El pasado 20 de julio, dos gendarmes que patrullaban en el sector de Río Blanco, en la provincia de Azuay, fueron agredidos por un grupo de personas que se oponían a la explotación minera en la zona.

Los dos policías se movilizaban en un patrullero cuando fueron atacados con golpes y piedras por ocho personas quienes, además, sustrajeron las armas de los uniformados.

Este es uno de los 17 casos de agresiones a miembros de las fuerzas del orden que se han registrado en la que va de 2019; el año pasado, la cifra alcanzó 34 novedades.

Según el Código Orgánico Integral Penal, la persona que ataque o se resista con violencias o amenazas a los  agentes de Policía cuando obran en ejecución de las leyes, serán sancionadas con pena privativa de libertad de seis meses a dos años.

Además, si la agresión la cometen varias personas, la sanción va de uno a tres años; asimismo, si los agresores están armados, la pena aumenta a entre tres y cinco años.

El general Ramiro Ortega, comandante de la Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón) de la Policía, explica que cuando ocurre un caso de agresión contra policías y se logra la detención de los autores, estos son puestos de inmediato a órdenes de la Fiscalía, que es la encargada de determinar el tipo penal del cual serán acusados.

“Dependiendo la magnitud de la agresión puede tratarse como un caso de ataque y resistencia o si las heridas fueran más severas podría llegar a tratarse como una tentativa de homicidio”, añadió.

Una vez que el hecho se pone en conocimiento de las autoridades judiciales, el Departamento de Defensa Institucional (DDI) brinda asesoría y acompaña a los policías víctimas durante todas las instancias judiciales.

“Cuando el caso es de gran envergadura, el Ministerio de Gobierno se pone al frente del caso para evitar que quede en la impunidad”, enfatizó.

De igual manera, la institución se hace cargo del proceso de recuperación física y psicológica que necesiten los gendarmes agredidos.

Al respecto del número de casos, el DDI asegura que la cifra no refleja el número real de casos, ya que en algunos los fiscales no califican el hecho como delito o contravención, o en otros no se logra la captura de los agresores, por lo que esos no ingresan a la estadística institucional. (I)