El pasado 11 de junio, 15 armas de fuego, conformadas por 2 subametralladoras Uzi, 8 revólveres, 1 pistola, 2 cartucheras y 2 rifles, fueron decomisadas por agentes de la Policía Judicial del Guayas (PJ-G), durante un  allanamiento a las camaroneras Baidal Hermanos, asentadas en la parroquia Tenguel, del cantón Naranjal, en Guayas.

El armamento fue hallado luego de que los policías detuvieran, el pasado 27 de abril, a Diego Alexander Álava Yagual, quien es acusado del asesinato del empresario camaronero Luis Alberto Baidal, ocurrido el pasado 6 de marzo en las calles Carchi entre Bolivia y Vacas Galindo, sur de Guayaquil.

El jefe encargado del operativo, Marcos Arias, señaló que la acción se la desarrolló por disposición del juez Décimo Sexto de Garantías Penales del Guayas, Jorge Arboleda Ortiz, en torno a las investigaciones por esclarecer el caso, y que determinaron posteriormente que el arma utilizada para cometer el asesinato estaba oculta en los predios de la hacienda de la familia Baidal.

En el operativo policial, además fueron detenidas otras seis personas en delito flagrante por tenencia ilegal de armas.
Según estadísticas de la Dirección Nacional de la Policía Judicial, solo en lo que va del presente año se han  decomisado más de 1.200 armas, convirtiéndose en las principales herramientas que utiliza la delincuencia para perpetrar los delitos.

Para Guillermo Rodríguez, jefe del Distrito de Policía Portete, uno de los más extensos y conflictivos de Guayaquil, los operativos efectuados están orientados a desmantelar organizaciones delictivas y tratar, a la vez, de desarmar a la ciudadanía.

El oficial pone como ejemplo que la semana comprendida entre el 4 y 10 de junio pasados, en varios operativos, los agentes detuvieron a unos 12 presuntos delincuentes con armas ilegales, de diferentes calibres, en las que predominaba la de calibre 38 mm. En ese sentido, las estadísticas nacionales demuestran que el revólver, justamente, es el arma más codiciada por los antisociales.

René Astudillo, fiscal de la Unidad de Delitos Contra la Vida en Guayas, indica que al menos el 70% de los delitos es cometido con armas de fuego, que en su mayoría es de origen nacional, es decir, fabricadas en talleres artesanales, ya sean regulados o clandestinos.

El funcionario considera que el exiguo control en las fábricas artesanales y los bajos precios de las armas que producen (con relación a las importadas) lleva a que los delincuentes las obtengan fácilmente y se convierta en un factor predominante en el exorbitante número de armamento entre los ciudadanos. “Si bien no son artefactos de calidad, su alto índice de accecibilidad y de criminalidad ha conllevado a que delincuentes comunes hagan uso de ellas para cometer sus fechorías”.

Daniel Adler, experto en seguridad, manifiesta que uno de los temas que influye en el incremento de armas en poder de presuntos delincuentes es que solo un 20% de las víctimas presenta la denuncia ante la Fiscalía, más el 80% no lo hace, puesto que lo considera que la denuncia no tiene validez o de nada sirve presentarla.

Por ende, la ciudadanía ha comenzado desde el año 2005, asegura el experto, una carrera armamentista considerable y desde la prohibición gubernamental de portar armas, esa modalidad se ha incrementado. Sin embargo, la delincuencia es astuta y conoce sus fortalezas y debilidades, y sobre la víctima posee una serie de ventajas como es el factor sorpresa y la intimidación.

Indica que aparte de las fabricadas artesanalmente, los revólveres y pistolas de origen brasileño Taurus son preferidos por los antisociales, a pesar de que no se las adquieren fácilmente. Cuando son nuevas el precio es de entre 1.000 y 2.000 dólares. Aún en el mercado ilegal, no dejan de ser caras, pues hay que pagar más de 700 dólares por una de estas, asegura el experto.

Agrega que si un hampón es detenido en delito flagrante con una pistola o revólver importados ha sido probablemente producto de robo a guardias de seguridad privada o miembros de la fuerza pública.

Como pasó el pasado 7 de abril, cuando una ametralladora marca MAG-M60, calibre 7.62, de origen belga, fue decomisada en la manzana 200 de la cooperativa Jardines del Salado, al suroeste de la ciudad, a pocos metros de la PJ-G.

Junto con el arma, los agentes detuvieron a Néstor Próspero Plúas Guerrero (a) “Soldado”, de 51 años, quien fue sentenciado a un año de prisión y a pagar una irrisoria cantidad como multa.

Con respecto a los detenidos por tenencia ilegal de armas, Rodríguez indica que por parte de la Policía se  demuestra un ingente esfuerzo y sacrificio para poder detener a personas con armamento, lamentablemente los jueces suelen resolver que no hay motivos suficientes para dictar medidas cautelares.

Dice que el arma queda retenida como evidencia, pero los involucrados, muchas veces menores de edad o miembros de pandillas, quedan a órdenes de los operadores de justicia (fiscales y jueces), quienes dictaminan, a través del respectivo proceso judicial, la responsabilidad en el delito que se investiga.

Efrén Arriaga, oficial al frente de los operativos antidelictivos que la Fuerza de Tarea Conjunta realiza en Guayaquil, señala que las armas son decomisadas, ya sea en poder de los infractores o cuando han sido abandonadas en los buses.

“Cuando hacemos una requisa en los buses, encontramos tiradas en el piso del vehículo una que otra arma. Los pasajeros se hacen los desentendidos y, como no se puede determinar responsables, procedemos solo a decomisar el arma”, relata.