10 ciudadanos, integrantes de una banda delictiva, que contaban con apoyo de dos militares y un policía, fueron detenidos este jueves tras operativos de control.

Esto fue el resultado del operativo 'Objetivo 25', que desarticuló la organización conformada por ecuatorianos y liderada por servidores públicos.

El personal de Subdirección de Inteligencia Antidelicuencial (SIA-UIAD), el Grupo de Intervención y Rescate (GIR), Criminalística, la Dirección General de Inteligencia (DGI), Sala de Inteligencia Técnica Electrónica (SICOM) y Unidad Técnica Móvil Avanzada (UTMA) y Fiscalía colaboraron en la operación.

De acuerdo con información difundida por el Ministerio del Interior, la organización se apoyó de la información que tenían sus líderes, dos militares en servicio activo de la rama de Inteligencia Militar, para obtener información sobre lugares con grandes cantidades de dinero (caletas), armas de fuego, mercaderías y metales preciosos (oro).

Según las investigaciones, su centro de operación se encontraba en la Zona 7, subzona El Oro, Distrito Huaquillas, por su proximidad fronteriza con el vecino país de Perú. Una vez confirmada la información dotaban a sus colaboradores de medios técnicos y recursos logísticos del Fuerte Militar Arenillas (uniformes militares, armas de fuego de largo alcance, equipos electrónicos especiales) para ejecutar sus actos.

Además, contaban con el apoyo de un policía en servicio activo, quien era el encargado de transmitir información a la banda sobre los distintivos operativos que se iban a realizar en la ciudad.

Además de los detenidos, se allanaron 13 inmuebles: tres en la Zona 2, Subzona Napo; uno en la Zona 6, Subzona Azuay; ocho en la Zona 7, Subzona El Oro; y, uno en la Zona 9, Distrito Metropolitano de Quito (DMQ), donde se incautaron armas de fuego, entre otras evidencias.

Las evidencias fueron ingresadas al Centro de Almacenamiento de Indicios y Evidencias de la Policía Judicial de Huaquillas.

Ante esta situación, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas emitió un comunicado con el cual confirmó que los militares pertenecían al servicio activo.

En esa línea, la institución aseguró que se trató de un “caso aislado” que está en manos de la justicia ordinaria, la cual determinará las sanciones correspondientes.

“La institución lamenta sobremanera lo sucedido y recalca su compromiso de brindar todas las facilidades y el apoyo necesario al sistema de justicia y la Fiscalía durante el proceso de investigación”, señaló el comunicado. (I)