Desde el 10 de agosto de 2014, fecha que entró en vigencia el Código Orgánico Integral Penal (COIP), en la provincia fronteriza de Carchi se registraron 14 casos de transporte no autorizado o ilegal de hidrocarburos, que implica la detención y procesamiento judicial de 10 ecuatorianos y 4 colombianos.

De ese total, 2 fueron declarados inocentes, a 3 se los condenó a penas a 1 año o menos y 9 fueron sentenciados a 5 años de reclusión, de quienes uno fue indultado (Fabio Guzmán) el sábado pasado por el presidente de la República, Rafael Correa, quien salió libre el lunes pasado.

Cumpliendo 5 años de cárcel se encuentran 8 personas, por el delito de contrabando de hidrocarburos en la provincia de Carchi, en la frontera con Colombia.

Es el indulto en favor de Fabio Guzmán que ahora abriga la esperanza para los familiares del resto de encarcelados, quienes también esperan que solucionen la situación de cada uno de ellos.

Según la ministra de Justicia, Ledy Zúñiga, el caso de Guzmán fue un ejemplo que permitirá hacer una revisión de los demás casos que pudieron generarse dentro del sistema penal, al igual que se prepara la reforma relacionada al contrabando de hidrocarburos del COIP.

“Creemos importante recalcar que el contrabando no ha dejado de ser un delito, lo que plantearemos es una reforma en cuanto a la proporcionalidad de la sanción”, aclaró (ver subnota).

En tanto, se revisará uno por uno el estatus jurídico de los casos de contrabando de combustibles para ver si podrían beneficiarse del indulto. Esto, mientras se genera la reforma al COIP, pues al momento la ley establece dos figuras jurídicas distintas: una cuando el contrabando es en una provincia interna y otra cuando se realiza en una provincia fronteriza.

El error estuvo en disgregar los artículos del COIP

Pedro Velasco, director provincial del Consejo de la Judicatura en Carchi, dijo que se halló un error en la norma jurídica. Indicó que se quiso limitar el contrabando y al tratar de hacerlo se realizó la disgregación de los artículos 264 y 265 del COIP: el primero establece penas de 1 a 3 años cuando el delito se comete dentro del país y el segundo, determina penas de 5 a 7 años cuando se lo comete en provincias fronterizas.

Uno de esos casos es el que cuenta Flor Alba Arciniegas, moradora de la parroquia Julio Andrade, en Tulcán. Ella contó que a su cuñado lo detuvieron con apenas 2 canecas de combustible, quien justamente hoy cumple un año de cárcel de los 5 a los que fue sentenciado, acusado por delito de contrabando de hidrocarburos.

Arciniegas recordó que su pariente se movilizaba desde la mencionada parroquia hacia la ciudad de Tulcán llevando las canecas con gasolina para lavar repuestos en un taller mecánico. Sin embargo, a la altura del Control Sur, en la entrada a la urbe, la Policía lo detuvo y posteriormente lo acusaron del delito de contrabando. El implicado apenas tenía dos meses con la licencia de manejo y tramitaba papeles para ingresar a la Policía. Todo ello se le truncó hace un año.

De nada sirvió que durante el juicio su abogado presentara facturas de repuestos, facturas de la gasolina y testigos de la mecánica.

Arciniegas contó que no se logró nada y que fue sentenciado a 5 años de cárcel. Pese a que se apeló por 4 ocasiones, en todas las instancias se ratificó la misma sentencia.

Tal como sucedió con el caso de Fabio Guzmán, quien obtuvo la libertad por el indulto presidencial y que ya logró reencontrarse con su familia la mañana del pasado martes, Arciniegas dijo que no descansarán hasta que se revea el caso para que su cuñado salga libre.

“El presidente (Correa) manifestó que se debía ayudar a los pobres, pedimos entonces que nos ayude a todos y se vea lo de la proporción (del delito con respecto a la pena)”, señaló.

Incluso, contó que lo de la proporción de la pena con el delito se aplica en unos casos y en otros no. Citó como ejemplo el caso de un detenido por 4 canecas de gasolina a quien le aplicaron la proporción y lo sentenciaron a 3 meses y 10 días de cárcel, mientras que a su cuñado le negaron aquello.

