Para Baltazar Garzón, el "nuevo desafío de la Justicia" es aplicar la jurisdicción universal a los delitos económicos y financieros

El destacado jurista de derechos humanos, Baltasar Garzón, quien hace una semana recibió el título Doctor Honoris Causa de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader), analizó en una extensa entrevista sobre la universalidad de la Justicia logro al que, según el ex juez español: "No podemos ni debemos renunciar porque ha costado mucho conseguir que se consolide".

Además, destacó la política de derechos humanos en Argentina, y lo comparó con la situación en su país, y refirió que la Justicia argentina no sólo juzga los crímenes de lesa humanidad: "Sólo hacia adentro sino también en el área del principio de Jurisdicción Universal, aplicando el mismo a la investigación de los crímenes franquistas que, en España, no se han querido investigar dejando desamparadas a más de 150.000 víctimas que no han recibido verdad, justicia ni reparación".

Consultado sobre el tema específico de los delitos económicos y financieros, el jurista sentenció: "Ese es el nuevo desafío de la Justicia, avanzar en la aplicación del principio de Jurisdicción Universal aplicándolo a los fenómenos criminales de carácter económico y financiero que, de una forma sistemática, afectan a una generalidad de personas".

El jurista español dialogó extensamente con Miradas al sur, entrevista que se reproduce a continuación:

-En un mundo cruzado por diez conflictos armados y un claro cambio de paradigmas, tanto en Europa como en América latina, ¿qué conceptos se modifican, para bien o para mal, en cuanto a la universalidad de la Justicia?
–La universalidad de la Justicia es un logro al que no podemos ni debemos renunciar porque ha costado mucho conseguir que se consolide. El principio de Jurisdicción Universal ha producido unos importantes avances de la Justicia en la protección de las víctimas de crímenes internacionales como los crímenes de lesa Humanidad, de genocidio y crímenes de guerra.

Después de muchos años de inactividad, finalmente, desde el año 94 en adelante, los Tribunales penales internacionales ad hoc de la ex Yugoslavia y de Ruanda iniciaron el camino que se consolidó con el Estatuto de Roma de 1998, que dio lugar a la Corte Penal Internacional. Ése fue un punto de inflexión importante, como lo fue sin lugar a dudas, ese mismo año, la detención de Augusto Pinochet.

Previamente, las investigaciones en España sobre los crímenes de la dictadura argentina determinaron, también, que lo que hasta ese momento era prácticamente imposible comenzara a convertirse en realidad. A partir de ahí, se vio que era posible que la Justicia tuviera una incidencia universal. El avance en la lucha de las víctimas contra la impunidad se hacía un poco más real desde el lado de la Justicia.

–Parecería que allí hubo un "pero"...
–Es que, posteriormente, las agresiones al principio de Jurisdicción Universal han sido múltiples. Lo fueron en Bélgica en 2003; lo fueron en España en 2009 y lo han sido en 2014 asimismo en España. Pero, simultáneamente, también ha habido otra respuesta en otros países que ha sido más positiva y que ha ido pareja, durante un tiempo, a la aplicación del principio en España hasta el 2009 y que después se ha mantenido en el tiempo, como es el caso de la Argentina.

Este país, que fue zona de impunidad durante casi treinta años en lo referente al terrorismo desde el Estado, ha pasado a encabezar la acción de la Justicia frente a los crímenes internacionales. Es el único país del mundo en el que la Justicia está, desde el año 2003 en adelante y sobre todo desde la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final en 2005, actuando de forma contundente y ejemplar.

Pero, además, lo está haciendo no sólo hacia adentro sino también en el área del principio de Jurisdicción Universal, aplicando el mismo a la investigación de los crímenes franquistas que, en España, no se han querido investigar dejando desamparadas a más de 150.000 víctimas que no han recibido verdad, justicia ni reparación.

Mis resoluciones de octubre y noviembre de 2008 para posibilitarlo no fueron suficientes para remover las conciencias que se refugian en la impunidad como método de olvido y abandono de una realidad que subsiste. El Tribunal Supremo suspendió mis funciones como juez y garantizó la imposibilidad de avanzar en el camino de la justicia y la verdad.

Ante esta inconsecuencia, la Argentina ha suplido la omisión. Durante todo este tiempo, los paradigmas han ido cambiando: a golpe de crisis económica, a golpe de desastre humanitario, a golpe de crisis políticas se ha ido basculando hacia una mayor protección o hacia una crítica hacia esa protección jurídica. En definitiva, la Justicia, con el impulso de las víctimas, ha ido avanzando y ese avance es imparable.

