Según la investigación realizada por la Dirección Nacional de Inteligencia de la Policía, los llamados “Diez de Luluncoto”, Cristina Campaña, Fadua Tapia, Abigail Heras, Royce Gómez, Pablo Castro, Santiago Gallegos, Víctor Vinueza, Marcelo Merchán, Héctor Estupiñán y César Zambrano, planeaban la toma del poder del Estado mediante la lucha armada.

Por este motivo la Fiscalía los acusó de sabotaje y terrorismo, y consideró que los detenidos intentaban atentar contra la seguridad interna del Estado. Sin embargo, dentro de las evidencias recogidas no constan armas de fuego o artefactos explosivos. 

Una de las principales maneras de rastrear y establecer la relación entre los diez procesados fue el seguimiento por las redes sociales, así lo evidencian las capturas de pantalla realizadas en Facebook y Twitter. Además de haber  interferido sus teléfonos celulares y copiado las conversaciones entre ellos.

Los uniformados afirman que por medio de estas redes se reclutaban personas con la misma ideología revolucionaria, y que los detenidos al ser oriundos de diferentes provincias, como Pichincha, Guayas, Esmeraldas, Imbabura y Azuay, serían líderes provinciales.

En los cuadernos y hojas hallados por los uniformados constan frases escritas como “la violencia que generan los de arriba” o “los pueblos deben conquistar el poder”. En su investigación, la Policía indica que se ha identificado que la forma de lucha insurgente se evidencia a través de asambleas, mitin, marchas, manifestaciones, barricadas, cierre de vías, toma de instituciones, combate armado y huelgas.

En una de las hojas está escrita la palabra químico, el desglose de esta prueba que hace la Policía, es que los jóvenes habrían obtenido un manual de químicos, en el que se especifica la fabricación de bombas, sus componentes y su uso táctico. Junto con ello, escrito con esferográfico, un cronograma de actividades anuales de un campamento en el que se especifica llevar fósforos, botas de caucho, machete y ropa.

Además se les atribuye unos grafitis en contra del Gobierno que estarían escritos en algunas partes de la ciudad, motivo por el cual los identifican como una “organización política, militar, juvenil de masas urbana, armada e insurgente”. En su informe, la Policía indica que los chicos serían los responsables de dos detonaciones en Quito, en el Ministerio de Relaciones Laborales y en el parque La India. Tres más en Guayaquil, en la Dirección Provincial de Salud, en un bar y el edificio Word Trade Center. En Cuenca, en el parque Abdón Calderón, en noviembre de 2011.

Sin embargo, no especifican de qué manera estarían relacionados estos hechos con los detenidos, solo señalan como evidencia el registro del guardia de seguridad de una de las instalaciones sobre la explosión de una bomba panfletaria, de donde se habrían arrancado algunas hojas, lo que para la Policía es un indicio.

Las investigaciones realizadas, de enero a marzo, establecen que la estructura del “Grupo de Combatientes Populares” es a través del Partido Comunista Leninista en Ecuador, Movimiento Popular Democrático y Federación de Estudiantes Universitarios.

La defensa de los detenidos señala que a pocos días del juicio no se han podido imputar responsabilidades. A todas las diligencias judiciales que han asistido, por el fuerte resguardo policial, se ha impedido que los involucrados hablen con la prensa.

La Policía, a través del Grupo de Inteligencia, asegura que en Ecuador se han conformado organizaciones antisistemas, subversivas y revolucionarias, cuyo objetivo es la desestabilización del Estado mediante actividades que ponen en peligro la convivencia pacífica. En pocos días, 9 de los 10 procesados cumplirán 9 meses privados de  libertad.