En estos días, en las afueras del Centro de Rehabilitación Social de Tulcán, familiares de otros sentenciados por la misma causa hacen vigilias con carteles pidiendo que los ayuden.

Velasco destacó el hecho de haber reconocido la libertad de una persona (Guzmán) por una cantidad mínima de combustible. Sin embargo, aclaró que los jueces no tienen la culpa sino que deben aplicar el Código Orgánico Integral Penal.

De presentarse nuevos casos de contrabando de hidrocarburos se continuará aplicando la ley. “Los jueces no pueden cambiar su forma de proceder mientras no haya un cambio de la misma”, dijo Velasco.

En cuanto a los vehículos usados para el cometimiento del delito, la ley determina que serán decomisados y una vez decretado el comiso serán puestos a órdenes de la autoridad competente; en tema de hidrocarburos en manos de Petroecuador y si son usados en contrabando de otro tipo de mercancías a órdenes del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae).

Según el director provincial del Consejo de la Judicatura en Carchi, desde la vigencia del COIP se frenó en un alto porcentaje el contrabando de hidrocarburos. Antes de esta normativa hubo casos en que los juzgados se congestionaban por dictar sentencias, pero las penas eran bajas y proporcionales que podían someterse a procedimientos abreviados, es decir, se podía convenir legalmente entre fiscal y las personas que cometió el delito a penas de 15 días, 1 mes y hasta 2 meses. (I)

Datos

En el Centro de Rehabilitación Social de Tulcán hay una población carcelaria masculina de 400 privados de la libertad, según datos del Ministerio de Justicia.

Pedro Velasco, director provincial del Consejo de la Judicatura en Carchi, confirmó que tras la vigencia del COIP, el 10 de agosto de 2014, se conocen 14 casos de transporte no autorizado de hidrocarburos.

De los 14 implicados en el contrabando de combustibles, 4 son colombianos y 10 ecuatorianos: 2 fueron declarados inocentes, 3 condenados a 1 año o menos de prisión y 9 sentenciados a 5 años de cárcel.

Ministerio de Justicia revisa uno por uno el estatus jurídico de los casos de condenados por contrabando de combustible para ver si podrían beneficiarse del indulto. (I)

A escala nacional hay 39 implicados

El Ministerio de Justicia propone aplicar escala

El Ministerio de Justicia levanta información para saber qué otros detenidos están en el mismo caso de Fabio Guzmán, es decir que hayan sido sentenciados por una cantidad pequeña de contrabando de combustible.

La idea es determinar la situación procesal de las personas antes de tomar una decisión. “Primero, nos aseguraremos que no sean reincidentes y verificaremos su comportamiento dentro del centro, las cantidades por las que fueron sancionados y que no tengan otras causas pendientes”, señaló ayer a EL TELÉGRAFO la ministra Ledy Zúñiga.

Una vez realizado el análisis se verá si aplica un beneficio penitenciario que no necesariamente sería el indulto, ya que podrían acogerse a una prelibertad, pero una vez que se haga el análisis respectivo, caso por caso.

Zúñiga aclaró que el contrabando es un delito que debe ser sancionado, pues “no podemos generar impunidad”.

El indulto presidencial es solo uno de los beneficios, pero hay otros a los que se podrían acoger. A escala nacional hay 39 personas detenidas y sentenciadas por contrabando menor de combustibles, incluidos los de Carchi. Todos estos expedientes serán revisados para determinar si aplica alguno de los beneficios anotados. “Por lo que vemos, es importante plantear un tema de proporcionalidad de la pena en la responsabilidad del infractor. Estamos preparando un proyecto de reforma que podría, por ejemplo, plantear penas según escalas: dependiendo de la cantidad se aplicará la sanción. Estamos analizando las circunstancias del delito, una reforma que sin dejar de sancionar pueda tener una respuesta adecuada dentro de la tipificación penal”, añadió.

Para la ministra, lo importante de la ley es que debe dar las herramientas a los operadores de justicia para aplicarlas de buena manera, “lastimosamente con una pena de 5 años, incluso tomando en cuenta atenuantes, sigue siendo alta cuando se trata de pequeñas cantidades”. Con escalas, en ciertos casos se aplicaría un proceso directo que permita que los implicados tengan, en menos de un mes, resuelta su situación legal, incluso el proceso abreviado que facilita tramitar los juicios ágilmente. (I)