Son las víctimas y la sociedad civil las que han sido una constante durante todos estos años. Por tanto, los cambios de paradigmas no afectan al principio de Jurisdicción Universal. El cambio de líneas ideológicas, en un marco de derecho, es difícil que también afecte a la universalización de la Justicia, Sin embargo, las agresiones se van continuar produciendo. Intereses económicos, intereses diplomáticos, intereses políticos van a seguir apareciendo y por eso la acción permanente en su defensa es necesaria.

–¿Y sobre el tema específico de los delitos económicos y financieros?
–Ese es el nuevo desafío de la Justicia, avanzar en la aplicación del principio de Jurisdicción Universal aplicándolo a los fenómenos criminales de carácter económico y financiero que, de una forma sistemática, afectan a una generalidad de personas. No solamente cuando se mata o se asesina, cuando se tortura o se les somete a cualquier degradación inhumana estamos ante crímenes de lesa humanidad.

Hoy día, las agresiones económico-financieras a millones de personas; la explotación abusiva de recursos naturales con gravísimos daños para los ecosistemas y, por tanto, también, contra la humanidad; las explotaciones masivas de este tipo de recursos en zonas tan sensibles como las mesetas tibetanas; la deforestación masiva de bosques que permite avalanchas e inundaciones que provocan la muerte de millones de personas; la explotación en lugares sensibles como la región de los Grandes Lagos de minerales estratégicos, como el coltan, son fenómenos reales.

Y, por tanto, tienen que tener una atención real. Esa atención tiene que venir de la mano de la acción de una Justicia Universal que pueda perseguir a los responsables de esos fenómenos en cualquier parte del mundo en el que se produzcan con independencia de la nacionalidad de las víctimas. No estamos hablando de fenómenos nacionales: la agresión al medio ambiente perjudica a toda la humanidad porque, en definitiva, afecta a bienes que son vitales para todo el género humano.

La conciencia de que esto es así pasa, por ejemplo, en la necesidad de criminalizar severamente el abuso en la adquisición de alimentos de primera necesidad y la especulación sobre los mismos. Que un producto de primera necesidad pueda valer siete dólares en la Bolsa de alimentos de Chicago y que acabe costando veinte dólares significa que decenas de miles de personas van a morir de hambre sólo por la especulación; no es admisible que los mercados financieros no tengan más regulación que la propia autorregulación y los límites que ellos mismos se imponen; es inaceptable que no tenga sanción alguna la acción abusiva de las agencias de calificación que convierten la deuda externa de un país, muchas veces producida por agentes financieros nocivos que se nutren y explotan como buitres, en las desgracias, ruina y pobreza extrema de millones de personas.

Por eso es necesario que la Justicia avance en ese sentido creando estructuras judiciales que puedan confrontar esa deriva peligrosísima y las consecuencias que las acciones económico-financieras de las corporaciones y grupos oligárquicos, junto con los dirigentes de algunos países están produciendo en la humanidad.

–¿Por qué se tardó tanto tiempo en comprender que los delitos económicos y financieros eran parte imprescindible para la consumación de los delitos contra los derechos humanos? ¿Qué intereses obraron para que pasara tanto tiempo?
–Sencillamente, no se ha entendido porque no se ha querido entender. Porque detrás de esos crímenes masivos, crímenes de genocidio, de lesa humanidad, de guerra, siempre hay un interés económico. Siempre está el aprovechamiento (antes, durante y después) de la desgracia masiva de millones de personas. La Guerra de Irak respondía, aparentemente, a una acción de la organización terrorista Al Qaeda, pero todos sabíamos que eso no era así. Había un interés económico.

Había que renovar el armamento obsoleto; había, después, que producir grandísimas inversiones en la reparación de Irak. No por casualidad ciertas empresas en las que tenían participación personas de la administración norteamericana de ese momento aparecieron en la reconstrucción. Y, sistemáticamente, el fenómeno se ha ido reproduciendo en otros lugares. No se ha reconocido el carácter económico de esas agresiones porque no ha habido capacidad de reacción ni interés en hacerlo.

