Desde 2015, los Centros de Rehabilitación Social (CRS) han incorporado en su sistema educativo herramientas tecnológicas para que los internos accedan a la instrucción superior.

Hace ocho años, el problema de deserción era recurrente. Los reclusos debían trasladarse desde su centro carcelario hasta una sede asignada para recibir clases.

La movilidad era tan complicada, que el 97% renunció a la formación. Ahora, gracias a la tecnología, los reclusos siguen los estudios desde la cárcel porque asisten a clases en línea.

En la actualidad, hay 40.771 personas privadas de libertad (ppl). De ese número 580 personas siguen la universidad, según el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI).

Víctor Jácome, director de Régimen Cerrado, reconoció que el número es pequeño, pero advirtió que la tendencia de acceder a estudios superiores está en aumento.

El sistema penitenciario tiene convenios con el Ministerio de Educación para alfabetizar y dar clases de Educación Básica y Bachillerato.

Jácome explicó que los internos sienten la necesidad de continuar su instrucción. Es ahí cuando actúa la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt), que ofrece becas de universidades públicas y privadas, señala Liliana Macías, coordinadora Nacional del Eje de Educación Superior.

En un principio se daban becas desde entidades públicas como la Central, Técnica del Norte, de Manabí y la Estatal de Milagro.
Pero se sumaron instituciones privadas como la Católica Santiago de Guayaquil, la Politécnica Salesiana, el Instituto Tecnológico Superior Simón Bolívar, Vicente León, San Pablo de Atenas, la UTPL, entre otras. Esta última entregó 360 becas solo en 2019.

Riguroso proceso de selección

Edmundo Moncayo, director general de SNAI, advirtió que una de las acciones emprendidas para afrontar la crisis carcelaria es fortalecer los sistemas educativos. Dijo que los internos, al aumentar su formación, se suman a la reinserción social.  

Por ello, para acceder a las becas, los interesados deben cumplir las mismas condiciones y procesos que siguen los civiles. Es decir, dar el examen Ser Bachiller, que es requisito para tener el título de bachiller y para postular a un cupo.

Ese proceso se cumple con apoyo de un líder educativo. Al culminarlo, el sistema informa horarios y clases. Así, 40 presos obtuvieron su título entre 2015 y 2019.

Uno de los beneficiarios fue José Alfonso M.V., quien en octubre pasado obtuvo su título en línea como abogado de los tribunales y juzgados. El interno guarda prisión desde 2011. En su historial tiene sentencias por dos asesinatos y líderó una banda delictiva en Guayaquil.

El acceso a estudios de cuarto nivel (maestrías) también está en aumento, advirtió Macías. Entre 2013 y 2018, siete personas obtuvieron su título en Loja, Ambato, Cotopaxi y Quito. El primero se entregó desde la Cárcel N°4.

Jácome advirtió que para esta modalidad, los internos se encargan de tramitar su propia carrera. Esto quiere decir que si ellos lo desean pueden solicitar una beca a las universidades de su interés o pagan los estudios con sus propios recursos.

Así lo hizo Daniel Patricio G. R., quien sacó su maestría en la Universidad Internacional de la Rioja (España), en julio de 2019. El interno cumple una condena de 9 años por delincuencia organizada. El recluso tenía una licenciatura en Ciencias Policiales. Con sus propios medios costeó la maestría en Sistemas Integrados de Gestión.

Macías advirtió que las personas que se han sumado a procesos educativos muestran actitud positiva para su rehabilitación. Añadió que el SNAI contempla planes de contingencia para que no se retrasen en las clases, especialmente cuando ocurren hechos como amotinamientos o fugas. (I)