Paralelamente con el inicio de la instrucción fiscal, dispuesta por la Corte Nacional de Justicia por las 8 muertes producidas tras el operativo policial dentro de una farmacia Fybeca, en el norte de Guayaquil, la mañana del miércoles 19 de noviembre de 2003, la Inspectoría General de la Policía instauró un proceso interno ya  que de los 31 implicados, 13 son policías que continúan en servicio activo.

Según voceros policiales, la orden de prisión preventiva en contra de los 20 acusados de haber violentado los derechos humanos bajo la modalidad de ejecución extrajudicial de 8 personas, será objeto de una investigación interna ya que en su oportunidad fue elaborado un informe que concluyó que en la incursión policial se cometieron graves faltas  de procedimiento.

Ese fue el motivo por el que el fiscal de la Nación, Galo Chiriboga, sindicó también a los miembros del Tribunal Distrital de Policía del Guayas, quienes en el primer proceso, efectuado en 2004, declararon inocentes a los 20 uniformados que participaron en el operativo, pese a lo señalado por la Inspectoría.

El informe del director de la entidad de ese entonces, general Marcelo Vega, detalló que alrededor de las 04:30 del día del operativo, el mayor Eduardo G. solicitó apoyo para intervenir en la captura de un delincuente identificado como Gonzalo C., alias ‘Marino’, que se escondía en el sector de las Orquideas, en el norte de Guayaquil; pero en “franco desvío de la misión utilizó personal, bienes y armas con las consecuencias conocidas en la farmacia Fybeca”.

Los 13 policías activos, incluidos los 3 oficiales, tendrán que cumplir la orden de prisión en la cárcel 4.El mencionado oficial nunca informó a sus superiores de las investigaciones que realizó, además tomó el mando, dirigió y utilizó personal, desconociendo así la jerarquía en la institución, configurando una violación de procedimientos.

El informe señala que el mencionado oficial, con su actuación, puso en riesgo la vida de empleados de la farmacia, clientes y transeúntes que nada tenían que ver.

El Fiscal aseguró que  los policías ingresaron al local de Fybeca haciendo uso de las armas de dotación, disparando contra civiles que se encontraban desarmados. “Los agentes  numéricamente superaban en una proporción de 3 a 1 a los civiles que resultaron ejecutados; además,  voluntariamente y con plena conciencia de las consecuencias, de entre las opciones de disparar o no, escogieron la primera, pese a que esas personas, de acuerdo a informes técnicos, se encontraban en una posición de indefensión”.

La Inspectoría seguirá el proceso establecido para revisar malas conductas y abrirá expedientes para considerar la baja de los 13 uniformados en servicio activo, sindicados y  con prisión preventiva: 6 pertenecen al GIR, 3   oficiales y 4 sargentos.

La entidad policial indagará qué pasó internamente luego de que se elaboró el primer informe sobre los sucesos en la farmacia ya que, según explicó, se debió iniciar un proceso por mala actuación y  considerar la baja, independientemente de la indagación judicial ordinaria.

La Corte comunicará en un plazo de 3 días las órdenes de prisión y las medidas cautelares levantadas contra: Jorge P., ex comandante de Policía; Eduardo G., Segundo G., Erick S., Darwin S., Marco V., Webster H., Aurelio Ch., Samuel C., Mario C., Darwin C., Luis C., Douglas Y., Yonel M., Luis S., Walter C., Belduma G., Edgar C., Héctor F., Wilson M., Ricardo Ll., William Q., Édison V., Fausto F., Germán B., Nicolás S., Zhupy P., Luis C., Carlos P., Jorge V., y Cristóbal M.

Mientras tanto, Dolores Guerra, quien tras 10 años desconoce aún qué ocurrió con su esposo, Jhonny Gómez Balda, insiste en que la Fiscalía debe iniciar una causa penal por las 3 desapariciones forzosas registradas tras el operativo.

Junto con Gómez Balda, el informe de la Comisión de la Verdad señala a César Augusto Mata Valenzuela y Erwin Daniel Vivar Palma como  desaparecidos.