Y además, hay miedo a las consecuencias. De todas formas, también todo proceso tiene un timing. La construcción de los Crímenes de Lesa Humanidad y Crímenes de Genocidio no fue fácil. Tuvo que ocurrir la Segunda Guerra Mundial y tuvieron que ocurrir otras guerras y confrontaciones en los años previos para que, ante la magnitud del desastre humanitario, se adquiriera la conciencia de que era necesario determinar una mayor responsabilidad por la masividad de esos crímenes.

Pero, de todas formas, no olvidemos que ya en Nüremberg hubo juicios después del proceso central, en los que también se juzgaron las consecuencias económicas y el aprovechamiento económico por el régimen nazi y la expoliación económica de millones de víctimas. Por supuesto que se tuvo en cuenta. Y si allí se pudo hacer por qué no lo vamos a conseguir ahora, cuando todos sabemos, o por lo menos lo intuimos, que un crimen de lesa humanidad nunca va solo.

Siempre produce un beneficio o propicia que otros se aprovechen o persigue un beneficio propio. En el caso español, luego de más de setenta años, si se exigieran las consecuencias económicas derivadas de la Guerra Civil y la dictadura franquista, la mitad de los bienes y patrimonios españoles deberían pasar a manos de sus legítimos dueños. Y es verdad. El expolio es de tal magnitud que uno se encuentra prácticamente inerme ante esas sumas astronómicas.

Pero es que, junto a ello, la corrupción es otro de los elementos que permanentemente acompañan. El aprovechamiento económico por parte de represores en la dictadura argentina es evidente. El aprovechamiento económico por parte del dictador Pinochet fue evidente. Aparecieron millones de dólares en el banco Riggs a nombre de él y de su familia. La defensa de los intereses de las víctimas y la decencia obliga a exigir esas responsabilidades.

–Hasta no hace mucho tiempo, el poder económico necesitaba de dictaduras o gobiernos autoritarios para ejercer su dominio. Hoy, todo parece hacerse dentro de los límites de la democracia. ¿Qué solución observa ante esa realidad?
–Cualquier dictadura es un régimen corrupto en sí mismo. Normalmente, los dictadores, aún los que han presumido de no aprovecharse, se nutren no solamente en sus vientres abultados de represión e impunidad, sino que materializan su agresión al pueblo, además, en cuentas suculentas en paraísos fiscales. No creo que haya ni un solo dictador que no se haya aprovechado económicamente de los ciudadanos a los que, previamente, extorsiona, persigue y mata.

Pero es que en muchos países estamos hartos de ver esa misma suciedad y fango en casos reiterados de corrupción que afectan desde los países del primer mundo a los menos desarrollados y en los que los líderes políticos se aprovechan de los beneficios que las grandes corporaciones, las grandes empresas o las no tan grandes les otorgan a cambio de favores, retribuciones, tráfico de influencias y sumisión.

Vivimos los tiempos de la vergüenza en los que la corrupción ocupa un lugar preferente en el mundo de la política y de la economía. Y lo más grave de esto es que, a pesar de las normas internacionales, lo cierto es que de forma sistemática y permanente estamos comprobando que se incumplen sistemáticamente. La permanente depredación de lo público y el aprovechamiento de lo privado es una constante que debemos invertir. La solución es difícil, pero no imposible.

Hay que cambiar las actitudes: la percepción de lo que es la política, de lo que es el servicio público. Hay que recuperar la ética de la responsabilidad porque es imposible conseguir en una democracia que las cosas funcionen sin esa transparencia; sin esa ética. Hoy día, los ciudadanos y las ciudadanas exigen máxima transparencia.

En el día de hoy, siglo XXI, año 2014, no es posible mantener aquella teoría de que para que una democracia funcione tienen que aceptarse ciertos parámetros o dosis de corrupción. No. La corrupción no es un mal endémico aunque acompañe a la humanidad desde el inicio de su existencia. La corrupción se puede combatir y se debe erradicar. Y, precisamente, en ese combate es dónde está la solución: la participación ciudadana mucho más próxima, más activa en la lucha por esa transparencia.

No dar nunca por conseguida ninguna meta y mucho menos la de los derechos humanos o la de la democracia porque en cualquier momento se puede perder. Y, sobre todo, si es la indolencia o la indiferencia la que se instala, estamos abocados a un desastre de proporciones planetarias. De producirse va a ser mucho más grave que cualquier otra situación o confrontación.

