Operativos controlan informalidad en guardianía
La precarización laboral de los celadores privados del país fue analizada este último viernes por el ministro de Trabajo, Raúl Ledesma Huerta, y los representantes de la Asociación Nacional de Empresas de Seguridad Integral e Investigación (Anesi), capítulo Guayas.
El abogado Ricardo Vanegas Cortázar, presidente de la Anesi provincial, pidió una lucha frontal contra el funcionamiento de compañías de seguridad que no cuentan con los permisos para operar y que debido a esto incumplen con el pago del sueldo básico ($ 354) y de las horas extras. “Un guardia privado debe ganar con horas extras alrededor de $ 650 a $ 700 al mes, pero eso se incumple en las empresas que están en la informalidad”.
Vanegas recordó que legalmente el servicio mensual de guardianía privada que incluye 3 turnos diarios cuesta $ 3.240, pero incluso en los entes privados se está pagando $ 2.400. “De octubre de 2016 a abril de este año, los entes estatales que contrataron empresas de seguridad pagaron menos de lo estipulado por el servicio, lo cual condujo a la suspensión de 96 compañías de celadores por parte del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop)”.
Además, el presidente provincial de Anesi reveló que durante la reunión se le pidió al Gobierno que mediante decreto ejecutivo se obligue a las empresas privadas a pagar los mismos valores que se tiene estipulado para el sector público.
Inicio de operativos
El ministro Ledesma les tomó la palabra a los representantes de las empresas de seguridad y anunció el inicio de operativos de control para verificar que se esté cumpliendo con el pago de sueldos y horas extras a los celadores.
La autoridad expresó también que en los próximos días se reunirá con los representantes del Ministerio del Interior y de la Policía para determinar cuántas compañías de seguridad están funcionando al margen de la ley. (I)
