Un sigiloso seguimiento de agentes de la Dirección General de Inteligencia y de Antinarcóticos de la Policía reveló una supuesta estructura de abastecimiento de material bélico para el Frente Óliver Sinisterra, encabezado por Walter Arizala, alias “Guacho”.

Las primeras sospechas cayeron contra miembros de la Fuerza Pública. El testimonio de Washington, un testigo protegido en Colombia, involucró a uniformados ecuatorianos en el abastecimiento de armas y municiones para la narcoguerrilla.

Independientemente de esta versión, los investigadores seguían el rastro del Frente Óliver Sinisterra y de sus proveedores.

La Fiscalía General del Estado y una jueza en Quito, cuyo nombre se mantiene en reserva por seguridad, ordenaron vigilancias, seguimientos, tomas fotográficas y grabaciones de audio y video de los sospechosos en seis provincias del país.

Este material sirvió para determinar que Zobeida Q., una mujer de mediana edad y que vive en Esmeraldas, era el principal contacto del Frente Óliver Sinisterra para la compra de los pertrechos.

La mujer armó una red con miembros activos de las Fuerzas Armadas que por sus funciones podían acceder a los rastrillos a escala nacional sin problemas y también borrar el arsenal faltante de los registros informáticos.

El primer golpe a esta banda se dio en julio pasado en Borbón. Los agentes encontraron escondidos balas y explosivos en un negocio de este pequeño poblado.

En total se decomisaron 275 cartuchos calibre 16, 146 cartuchos calibre 38 largo, 150 cartuchos calibre 38 corto. Además, de 1.000 fulminantes, 21 libras de perdigones, 180 fulminantes para dinamita, 60 tacos de dinamita, 6 metros de mecha lenta, 20 gramos de pólvora.

Dos meses después una pista reveló los primeros nexos militares. El 1 de septiembre, el soldado David C. sacó del Fuerte Militar “Cabo Minacho” en Loja, tres maletas llenas de balas.

El militar tomó un bus de la Cooperativa Viajeros con dirección a Cuenca, pero en el trayecto los policías montaron un control vial para detenerlo. Allí se verificó que llevaba 5.040 municiones calibre 5.56 mm, usadas para fusiles y ametralladoras.

Un mes después y al otro extremo del país fue atrapado otro eslabón de esta red. Ocurrió el 7 de octubre último, cuando los policías frenaron el avance de un taxi en la carretera a Quinindé.

En su cajuela encontraron dos quintales de arroz, que escondían 2.500 balas, calibre 9mm. En esa acción cinco personas fueron detenidas.

La investigación siguió y se determinó que existía una presunta manipulación del sistema de inventarios logísticos de las Fuerzas Armadas.

Los militares en servicio activo se encargaban del acopio de material bélico de cuarteles del país y luego un funcionario público del Ejército, con rango de Analista 2, les ayudaba a borrar los registros del sistema informático.

El operativo en seis provincias

La suma de estas evidencias y los trabajos de Inteligencia desencadenaron el denominado Operativo “Camaleón” que arrancó en la madrugada de este miércoles 17 de octubre y todavía se ejecuta a escala nacional.

Esta operación se realizó en forma simultánea en seis provincias, allanando cuarteles militares, domicilios y oficinas. Hasta el cierre de esta edición se notificó la detención de 14 personas, entre ellas militares activos.

Por ejemplo, en la capital fueron allanadas oficinas ubicadas en la sede militar de La Recoleta. Allí funcionan las comandancias de las tres ramas de las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Defensa Nacional. También en el Batallón 68 del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, ubicado en Sangolquí.

En Loja se allanaron los fuertes militares Cabo Minacho y General Iturralde. Mientras que en Esmeraldas, el Batallón de Infantería de la ciudad de San Lorenzo.

El comandante del Ejército, general Roque Moreira, anunció que la institución armada dará todas las facilidades a las autoridades encargadas de la investigación.   

En una conferencia de prensa desde la Comandancia de la Fuerza Terrestre en Quito, el general Moreira recalcó que existen reglamentos y procedimientos para el manejo de las municiones en las unidades militares de todo el país. “Nos duele lo que está sucediendo, seremos totalmente transparentes y brindaremos el apoyo para las autoridades competentes a cargo de la investigación”, enfatizó el Jefe militar.

Moreira pidió comprensión por no responder las preguntas de los periodistas, pero aclaró que este es un proceso que está en investigación y es reservado.

Lo mismo explicó la ministra del Interior, María Paula Romo, pocas horas antes. Ella coordinó un conversatorio con comunicadores para hablar sobre el crimen de tres personas ocurrido en Posorja, pero tuvo que hablar de la ejecución del Operativo Camaleón.

La funcionaria recalcó que la investigación no terminó con las detenciones de este jueves 17 de octubre; aseveró que existen más sospechosos y que en las próximas horas darían más información sobre el operativo.

La búsqueda de “Guacho” sigue

El juicio contra 27 miembros del Frente Óliver Sinisterra por delincuencia organizada y terrorismo se reactivará en noviembre próximo.

El juez de San Lorenzo, Óscar Corozo, dispuso que la primera semana de ese mes se cumpla con la siguiente fase de la audiencia preparatoria de juicio y los abogados de los acusados se defiendan.

El pasado lunes, el fiscal de la Unidad Nacional de Investigación contra la Delincuencia Organizada Transnacional, Wilson Toainga, ratificó la acusación contra los 27 sospechosos, entre ellos, Walter Arizala, más conocido como “Guacho”.

Él y sus hombres son acusados de organizar y ejecutar el atentado en el destacamento de Policía de San Lorenzo; la detonación en el retén de la Marina en Borbón; de los ataques a patrullas militares y policías en El Pan.

Además son responsables del asesinato de cuatro infantes de la Fuerza Naval en Mataje y del secuestro y acribillamiento de los periodistas Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra; como también del crimen de Óscar Villacís y Katty Velasco.

Este no es el único proceso penal en contra de Guacho, quien aún no es detenido. También está implicado en el expediente por el atentado a las torres de electricidad cerca de Quinindé.

Esta fue la última acción violenta del Frente Óliver Sinisterra en el norte del país. Desde abril pasado, las fuerzas armadas de Colombia y Ecuador buscan a “Guacho” y a sus hombres. Desde el vecino del norte se informó que el cerco hacia él cada vez se achica y más hombres de su confianza han sido detenidos.

El último apresado por las Fuerzas Armadas colombianas fue un hombre conocido con el alias de “El Barbas”. Él supuestamente habría sido el encargado de filmar el video de los periodistas de El Comercio, secuestrados en Mataje en marzo pasado.  Esta fue una de las pruebas de vida que se entregó a las autoridades y familiares para exigir su liberación.

El detenido aseguró que la grabación de los reporteros fue realizada en una casa en el poblado colombiano de Los Cocos, ubicado en la frontera con nuestro país. (I)