Y hay algunos signos preocupantes: la preparación prácticamente consentida del virus del ébola en África durante meses sin que hubiera ninguna respuesta, nos pone en duda el sistema de protección internacional en materia de salud y hace surgir las sospechas en torno a la industria farmacéutica; el mantenimiento de conflictos armados absolutamente artificiales por intereses estrictamente económicos; el desastre económico al que se ha abocado a más de un país por la inoperancia del FMI; la exigencia que se está haciendo en un abuso claro de la acción de la Justicia, que puede ser legal pero no es equitativa, en los denominados fondos buitre.

La actitud del juez norteamericano Griesa y su insensibilidad frente a millones de personas que integran la Nación argentina exigiendo a toda costa el pago a los holdouts cuando realmente es el 1% de un 7% sobre el 93% quien está exigiendo ese cumplimiento. Y, mientras tanto, millones de personas se pueden ver abocadas a una situación muy grave por esa intransigencia y falta de equidad. Y, sin embargo, no se investigan los fondos buitre; cómo se han obtenido esas facturas, quién está detrás, de dónde proceden.

Hace falta una regulación de ese tipo de fondos de inversiones multimillonarios donde se acumulan ganancias y dinero que proceden de paraísos fiscales y mil lugares opacos. Y todavía nadie se pone de acuerdo en regularlos y, en su caso, sancionarlos. Hace falta, en definitiva, un cambio radical en las actitudes y en las conciencias adormecidas de muchos.

–Ante ese fallo frente a la deuda argentina, ¿cómo se reformulará la Justicia con la cuasi imposibilidad universal de reestructuración o canje de deuda?
–La Argentina tiene que dotarse de una legislación que no sólo proteja a la Argentina. El país forma parte de una región y Latinoamérica tiene que ser consciente de que es necesario adoptar acciones solidarias y coordinadas. Y muchos más países también. No podemos seguir estando, antes en manos de la colonia, después en manos de gobiernos muchas veces democráticos y otras autoritarios pero que por el ejercicio de la fuerza sometían a millones de personas, y tampoco, después, en manos de grandes corporaciones. Y ahora ya ni siquiera eso.

Ya no es el poder de las corporaciones, sino el de los fondos de inversión y de esos fondos buitre que no sabemos de dónde vienen. Mantener ese tipo de opciones económicas y financieras, mantener los paraísos fiscales que amparan las transacciones (estoy seguro, que todos y cada uno de los fondos que nutren esos complejos de inversión, radican en esos paraísos) resulta absolutamente inaceptable.

Frente a esto, duele especialmente el debate de algunos políticos y grupos de opinión completamente vacío de contenido y que rehúye el fondo de la cuestión que es precisamente la inmoralidad de este fenómeno, en un sistema democrático en el que debe haber una distribución justa de la riqueza, un sistema que impida la existencia de esos monstruos financieros sin ningún tipo de control. Hemos caído en manos de la insolidaridad más rampante y del aprovechamiento criminal más evidente y eso no se puede consentir.

–Si es casi unánime la creencia de que los fondos buitre son lo peor del sistema o, como se dijo, una falla del sistema, ¿hay algo modificable dentro del capitalismo o sólo cabe esperar el triunfo de ese costado indeseable?
–No. Someternos a esa posibilidad de que la oscuridad sea la norma y que este tipo de instrumentos pueda establecerse por encima de los mecanismos correctores del mercado no es asumible para una democracia. Por encima de esos mecanismos correctores del mercado y de ese capitalismo totalitario y salvaje que hoy se está propagando a través de este tipo de iniciativas y que es común a todos los países y, sobre todo, a las grandes potencias económicas (no se salva ninguna), existen los principios que la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos y los Pactos que la complementan postulan.

No se puede permitir que ésa sea la solución. Por el contrario, yo creo que es el momento de establecer límites a la obtención de riquezas; a ese desaforado aprovechamiento de los mecanismos financieros y de la debilidad financiera de determinados países que ha sido provocada por aquellos que después se nutren y se aprovechan de la misma. Y, simultáneamente, es inaceptable e inasumible que no haya una acción conjunta contra la desigualdad y la pobreza extrema.

No hay ninguna razón en el mundo, hoy día, para que existan miles de millones de pobres. Hay bienes y recursos suficientes en el mundo para que, sin renunciar al sistema capitalista, se puedan paliar todos esos males y, aún todavía, que se sigan disfrutando de fortunas multimillonarias. Es muy difícil explicarlo. Si alguien viniera del espacio y viera la diferencia que hay entre unos y otros en orden a la detentación de los recursos naturales, a la explotación de los mismos y al beneficio, sería imposible que lo entendiera.

