Isabel Valencia (nombre protegido) observó que su hija Yadira ya no quería jugar con sus vecinas. La niña había  cumplido 9 años cuando dos amiguitas nuevas llegaron a su barrio en Cumbayá (nororiente de Quito).  

Yadira empezó a visitar a sus dos amigas, que siempre las acompañaba su padre.

De ello pasaron seis meses, cuando Isabel notó el cambio de actitud en su pequeña. “Pasaba de mal humor y ya no quería visitar a sus vecinas, prefería jugar sola”.

La madre pensó que era una etapa, pero un día vio que Yadira jugaba con una Barbie y notó que tocaba el pecho, que lo manoseaba. “Supe que algo iba mal”.

Isabel habló con su hija. Le costó mucho, pero lo consiguió. “Me dijo que el padre de sus amigas le acarició el pecho y los hombros, y la besó en el cuello. Quería matarlo”.

Sin dudarlo, la madre buscó asistencia psicológica. Han pasado dos años y Yadira culminó la terapia, en la que aprendió que no era culpable y que fue correcto hablar con su familia.

Sergio Estrada, psicólogo familiar, asistió a la niña y a su madre, porque ella no quiso denunciarlo en la Fiscalía. El experto opinó que el caso no pasó a un problema de mayores proporciones, porque la madre notó las señales  e identificó una potencial situación de acoso.

Sin embargo, hay otros casos en los que los progenitores no saben cómo proceder y no levantan las denuncias.

La Fiscalía General del Estado cuenta con reportes de casos de violación y acoso sexual contra niños y adolescentes.

Según la entidad, entre 2017 y mayo de 2019 se registraron 1.456 denuncias por agresiones sexuales. De este número, 803 casos de acoso sexual fueron contra menores de 18 años o personas con discapacidad y hubo 653 casos de violaciones a menores de 10 años.

Estrada reconoció que si bien las cifras son alarmantes, existe un subregistro. Es decir, hay situaciones que no se denunciaron.

 “Los casos varían. Hay familiares que no creen en lo que dicen sus hijos, hay otros que aunque crean en lo que les dicen no saben cómo presentar la denuncia y otros que tienen recelo de que sus hijos sean revictimizados”, opinó el experto.

 En Ecuador hay organizaciones civiles que enfrentan el problema y crean mecanismos para prevenir o detectar los casos de abuso sexual infantil.

 Ese es el caso de la organización Poliestudios, que emprendió una modalidad para combatir la problemática.

Verónica Jiménez, directora académica de la entidad, inventó la caja “Muñecos sexuados”.

Son cuatro muñequitos: papá, mamá, hijo e hija, que tienen sus órganos sexuales.

A través de dinámicas los niños emplean los monigotes para describir cuál es la relación que tienen con las personas de su entorno.

El set se complementa con entrevistas y actividades lúdicas, como la creación de cuentos e historias.

Cuando termina la evaluación -y si el caso alerta de un abuso sexual- personal de psicología, con los familiares, se encarga de presentar ante la Fiscalía los resultados que se derivaron para que se inicie el proceso.

Mediante esa temática en los últimos tres años se analizaron a 500 niños de entre 3 y 12 años. De este grupo, alrededor de 270 presentaron un diagnóstico de violación.

Sin embargo, solo tres casos han sido judicializados y  uno llegó a sentencia.

“Los resultados no son los esperados. No siempre hay sanción para los agresores, pero sabemos que es un paso para hablar del problema”, expresó Jiménez.

Este paquete fue creado para médicos, enfermeras, psicólogos y docentes. Para su manejo requieren una capacitación de 500 horas.

Otras organizaciones también han creado mecanismos de prevención para la familia. Esa es la labor de la Fundación Azulado, que cuenta con el paquete lúdico denominado “Mi Escudo”.

Paulina Ponce, directora de la Fundación, advirtió que es un material didáctico, con tarjetas de preguntas, respuestas, un cuento e ilustraciones, para abordar la problemática.

El primer kit es orientado en la detección de casos de abuso sexual, mientras que el segundo es enfocado en la prevención. (I)