Las provincias de Esmeraldas, Carchi, Sucumbíos y Pichincha están identificadas como centros de acopio de las sustancias ilegales que provienen de Colombia, mientras en Loja, El Oro, Guayas, Manabí y Santa Elena se almacenan las que ingresan por Perú, según las investigaciones de la Policía Nacional.

Desde esos puntos son transportadas las drogas a las ciudades principales para el tráfico interno, en el que se ven envueltas organizaciones delictivas, muchas veces constituidas por personas de una misma familia.

Como medida preventiva, las instituciones encargadas de precautelar la seguridad ciudadana (entre ellas la Policía) trabajan en planes conjuntos con los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), un ejemplo de ello es el desarrollo del programa de Integración Social y Drogas, enfocado a los consumidores, expendedores y productores, con el fin de que conozcan y entiendan los perjuicios a los que se exponen.

El proyecto tomó fuerza tras la captura de una presunta banda compuesta por miembros de una misma parentela, considerada la mayor distribuidora de marihuana y cocaína en el sur de Quito.

El 25 de octubre grupos de agentes de la Dirección Nacional Antinarcóticos y su Jefatura de Pichincha realizaron el Operativo denominado ‘Renacer’, en el que identificaron a las organizaciones dedicadas al microtráfico.

También localizaron los domicilios donde acopiaban la sustancia ilícita y su lugar de operaciones: el mercado El Camal y las inmediaciones de los centros educativos aledaños.

En coordinación con la Fiscalía se allanaron cinco viviendas en los barrios Turubamba de Monjas y en la Ferroviaria Alta, esto permitió la detención de 5 ciudadanos ecuatorianos y el decomiso de 1.198 gramos de cocaína y 14.226 gramos de marihuana envueltos en sobres de plástico y papel, además incautaron cerca de $ 2.000 y un vehículo.

El coronel Mauro Vargas, jefe de la oficina Antinarcóticos de Pichincha, aseguró que este operativo les permitió desarmar la red que proveía a los vendedores del Centro Histórico y de La Mariscal, donde se aprehendió a 20 personas.

Según las investigaciones, el conjunto manejaba un promedio de 30 kilos al mes, que adquiría a $ 2.000 cada kilo. De ello, multiplicaban hasta por 5 las ganancias en la venta al menudeo y hasta por 4 en la distribución.

Vargas explicó que para obtener mayor beneficio con la cocaína los mercaderes la mezclan con tiza, lo cual la vuelve más dañina. En el caso de la marihuana, la mezclan con hojas secas.

El coronel Vargas dijo que la Policía le sigue los pasos a otros 6 grupos que ofrecen alcaloides en barrios, parques y colegios. “La mayoría de ellos son clanes familiares enquistados en 9 sectores de incidencia en la ciudad; por ejemplo, al sur: en la Michelena, Solanda y el Camal. En el centro: San Roque, Mariscal y Foch. al norte: Comité del Pueblo, Carapungo, Real Audiencia y Ofelia.

“Estamos haciendo vigilancias y filmaciones para apresar a los pequeños traficantes previo a la emisión de boletas de captura y de allanamiento”.

Con esta estrategia, aseguró Vargas, será difícil que los involucrados puedan salir de prisión ya que además serán sindicados por asociación ilícita (en el caso de los vendedores). Agregó que hasta fin de año esperan capturar unos 100 expendedores, a los que ya tienen identificados.

El viceministro del Interior, Javier Córdova, manifestó que en la lucha contra las drogas “el trabajo es permanente, pues al sacar de circulación a unos, otros ocupan esos espacios delincuenciales”.

Córdova declaró que las acciones están enfocadas en lo preventivo, es decir, “el objetivo es llegar a la ciudadanía con este tema articulado con el Ministerio de Salud, para que así la población entienda las repercusiones de la droga en el entorno familiar y el riesgo para la salud (esto incluye planes como Colegio Preventivo)”.

El Viceministro informó que mediante la aplicación de las políticas públicas en seguridad se han dado golpes efectivos que han permitido la incautación de más de 46 toneladas de droga en lo que va del año.

Vargas resaltó que la táctica que empezó a funcionar en la capital será replicada en todo el país, para lo cual trabajarán en conjunto con los municipios. “Es necesario inmiscuir en esta lucha a los gobiernos seccionales ya que estos pueden emitir ordenanzas de uso del suelo”, esto, con el fin de impedir que los microtraficantes se tomen las calles, reflexionó Vargas.