Un año ha transcurrido desde que una joven fue víctima de ciberbullying en la provincia de Tungurahua. Pese a que su madre entabló la denuncia en la Fiscalía, no se ha realizado la audiencia.

Los estudiantes que circularon unas fotos no fueron sancionados, mientras que la víctima tuvo que cambiarse de centro educativo para evitar el acoso, según relató su madre, quien solicitó la reserva de su identidad.

Una de las tantas preocupaciones que tienen los familiares de los niños, niñas y adolescentes que sufren de acoso escolar es que no se tomen correctivos necesarios y a tiempo. Para los afectados, el problema radica dentro de los mismos centros educativos al no dar paso a las denuncias.

En el caso de la joven víctima de ciberacoso, en el colegio donde estudiaba argumentaron que “no se podía poner en riesgo a la institución educativa por el tema del prestigio”.

María Fernanda Porras, subsecretaria para la Innovación Educativa y el Buen Vivir del Ministerio de Educación, señaló que todos los casos que se detectan en el sistema educativo deben ser reportados o informados. Dijo que para ello el ministerio cuenta con ejes de trabajo, entre los que consta el transparentar las cifras, sancionar como lo establece la normativa y trabajar en la prevención con docentes, con el Departamento de Consejería Estudiantil (DECE), padres, madres y alumnos.

A pesar de que el bullying y el ciberbullying no están tipificados en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), en otras normativas sí se contemplan sanciones para los causantes, pero no se cumplen.

El proceso se inicia con la detección del problema. Cuando un niño, niña o adolescente sufre acoso escolar, lo primero es reportar a través de un informe la situación de la víctima, la cual será analizada por las autoridades. De allí se determinará el nivel de sanción que se debe aplicar a los acosadores.

“Como son eventos que ocurren en las instituciones educativas, independientemente del procedimiento jurídico y penal, nosotros realizamos un procedimiento administrativo y ahí es donde se establecen estas medidas de sanción, pero también de protección”, aclaró Porras.

La Constitución y el Código de la Niñez y Adolescencia establecen el derecho que tienen los niños y niñas a la integridad física y emocional.

Con respecto al tema de acoso escolar, en la Ley Orgánica de Educación Intercultural, en el Artículo 134, literal c, que se refiere al Régimen Disciplinario de las y los Estudiantes, se consideran como faltas: “Cometer actos de violencia de hecho o de palabra contra cualquier miembro de la comunidad educativa, autoridades, ciudadanos y colectivos sociales”.

Las faltas pueden ser leves, graves y muy graves. En la misma normativa estipula las sanciones que van desde la  amonestación y la  suspensión temporal de su asistencia a la institución, hasta la separación definitiva de la misma.

De acuerdo a la Subsecretaría para la Innovación Educativa y el Buen Vivir, la suspensión puede ser de 15 o 30 días. Pero la más grave es el cambio de institución educativa, para garantizar el derecho a la educación del victimario.

Las sanciones las establece el mismo centro educativo donde surgió el problema. Mientras que si se trata de una falta muy grave, la Junta Distrital de Resolución de Conflictos es el ente sancionador. En caso de que se trate de un delito, la denuncia se la hace en la Fiscalía. Es un delito cuando se trata de violencia física y el informe médico establece que la víctima posee más de tres días de incapacidad.

Para Porras, son necesarias las medidas de reparación: consisten en acompañamiento psicológico, social y pedagógico a los estudiantes involucrados, sea víctima o agresor.

Dentro de la normativa están las fases de detección, intervención, derivación y seguimiento, que son conocidas por los profesionales de los DECE y los docentes. De allí que toda situación de violencia debe ser detectada y denunciada.

Porras resaltó que es necesario trabajar con los espectadores o estudiantes que conocen sobre las situaciones de violencia que viven sus compañeros, que se generan al interior del centro educativo y que no las denuncian muchas de las veces por miedo.

Según expertos y autoridades, la violencia, en la mayoría de casos, nace en los propios hogares, con lo que ven y escuchan los niños y niñas. “Lo que se hace en los colegios es expresar las formas de relacionarse, lo que vivimos en el ámbito comunitario. La escuela por sí sola no va a resolver un problema estructural, requerimos del apoyo de la familia, de la comunidad”,  finalizó Porras. (I)