Entre el 23 de marzo y el 19 de mayo de 2020, el prefecto de Guayas, Carlos Luis Morales, dispone a la directora Provincial de Desarrollo Comunitario iniciar los trámites para la contratación de emergencia de equipos de fumigación y componente de amonio cuaternario.

Según la disposición, ambos productos tenían como fin la sanitización y desinfección del sector de alta afluencia como parques y mercados de los cantones del Guayas. Sin embargo, para el 23 de marzo de 2020 era imposible que los ciudadanos acudan a los parques porque estaban cerrados y había toque de queda.

También, el 21 de mayo, la Prefectura adjudicó un contrato por $ 90.000 al ciudadano Francisco Hermelindo Velásquez, de 76 años, para que entregue una proyección estadística del covid-19 y así determinar la magnitud de contagios. El beneficiario aparece en dos empresas, una en estado pasivo y otra que se desconoce su ubicación, según información de Fiscalía.

En ambos casos hubo presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos, en los que están implicados familiares y amigos cercanos al prefecto de Guayas.

Entre marzo y mayo de 2020 la Prefectura de Guayas adjudicó 12 contratos, que sumaron aproximadamente $ 3’ 601.617,30 para la adquisición de insumos médicos, a fin de enfrentar la pandemia del covid-19.

Estos contratos presuntamente fueron suscritos por la Prefectura con personas naturales y empresas que estarían relacionadas con el procesado Carlos Luis M. B. Además, varias compañías están en estado pasivo y los domicilios que constan en los contratos serían “fachadas”, indicó durante la audiencia Yanina Villagómez, fiscal provincial del Guayas.

En este caso hay ocho procesados por tráfico de influencias, pero ninguno preso. Sandra Arcos y Xavier Vélez Arcos, esposa e hijastro del pefecto Morales, integran dos de esas empresas, incluso Xavier Vélez Velásquez, padre de Xavier, aparece en una.

En contra de los familiares del Prefecto pesa una orden de prisión porque están prófugos. “Esperamos que la Policía ejecute esas órdenes de detención”, manifestó ayer la fiscal Diana Salazar. (I)