La constructora brasileña Odebrecht admitió que corrompió a funcionarios de 12 gobiernos de América Latina y África durante años y décadas. Ahora, a cuatro años del inicio de la Operación Lava Jato en Brasil que se expandió como un tsunami en la política regional, incluido Ecuador, la gigante busca relanzarse como líder en infraestructuras y promete nuevas prácticas de transparencia.

Olga Pontes, directora de Conformidad regulatoria de la empresa brasileña, en una entrevista concedida a EL TELÉGRAFO explica la nueva era de la compañía.

En la sala donde recibe a los periodistas hay una foto del papa Benedicto XVI y otra de Francisco, muestran las diferencias de sus vestimentas, la ostentación del trono y los zapatos púrpuras del alemán y la simpleza con que exhibe su papado el argentino.

Pontes detalla que la firma no quiere dejar de operar en ningún país y para ello un equipo jurídico trazó nuevas líneas de acción.

“No dejaremos de trabajar en África, en Angola por ejemplo. También hay acuerdos con Panamá, República Dominicana, Ecuador, Brasil, Guatemala, Suiza, Estados Unidos. Faltan Argentina, Perú y Venezuela. Hay países que no tienen un herramienta legal que permita cerrar un convenio”, mencionó la directora.

Igualmente se crearon restricciones a las donaciones. La caja irregular que mantenía la empresa para obtener licitaciones a cambio de aportes económicos en las campañas electorales llevó al Congreso de Brasil a suspender las donaciones empresariales para candidatos. Pero Odebrecht hará donaciones electorales en países donde se pueda.

“Vamos a donar donde la ley lo permita pero creamos condiciones: tiene que ser demandado por el presidente de la empresa y aprobado por el candidato o partido político beneficiario. No será como antes, que cualquier funcionario negociaba las donaciones”.

La empresa que admitió sobornos funciona -y la pena aliviada de su heredero Marcelo Odebrecht, hoy detenido- gracias a un acuerdo de lenidad y una multa de $ 3.500 millones pagada en Brasil, Estados Unidos y Suiza.

Este acuerdo también incluye que hasta 2019 trabajarán en sus oficinas de San Pablo, un representante del Ministerio Público de Brasil y otro del Ministerio de Justicia de Estados Unidos, que revisarán las cuentas, el software y el comportamiento de sus empleados. “Ellos monitorean todos los gastos que se hacen en la empresa”, afirma Pontes, quien aclara que su función es hablar sobre el presente y futuro de la compañía.

Al menos 78 exejecutivos -incluido Marcelo Odebrecht, condenado a 19 años de cárcel- confesaron delitos. La empresa decidió que la gestión será profesional y no tendrá a miembros de la familia.

Pontes afirma que renace una nueva Odebrecht tras Lava Jato y que la compañía está en un proceso de transformación. (I)