¿Cómo se puede explicar que a un lado de la carretera haya miseria, muerte, pobreza, marginación y que sólo a unos metros, en el otro lado, haya opulencia, derroche, aprovechamiento ilícito, márgenes de impunidad financiera absoluta y que no pase nada? Más cuando los que están de esta parte ni siquiera en varias generaciones pueden consumir lo que tienen. El sistema capitalista ha degenerado de tal forma que necesita de unos correctores muy firmes para que el mundo se vuelva a equilibrar. Si no, evidentemente, no es un buen futuro el que nos espera.

–El exorbitante porcentaje de ganancia exigido por los fondos buitre, y su inevitable secuela de hambre y miseria a la que condena a los habitantes de los países a pagar, ¿puede ser considerado delito de lesa humanidad?
–En este momento no, pero desde luego debería de serlo, y hay muchos que creemos que ése es el camino. Y el camino es que el Sur tiene que hablar, el Sur tiene que actuar. Las respuestas no nos van a venir desde los Estados Unidos, desde Canadá ni desde la Unión Europea, donde lo único que prima es la protección del capital con excusas de desarrollo en favor de una población que nunca acaba de recibir esos beneficios. Yo no voy abogar por un sistema comunista, que ya esta trasnochado.

Pero tiene que haber una redistribución. Y la omisión a esa redistribución es delictiva. No diseñar mecanismos correctores puede ser delictivo. Es delictivo permitir el uso y el abuso, por ejemplo, de las grandes compañías sobre los medicamentos; permitir que haya una explotación masiva de mano de obra esclava; que grandes empresas se aprovechen de ese trabajo en Oriente para después obtener beneficios en Occidente. ¿Qué diferencia tiene esto con que unos señores disparen y maten a 10 a 15 a 20 o a 100 personas? Aquellas acciones están matando a decenas de miles de personas, lentamente, a la vista y paciencia de todos.

¿Cuál es la diferencia, dónde hay mayor maldad: en una agresión brutal del terrorismo frente a personas inocentes o en una brutal acción financiera conscientemente planeada para producir la ruina, la miseria, la pobreza extrema que va a conducir a la muerte a millones de personas? Yo lo tengo muy claro. O, mejor dicho, cada vez lo tengo más claro. Es aquí donde hay que diseñar las verdaderas acciones judiciales y políticas del futuro. No puede haber otro camino diferente al de la búsqueda de las verdaderas causas y su solución; si no, estamos mintiéndonos a nosotros mismos.

Es una pura falsedad y, entonces, claro que pueden ser crímenes de lesa humanidad. Y aún hoy día, si sabemos interpretar las normas que tenemos con una visión finalista también se pueden calificar esos delitos de esa forma. Es verdad que el Estatuto de Roma no los prevé, pero realmente no los prevé pero porque no se atrevieron a preverlos. Pero hay otras instancias. Hay otras estructuras regionales, como, por ejemplo, la Unasur. Hay una iniciativa de constituir una corte internacional en Unasur precisamente para investigar este tipo de crímenes.

Son crímenes transnacionales, son crímenes masivos, son crímenes ideados en forma consciente, porque saben que el resultado se va producir. Como el caso de las acciones preferentes que en España ha llevado a decenas miles de personas a la ruina. Era evidente que ese tipo de proyectos bancarios no iba a producir la posibilidad de reintegro y de esa manera aconteció lo que ha acontecido. Y ahora, sólo con inyecciones multimillonarias del estado o de la UE, estamos consiguiendo paliar el daño y que algunos ahorradores se recuperen. Pero ojo, ha sido porque el Estado lo está pagando y eso no puede quedar impune.

–Esos delitos, una vez declarados como tales, ¿cómo podrían ser castigados?
–Se están investigando estos crímenes económicos, pero la gravedad de los mismos es tan desproporcionada a la pena que ahora mismo tienen que resulta grotesco. El sistema penal, desgraciadamente, está diseñado para los pequeños delincuentes y para aquellos que aparentemente causan la inseguridad en los ciudadanos.

Y, sin embargo, los ciudadanos, muchas veces, no se dan cuenta de que producen más daño los que llevan corbata y cuello de camisa bien limpio y trajes Armani que las personas que viven en la calle, pidiendo o durmiendo porque no tienen dónde estar. A mí me dan más miedo los primeros que los segundos. La actitud de los segundos es previsible: la supervivencia. Si hubiera un sistema más equitativo estarían trabajando o disfrutando del sistema que los acoge y, en todo caso estarían en condiciones dignas.

