Los patios de la Casa de Justicia de Carcelén, en el norte de Quito, fueron adecuados para la instalación de la audiencia preparatoria de juicio solicitada por la Fiscalía, que se efectuará hoy, a partir de las 09:00.

En la diligencia se determinará el grado de participación de 225 militares de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), entre los cuales constan 17 policías en servicio activo y 14 en pasivo, que el 30 de septiembre de 2010 presuntamente se tomaron la pista del antiguo aeropuerto Mariscal Sucre.

Según la Fiscalía, los imputados de la FAE estuvieron de turno el día de los acontecimientos del 30 de septiembre de 2010 (30-S), durante la revuelta policial que puso en peligro la vida del Presidente.

Además, se revisaron decenas de videos, fotografías e informes que determinaron la actuación de los implicados en esos hechos que, según el fiscal Iván Ron, constituyen un delito de rebelión y sabotaje.

Los militares fueron acusados de participar en los desmanes del 30-S, lo cual, según un informe de la Contraloría, provocó pérdidas económicas aproximadamente de $ 44.622, por la suspensión abrupta de las actividades del aeropuerto y el libre tránsito de pasajeros y mercancías.

La Fiscalía ha efectuado 7 audiencias de vinculación después de que se inició el proceso el 26 de marzo de 2013, en el Juzgado Decimocuarto de Garantías Penales de Pichincha, donde fueron imputados 84 militares, además de 17 policías activos y 14 en servicio pasivo, posteriormente se incluyó en el proceso a otro militar de la FAE.

El 23 de julio de 2013 el juez Frans Valverde ordenó la vinculación de 5 sospechosos más, el 21 de agosto del mismo año se imputó a otros 20 detenidos y el 19 de septiembre se sumaron otros 24. El 18 de octubre se vinculó a 24 militares de la FAE, el 15 de noviembre a 23 y el 15 de diciembre a otros 23. En la última audiencia, realizada el 11 de enero de 2014, fueron vinculados 22 uniformados.

El juez ordenó medidas cautelares de prohibición de salida del país a los implicados, la mayoría acude normalmente a sus destacamentos militares, por este motivo el abogado Aurelio Garófalo, defensor de algunos uniformados, señaló que esta vinculación es nula.