La implementación de videoconferencias ayudará a eliminar el número de audiencias fallidas por ausencia de alguna de las partes en un proceso legal. 

Gustavo Jalkh, presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), informó esta mañana las ventajas que tiene este sistema tecnológico. Según el organismo, en 2014 se realizaron más de 2.460 audiencias con el apoyo de esta plataforma tecnológica, lo que permitió reducir la incidencia de diligencias diferidas.

Los resultados se conocieron durante la Mesa de Justicia, que se llevó a cabo en presencia del presidente Jalkh, junto con Néstor Arbito, vocal del CJ; Galo Chiriboga, Fiscal General del Estado; y Ledy Zúñiga, ministra de Justicia.

Jalkh indicó que las videoconferencias permiten ahorrar alrededor de $ 2 millones en cuanto al traslado de detenidos o desplazamiento de las partes en un proceso (abogados, testigos, fiscales, peritos, etc.) hacia las diligencias.

Según cifras proporcionadas por el CJ, en 2012 había hasta un 60% de audiencias que no se realizaban; en 2013 se cerró el año con el 91% de diligencias cumplidas, mientras que en 2014, las diligencias diferidas fueron solo del 5%.

Ledy Zúñiga, ministra de Justicia y Derechos Humanos, añadió que el traslado de un procesado desde el centro de rehabilitación social, hasta la ciudad en donde se realiza la audiencia cuesta alrededor de $ 300, dependiendo de la peligrosidad del detenido y del contingente que se emplea para movilizarlo.

Partes policiales web

Como segundo punto del encuentro en la Mesa de Justicia, las autoridades destacaron las ventajas del parte policial web.

Jalkh explicó que este documento virtual permitirá hacer más efectiva la detención de una persona en máximo 45 minutos. Recordó que anteriormente este trámite podía tardar hasta 10 horas.

De acuerdo al CJ, las principales diferencias entre el parte policial tradicional y el parte web es que antes existían diversos modelos de partes, lo cual dificultaba su elaboración. Con el nuevo formato, se unificarán los datos, ya que habrá un solo esquema.

Además, al almacenar datos estratégicos y primordiales en una misma base de datos, el sistema permite generar reportes y estadísticas sobre algunas variables ingresadas en los partes y es alimentado por información actualizada del Registro Civil, Policía Nacional, Migración y Agencia Nacional de Tránsito (ANT).

Para esta transición se contempla una capacitación al personal de la Policía Nacional, cuyo proceso se coordinará con el Ministerio del Interior. También está previsto que se incluya la firma electrónica dentro del documento.

Agilizar procesos judiciales

En el encuentro con las autoridades estuvo presente, Mauro Andino, presidente de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional.

El legislador se refirió sobre el tratamiento del Proyecto de Código Orgánico General de Procesos. Indicó que se espera que para esta semana continúe en el Pleno de la Asamblea, el segundo debate de los libros IV y V. Recordó que este cuerpo legal ayudará a tener un sistema de administración de justicia oral, rápido y transparente.

Andino añadió que un proceso legal, a través de sistemas penales anteriores podía durar hasta 5 años, en cambio con el nuevo código, hasta 5 meses.