A tres meses y 20 días de formalizada la creación de la Mesa por la Verdad y la Justicia: Perseguidos Políticos, Nunca Más, sus integrantes presentaron este lunes 10 de diciembre el informe preliminar. El definitivo estará listo en enero.

En el documento, que será enviado desde este martes 11 de diciembre a los organismos de los derechos humanos, universidades, familiares de las víctimas e involucrados, se determina que 1.435 casos fueron registrados o denunciados.

De esa cifra, 300 reunieron los requisitos exigidos por la mesa y de estos 247 fueron verificados, por lo que hay información definitiva y completa.

El 90% de los casos de presunta persecución política se cometió en el gobierno del expresidente Rafael Correa, explicó el titular de la mesa, Paúl Jácome, al precisar que en 2010 se registró la mayor cantidad con 85; seguidos por 2012 con 35, 2015 con 25, 2016 con 20 y 2011 con 19.

Admitió que antes y después del régimen de Correa también se registraron casos, pero no en la magnitud de los 10 años del correísmo. Precisó que en cifras las otras más altas son cinco en 2003, cuatro en 2008 y ocho en 2018.

Jácome explicó que de los 247 casos verificados, 196 son hombres y 51 mujeres, el 67% mestizos y el 10% indígenas.

Sobre la edad, explicó, a diferencia de lo que sucedía en gobiernos anteriores en que los perseguidos políticos eran estudiantes y jóvenes revolucionarios, ahora las edades van de 30 a 60 años en el 77% de los casos.

Esta cifra va ligada a todos los casos verificados, el 59% de los afectados era profesional, el 15% agricultor o ganadero y otros grupos sociales en menor escala.

Persecución sistemática

La vocal del Consejo de la Judicatura (CJ), Angélica Porras, quien trabaja con la mesa, explicó que de la información obtenida hasta la fecha, está definido que la persecución que se vivió en el país se dio de una forma sistemática, estructurada y fue brutal contra las personas procesadas.

El correísmo, dijo, construyó la imagen de un Estado víctima y aplicó una “exagerada gravedad” de los tipos penales.

La judicialización se acompañó con intimidación a familiares, secuestros, y se utilizó la figura del indulto y el pedido de disculpas públicas para otorgar “perdón” y archivar procesos.

En el caso de los defensores de los derechos de la naturaleza, expresó que la práctica contra estos fue el ingreso violento de la fuerza pública a las comunidades, una política comunicacional del anterior gobierno, muertes, violaciones, quemas de casas, cultivos, juicios a dirigentes, entre otros.

Para los pueblos y nacionalidades indígenas hubo una práctica similar y, además, encarcelamientos de líderes, fuertes multas económicas, desconocimiento de la aplicación de la justicia indígena, uso de pruebas falsas para acusar, en fin.

Según Porras, en el caso de la sublevación policial del 30 de septiembre de 2010 (30-S), a través de las sabatinas se construyó la imagen de enemigos, quienes no estaban de acuerdo con el régimen, se aplicaron tipos penales fuertes a los vinculados.

Hubo cambios constantes de jueces, fiscales, detenciones, allanamientos ilegales, eliminaron pruebas, las sentencias no fueron motivadas.

Hubo torturas y secuestros a familiares de los procesados. También se violentó la libertad de expresión, detenciones arbitrarias, despidos laborales, entre otros.

Recomendaciones

Dos recomendaciones constan en el informe preliminar de la Mesa por la Verdad y la Justicia. La primera, una reforma al Código Orgánico Integral Penal (COIP) para despenalizar los delitos de opinión.

La segunda, una reforma a la Ley de Víctimas y Reparaciones para eliminar la temporalidad. El informe finaliza con siete conclusiones.

Investigación a judiciales

El presidente de la Mesa por la Verdad y la Justicia, Paúl Jácome, oficializó su pedido al CJ para que sean investigados 495 jueces y fiscales que estarían involucrados en la persecución política en contra de las 247 víctimas verificadas. Dijo que estos operadores de justicia deben responder por sus actuaciones y acciones que han dejado quejas y dudas.

Porras puso de ejemplo el hecho de que en el caso de los pases policiales el juicio se inició por el presunto cometimiento del delito de asociación ilícita, pero luego fue cambiado a delincuencia organizada y se extendió a lavado de activos para involucrar a la madre de un expolicía procesado.

Los integrantes de la mesa solicitaron continuar el análisis de aproximadamente 1.100 casos con la Judicatura permanente o definitiva, para lo cual pedirán se realice un convenio con el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio (CPCCS-T).

El presidente del CJ, Marcelo Merlo, explicó que el propósito de la creación de esta mesa fue esclarecer los casos de persecución política registrados en la administración de Rafael Correa.

El funcionario considera que este trabajo “sirva como una herramienta eficaz para investigar a cabalidad los casos de persecución política y determinar las reparaciones a las víctimas”.

Sobre el pedido de investigar a jueces y fiscales, indicó que se hará el trámite correspondiente. Explicó que de acuerdo al reglamento de control disciplinario hay dos etapas, la primera, una investigación de las inconductas de los operadores de justicia. La segunda, si de la investigación se establecen irregularidades entonces se impondrán sanciones. (I)