Los segundos, son los que actúan a ciencia y conciencia sabiendo que están haciéndolo mal y cada vez más en forma insidiosa para que no mejore la situación. No tratan de que eso cambie; de que esa miseria desaparezca. Tratan de obtener más beneficio y proteger mucho más el capital. Esta acción, sabiendo que va a producir esos resultados o que no evita esa situación pudiendo hacerlo si hubiese una mejor distribución, para mí, es claramente delictiva. Pero va a tener que pasar el tiempo para conseguir, insisto, que el sistema no sólo persiga, sino que deje de apoyar estas opciones que aparecen como legales en las mayores de los casos.

–Caído el muro de Berlín, ¿es el propio sistema el límite o el principal enemigo del sistema? ¿Es posible remediar esa encrucijada?
–¿El sistema enemigo del sistema? Depende lo que entendamos por el sistema. Si decimos que el sistema capitalista es enemigo del propio sistema capitalista puede ser cierto pero a la vez puede ser también el arma para acabar consigo mismo. Sin lugar a dudas. Es decir, yo he calificado antes la situación actual como capitalismo totalitario, capitalismo salvaje. Aquí no hay diferencia ya entre unos y entre otros.

Hay que empezar ya claramente a definir y a establecer como mínimos éticos los derechos económicos, sociales y culturales. Hay que exigir responsabilidad social corporativa a las empresas; hay que establecer cláusulas humanitarias para aquellas empresas que no cumplan con los principios y estándares básicos del derecho internacional.

Ese es o debe ser el sistema. Si por sistema entendemos a la Declaración Universal de Derechos Humanos con distintos instrumentos que amplían cada vez más los derechos y la percepción de los mismos, debería acabar con las excrecencias y la degeneración del sistema que impide su aplicación. Lo que ocurre es que falta la voluntad política. La política está controlada por la economía; pero no por la economía como teoría sino por el poder económico de las corporaciones.

Yo recuerdo que José Saramago decía que el último presidente de los Estados Unidos había sido Bill Clinton, porque después de él gobernaban las corporaciones. Pero yo soy incluso más drástico. Las corporaciones dominaban incluso cuando estaba Clinton. Al final de su mandato indultó a muchos de sus donantes. Es verdad que había ciertas percepciones de diferencia, pero al fin y al cabo, si analizamos la historia de los últimos 20 años, veremos que detrás de cada crisis hay una gran empresa; hay una gran corporación; hay un aprovechamiento económico brutal; hay grandes fortunas en paraísos fiscales; hay excusas en los propios sistemas para perseguir a los más poderos.

Porque son los que controlan el sistema. Y falta esa fuerza ética en la política. Y muchas veces ha faltado algo fundamental: el compromiso de los ciudadanos y el compromiso de la sociedad para evitar que esas agresiones se produzcan. Y no nos damos cuenta o no quieren que nos demos cuenta. Y de esa forma permitimos situaciones como, por ejemplo, en España, en la que la mayoría del Partido Popular que no llevaba ni siquiera en su programa electoral una disminución de garantías sobre la Jurisdicción Universal haya producido el mayor ataque y atentado contra ese principio que es el principio de protección de las víctimas universales frente a crímenes internacionales. Y nos quedamos insensibles.

A veces uno piensa que este derrotismo o esta dejación por parte de los ciudadanos no tiene explicación porque después de tantos golpes seguimos, y eso si es una degeneración del sistema, apoyando a los mismos. Para mí, resulta incomprensible cómo es posible que políticos corruptos, estando acreditado que lo son, se presenten nuevamente a unas elecciones y los ciudadanos los vuelvan a votar. Es algo que me ha llamado siempre la atención. ¿Cómo podemos después exigir que las cosas sean diferentes, si cuando tenemos la posibilidad de cambiarlas, no lo hacemos? Es una de las grandes contradicciones en las que la humanidad se desenvuelve.

–No sería honesto terminar esta entrevista sin hacer una referencia al prólogo que realizó para el libro Estado delincuente, de Carlos Tablante y Marcos Tarre, quienes admitieron que la escritura de ese libro era una forma de luchar contra "la dictadura de Hugo Chávez". ¿Por qué aceptó realizarlo?
–Yo no participo de la afirmación de que Venezuela fuera una dictadura de Hugo Chávez. Uno puede estar de acuerdo o no con la forma que tuvo de gobernar, pero es imposible desconocer el enorme aporte que hizo por su pueblo y por una nueva concepción de Latinoamérica. Siempre he sido partidario del diálogo como el mejor medio para la resolución de los conflictos y enfrentamientos, especialmente hoy.

