lo incorporó al proceso y declaró inocentes a todos los implicados. El fiscal también detalló que recogió las versiones de dos testigos -uno de los cuales está en calidad de protegido- y detalló que los policías dispararon contra los asaltantes cuando estaban tendidos en el piso boca abajo.

Según la autoridad judicial, eso demuestra que en la incursión hubo una ejecución extrajudicial, pues se comprobó que solo dos de los 6 asaltantes estaban armados.

Por tal motivo, Chiriboga solicitó al juez que ordene la medida cautelar de prisión preventiva contra 21 uniformados, prohibición de enajenar bienes a 9 y arresto domiciliario contra quien fue comandante de la Policía de esa época, Jorge Poveda.

La instrucción fiscal durará 90 días, luego de lo cual se llamará formalmente a juicio a los implicados.Sobre el alto oficial, el fiscal señaló que fue él quien ordenó la creación del Grupo Especial Antidelincuencial (GEA), conformado por 7 uniformados al mando del ese entonces mayor Eduardo G., quien el día de la masacre en la farmacia se arrogó funciones, ya que esa mañana había viajado de Esmeraldas a Guayaquil para capturar a un delincuente en torno a una investigación por una denuncia sobre la presunta intención de atentar contra el alcalde Jaime Nebot.

“Este grupo estaba al margen de la ley”, dijo el fiscal, ya que no constaba en la estructura orgánica de la Policía y obedecía únicamente a las órdenes del comandante.

El juez de la Sala de lo Penal, una vez que escuchó a las partes, acogió el pedido  fiscal e inició el proceso  ordenando la prisión preventiva de 20 implicados (6 pertenecen al GIR) y la prohibición de enajenación de bienes de hasta 100 mil dólares para los demás, con la condición de presentarse a la corte cada semana.

Las ‘Dolores’ recuperan la fe

Eran las 16:00 del miércoles último, cuando en el domicilio de Dolores Guerra Tabara, cónyuge del presunto desaparecido Johnny Gómez Balda, se vivía un ambiente de ajetreo. La mujer se preparaba  para acudir al día siguiente a la audiencia de formulación de cargos contra los 31 involucrados en el presunto delito de ejecución extrajudicial como grave violación a los derechos humanos.

La audiencia se desarrolló en Quito, pero eso no fue un impedimento para la mujer, puesto que ya había viajado antes por diligencias en torno al caso, y en compañía de las viudas, Dolores Briones y Dolores Vélez.

Dolores Guerra, con el objetivo de cumplir con su deber ciudadano y con el anhelo de que esta cita motive el cambio por el que tanto ha luchado desde la ausencia de su esposo, manifestó que las esperanzas de obtener justicia han tomado fuerza nuevamente con el inicio de este proceso por parte de la fiscalía.

“Necesitamos que ya no se niegue la justicia en este país, como lo hicieron conmigo”, enfatizó la mujer. Sus palabras surgen al recordar que hace 10 años busca a su esposo (detenido luego del asalto a una sucursal de la farmacia Fybeca, ubicada al norte de Guayaquil) y hasta la fecha no hay una sentencia en el caso.

La mujer indicó que aún existen en el país policías corruptos, por lo que instó y felicitó a las autoridades por la depuración que se está dando en la institución. Señaló que se debe empezar con la baja de los más de veinte policías que participaron en el operativo.

Dolores dijo estar convencida de que los gendarmes involucrados son causantes de la desaparición de Gómez, quien aseguró que la llamó el 20 de noviembre de 2003, día siguiente de la matanza, para pedirle ayuda porque los policías lo querían matar.