Petroecuador efectuó nueve acciones legales por actos de corrupción
El gerente general de Petroecuador, Gonzalo Maldonado, informó que durante su gestión al frente de la empresa pública se han realizado acciones legales para denunciar actos de corrupción ocurridos en administraciones pasadas.
Según información oficial, la estatal petrolera ejecutó nueve acciones conjuntas con la Fiscalía y la Procuraduría, dentro de una política de cooperación y entrega de información a las autoridades judiciales.
Petroecuador ha contado con el apoyo de esas instituciones para la defensa de la empresa pública ante cortes nacionales e internacionales, que investigan casos de corrupción suscitados por la adjudicación irregular de contratos.
Maldonado mencionó que al interior de la petrolera han efectuado acciones administrativas, que resultaron en 31 denuncias con aplicación de medidas preventivas y correctivas. Además, la Unidad Antilavado de Activos también monitorea el Sistema de Gestión Antisoborno.
Entre las acciones ejecutadas en materia legal, Petroecuador demandó al contratista CON S.A por daños y perjuicios en la construcción del Poliducto Pascuales – Cuenca. Las irregularidades en esta obra dieron paso a las investigaciones por los casos Caminosca y Odebrecht.
También se presentó una denuncia en diciembre de 2020 contra la compañía Vitol Inc., tras las investigaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos, por el supuesto pago de sobornos. La empresa fue retirada de la lista de proveedores.
Otros casos penales son el presunto lavado de activos en el que incurrió el exfuncionario Raúl de la Torre y los contratos millonarios suscritos por la empresa Worley Parsons. En ambos entregó información para las investigaciones.
Petroecuador agregó que en etapa de investigación se encuentran las denuncias por la contratación de seguros bajo Régimen de Emergencia a Hispana de Seguros S.A. y Latina Seguros S.A.; en cuanto a Seguros Sucre, los procesos judiciales iniciados exigen el pago de los valores adeudados por la póliza de responsabilidad civil, tras la sentencia condenatoria en Estados Unidos al exgerente de la empresa, Juan Ribas Domenech.
En este 2021, la petrolera estatal acudió a la Fiscalía para denunciar un presunto delito por la destrucción de 164 carpetas sin documentación que pertenecían a registros públicos y otra para que se investigue el supuesto pago de $22 millones que desembolsó la compañía Gunvor entre 2012 y 2020 para la adjudicación de contratos.
Según el titular de la empresa pública, la institución realiza una lucha frontal contra la corrupción para recuperar la reputación de la petrolera, manchada en los últimos años por este tipo de delitos. (I)