En cuanto a la escritura del prólogo, fue escrito sin conocer el título del libro. Yo me hago responsable del contenido de ese prólogo. Y no creo, realmente no creo, si no se mira con ojos guiados por la mala fe, que quien lea el contenido del mismo, pueda estar en desacuerdo con él. Quizás la afirmación más arriesgada o más cuestionable por algunos es que yo afirmo que el aislamiento de un país, respecto de estructuras internacionales que combaten el crimen organizado, puede incidir en que esa actividad se apropie de espacios que propicien el fenómeno.

Siempre lo dije, desde hace más de treinta años en mis análisis del crimen organizado. Y pongo a disposición de quien lo desee mis artículos y libros al respecto. Para nada había una crítica política a un sistema ni apoyo a otro. Lo que ha sucedido después con ese prólogo es que se ha hecho un uso absoluto, malsano y manipulador por mucha gente para sacarlo de contexto. Conocía a algunas de las personas que me lo pidieron, no vi obstáculo en hacerlo tratándose de un ejercicio de reflexión sobre el crimen organizado y, desde luego, no fui yo el que le puso el título. Y ni decir tiene que va todo mi respeto hacia Venezuela, sus instituciones y su gente, claro está.

–Del mismo modo, ¿por qué apoyó la campaña en defensa del canal RCTV, un medio que promovió de manera tajante el golpe de Estado de 2002 en Venezuela?
–Yo no apoyé ninguna campaña. Eso no es verdad. Lo único que hice al respecto en 2007, en unas declaraciones después de una conferencia, fue defender la libertad de expresión. No he hecho ninguna otra objeción. Y sigo defendiendo el principio de libertad de expresión frente a quienes lo mancillan o lo violentan y frente a quienes hacen un uso desmesurado del mismo para garantizar sus inversiones económicas. Siempre me he pronunciado a favor de la libertad de expresión y a favor de la responsabilidad a la hora de informar. Tenemos derecho a esa libertad de expresión y a la información veraz: absolutamente.

Lo digo ahora y lo he dicho siempre. Yo tengo, entre mis obligaciones actuales, la defensa de WikiLeaks y de Julian Assange y no creo que pueda ser sospechoso de que no defiendo la libertad de expresión. Estoy defendiendo los intereses de una persona que está privada de libertad en una situación que, si no es por el apoyo y acogida de Ecuador, no sabríamos dónde estaría en este momento. Defiendo a alguien a quien se le está haciendo persecución política.

Entonces, adelanto esa defensa con la convicción en forma absolutamente pro bono, de que el principio de libertad de expresión, el derecho de libertad de expresión es fundamental y no puede tener cortapisas. Ahora bien, yo no he estado nunca a favor ni lo voy a estar de las corporaciones que utilizan como negocio los medios de comunicación para desarrollar y cumplir intereses propios, intereses económicos financieros que están muy alejados de la defensa de la libertad de expresión.

Por tanto, quien entre en esos parámetros me tendrá en frente. Quien use monopólicamente un medio de comunicación, o varios de ellos, para evitar una competencia y para hacer más opaca la información me va a tener en contra. Y creo que he dado muestras suficientes durante muchos años sobre este particular. En cuanto a lo demás, desde luego, yo respeto a quien discrepe, pero también tienen que asumir que cuando se acredita que hay manipulación deberían de dejar ya de mantener esa misma posición.

Derechos humanos

Del 9 al 12 de septiembre se llevará a cabo la primera edición de los Cursos de la Fundación Internacional Baltasar Garzón en Argentina (Fibgar) y la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET). Un destacado grupo de juristas de talla internacional debatirán sobre los Derechos Humanos y su estrecha vinculación con el principio de Justicia Universal y también sobre un tema de máxima actualidad: los crímenes económicos y su estrecha vinculación con la vulneración de los derechos de la mayor parte de la población mundial. Los dos cursos se celebrarán en la sede de la institución académica, Sarmiento 2037, con la dirección de Baltasar Garzón y la coordinación académica de Pablo Vassel.

Texto de www.analisisdigital.com.ar