Una bomba medio armada fue encontrada en la mesa de uno de los ocho inmuebles allanados en el operativo “Victoria 213” para detener a los supuestos implicados en los atentados en la Universidad de Guayaquil.

Seis personas fueron capturadas, entre ellas un padre y su hijo, quienes presuntamente se encargaban de dejar los artefactos en las instalaciones de la Cdla. Universitaria Salvador Allende, en el Malecón del Salado, entre las avenidas Delta y Kennedy.

La mañana del miércoles 18 de septiembre, el presidente de la República, Lenín Moreno, y la ministra de Gobierno, María Paula Romo, estuvieron en Guayaquil y se refirieron al tema.

Romo indicó que entre los aprehendidos estaban dirigentes y exdirigentes de la universidad, pero no dio más detalles porque aún no se realizaba la audiencia de formulación de cargos.

“Más allá de detener a la persona que realiza el acto concreto de poner el explosivo, como parte de la investigación, era muy importante determinar vinculaciones y motivaciones”.

Entre los detenidos también están las dos personas que se encargaban de verificar la ubicación de las cámaras de seguridad; uno de ellos era un activista político que fue expulsado de la Facultad de Comunicación Social (Facso).

Además, un ingeniero químico que ayudaba con logística y movilización; y el ciudadano que armaba los explosivos en su domicilio.

El presidente Moreno precisó que en 2019 se registraron seis explosiones en la Universidad de Guayaquil, dos de estas pasaron casi desapercibidas y otras cuatro causaron daños mayores. El último atentado ocurrió el pasado 22 de agosto.

Reacción a los cambios

El Primer Mandatario destacó que hace aproximadamente un año, el Consejo de Educación Superior delegó el rectorado de la universidad a Roberto Passailaigue por presuntas irregularidades.

“El tema es que se pudo percibir que había muchas ineficiencias y seguramente actos de corrupción”.

Agregó que debido a esto se afectaron intereses creados y hubo reacciones que al principio fueron tibias y luego subieron en nivel de peligrosidad.

“De los primeros datos que nos han llegado sería gente interesada en mantener el status quo anterior y -sin duda alguna- cierto grupo político que mientras no termine la investigación no quisiera mencionar”, expresó Moreno.

El rector del centro de estudios de educación superior, Roberto Passailaigue, también estuvo durante el pronunciamiento del Presidente.

Él calificó los resultados de esta investigación como la punta de un ovillo y enfatizó que existe delincuencia organizada al interior de la universidad.

Agregó que públicamente  denunció a jueces de la Función Judicial que “haciendo mal uso de las acciones constitucionales entran en juego con los actos de corrupción de profesores destituidos por irregularidades que son restituidos”.

Para él, la mayoría de estudiantes, docentes, trabajadores y administrativos colaboran con los cambios y un mínimo porcentaje, no, por lo que considera que está vinculado en actos de corrupción.

Yanina Villagómez, fiscal provincial de Guayas, indicó que las investigaciones empezaron en mayo pasado y que se recabaron indicios para girar boletas de captura en contra de cinco implicados. La otra persona fue detenida en delito flagrante.

La funcionaria manifestó que el tipo penal es terrorismo, delito contemplado en el artículo 366 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). La sanción es de 10 a 13 años.

En los allanamientos se encontraron cápsulas detonantes no eléctricas, fragmentos de mecha lenta, taco de dinamita en gel, granada de mano, entre otras evidencias. (I)