En lo que va del 2019, 17 personas privadas de la libertad (PPL) fueron asesinadas a causa de los enfrentamientos entre bandas dentro de los centros de rehabilitación social que funcionan en el país.

Los recientes seis decesos ocurrieron el último jueves durante un amotinamiento registrado en la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil.

Algunos de los asesinatos fueron grabados por celulares que los internos poseen dentro de estos establecimientos.

Frente a esa realidad y como parte del estado de excepción vigente desde el 16 de mayo en el sistema de rehabilitación social, la Policía Nacional anunció la reorganización del control de los centros carcelarios.

El general del Distrito, Byron Vallejo, nombrado, hace poco, director de Contingencia Penitenciaria, indicó que la acción implica la reubicación de hasta 115 PPL considerados como líderes de las bandas delictivas que operan dentro de prisión.

En la actualidad, la Policía Nacional, a través de un informe de los guías penitenciarios y labores de inteligencia ha identificado a 90 reclusos que serán trasladados en los próximos días.

Estos internos, divididos en escala de baja, mediana y alta peligrosidad, serán parte del área de tratamiento especializado para difícil adaptación. Ahí tendrán el control directo del Grupo de Intervención y Rescate (GIR), el Grupo de Operaciones Especiales (GOE) y la Unidad de Mantenimiento del Orden Público (UMO).

La medida se aplicará en los principales reclusorios del país ubicados en Guayaquil, Cuenca, Latacunga y Manta.

Vallejo señaló que después del amotinamiento, la entidad a la que pertenece realizó una requisa en los pabellones 5, 6 y 12 de la Penitenciaría. Además del decomiso de sustancias sujetas a fiscalización, armas blancas y  de fuego, los agentes encontraron dos ruteadores, que usaban los privados de libertad para acceder a internet.

El uniformado agregó que se han destinado 2.600 agentes para atender los cuatro principales centros centros de rehabilitación social del país. Ellos estarán dotados de armas de fuego y las usarán rigiéndose a la ley.

A los conflictos entre bandas delictivas dentro de las cárceles se suma el hacinamiento. Hasta abril de 2019, en las 36 penitenciarías que operan en el país estaban recluidas 40.096 personas, aunque la infraestructura física tiene capacidad solo para 27.742. (I)